Traslado de varias fiscalías a una nueva sede originó una “situación compleja” en el sistema de justicia

Además de investigar, en las distintas sedes del Ministerio Público es donde los fiscales realizan la indagatoria previa de los detenidos antes de trasladarlos a los juzgados. También allí se da la primera instancia en la que los abogados de los detenidos, tanto públicos como privados, toman conocimiento de la carpeta investigativa, el delito del que se los pretende imputar, las pruebas que existen, se reúnen con sus representados y pueden incluso negociar los acuerdos abreviados.

El comunicado, que rechaza la resolución de Fiscalía, también cuestiona que se trató de un “cambio unilateral” del sistema de trabajo, llevado adelante “sin previo aviso ni coordinación institucional”.

Tensión interna

La decisión de Ferrero había sido previamente cuestionada en la interna por los fiscales de estupefacientes y de homicidios, quienes suelen tener muchas investigaciones en conjunto y se ven afectados porque el cambio implica que dejan de trabajar en el mismo lugar. La fiscal de Corte subrogante, sin embargo, mantuvo el traslado.

Luego se sumó la molestia de los defensores, que la expusieron de forma pública, y fueron habilitados por la Suprema Corte de Justicia a dejar de concurrir, a través de un mandato verbal, donde les transmitieron que la Fiscalía deberá garantizar las condiciones que permitan que trabajen con la confidencialidad y la seguridad necesarias para prestar el servicio.

Frente a esa definición, la Fiscalía definió que de forma temporal —hasta que terminen las adecuaciones del edificio en la sede de 25 de Mayo— los fiscales vuelvan a trabajar en la sede de Cerrito.

Un día después, en la tarde del viernes 31 de julio, la Asociación de Magistrados Fiscales convocó a los medios de comunicación y emitió un comunicado en el que se negó a hacerlo. Fundó su postura en que la Fiscalía de Homicidios “fue trasladada de la sede de Cerrito precisamente por razones de seguridad”. Los fiscales comunicaron que “no realizarán tareas en una sede que no ofrece condiciones adecuadas de seguridad”. Por tanto, definieron que las entrevistas con los imputados las mantendrían directamente en la Oficina Penal Centralizada (Opec), en la calle Juan Carlos Gómez, donde están los juzgados penales, antes de realizar las audiencias.

En el escrito plantearon su “enorme preocupación” por “la continuidad de los procesos penales, la adecuada prestación del servicio de justicia y la seguridad de todos los operadores del sistema”.

En el mismo sentido, el comunicado de los defensores señala que advierten con preocupación “que la persistencia de esta situación y las medidas gremiales adoptadas como consecuencia de ella pueden repercutir en la prestación del servicio, en el cumplimiento de los plazos constitucionales y, en definitiva, en las garantías de las personas imputadas”.

Señalan que la decisión de Ferrero “alteró el servicio” y “continúa generando diferentes inconvenientes”, porque dejó de existir el “doble control” de dos defensores que abordan el mismo caso —uno primero en fiscalía y otro en Opec— y eso “menoscaba gravemente el derecho a contar con una defensa técnica de calidad que dé garantías a estas personas”.

Además, advierten que podrá haber retrasos o problemas con el cumplimiento de los plazos por la acumulación de trabajo en Opec, debido a que las entrevistas con los fiscales y con los defensores únicamente se hará allí, donde ya existían dificultades por la falta de policías para custodiar las salas y hacer los traslados dentro el edificio.

Para la secretaria general del gremio, Lucía Long, se trató de un “problema serio de comunicación” que “se podría haber evitado, si se informaba de las características de las salas” y de los cambios para los fines de semanas, que obligan a los defensores a trabajar en dos sedes cuando desde 2017 trabajaban solo en Cerrito. “Es una situación compleja que generó mucho malestar”, afirmó en diálogo con Búsqueda.

Fuentes de Fiscalía confirmaron a Búsqueda que “se están tomando las medidas que se pidieron por los involucrados”. En una reunión que mantuvieron con el Poder Judicial, desde el Ministerio Público transmitieron que trabajan para instalar puertas de vidrio en las salas donde se entrevistan los fiscales con los detenidos y los defensores con sus clientes.