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Con cuatro votos a favor y uno discordante, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió confirmar el fallo que absolvió al policía retirado Ricardo Zabala de su responsabilidad en el homicidio del maestro y periodista Julio Castro, ocurrido durante la dictadura (1973-1985).
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Zabala había sido procesado con prisión en 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini —a pedido de la fiscal Mirtha Guianze— como “cómplice” por el “homicidio muy especialmente agravado” de Castro.
Zabala reconoció haber participado en la detención de Castro y su traslado al centro de reclusión conocido como “la casona de Millán”.
En mayo de 2014 el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno —integrado por los jueces Jorge Catenaccio, Ángel Cal y Luis Charles— revocó la sentencia de primera instancia y dispuso la libertad de Zabala por entender que únicamente cumplió ordenes el día de la detención de Castro, actuando bajo la figura de la “obediencia debida”, y encausó en su lugar al militar retirado José Nino Gavazzo.
La fiscal María de los Ángeles Camiño presentó un recurso de casación ante la SCJ contra la decisión del Tribunal.
En su fallo la Corte rechazó el recurso y confirmó la absolución de Zabala. El ministro Ricardo Pérez Manrique fue el único que se pronunció a favor de revocar el fallo absolutorio. Según dijo ayer miércoles a “El Observador”, en su opinión existen “elementos de sobra” para sostener la culpabilidad de Zabala.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se había pronunciado en setiembre del año pasado a favor de la casación, cuestionando que el personal subalterno alegue “obediencia debida” en actos notoriamente criminales. Para Díaz, la “obediencia debida” que alega el tribunal “no es admitida en el ámbito de los delitos contra la humanidad”.
Caso.
El homicidio de Castro, secuestrado y asesinado en 1977, es emblemático para las organizaciones de derechos humanos. Sus restos fueron hallados en un predio del Ejército en octubre de 2011 con signos de haber sido ejecutado de un disparo en la cabeza.
Este hallazgo confirmó que hubo ejecuciones durante la dictadura y que no todas las muertes ocurrieron como consecuencia de excesos en la tortura en busca de información. También puso en cuestión la veracidad de la llamada “Operación zanahoria”, según la cual los restos habían sido desenterrados, incinerados y volcados a un curso de agua al final de la dictadura.