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En las últimas semanas, se hizo público a través del programa televisivo Santo y seña un caso de violencia escalofriante que estaba siendo investigado desde hace meses por algunas organizaciones. Según las acusaciones realizadas, las veterinarias Victoria Phoyú (de Santa Lucía, en Canelones) y Alejandra Perdomo (de Pueblo Nuevo, en San José) vienen desde hace al menos dos años matando perros y gatos de gente de la zona. Les prometían realojo para los animales, les cobraban 2.500 pesos, se los llevaban y nunca más se sabía de ellos.
La ONG Trato Ético Animal, que desde febrero investigaba el caso, fue el que puso en contacto entre sí a dos mujeres que habían vivido una situación similar con la doctora Phoyú. Convencidas de que algo olía mal y dado que no había rastro de los perros que le habían encomendado a Phoyú, decidieron ir a consultar a una vidente. Fue ella quien les dijo que esos animales ya no estaban vivos y les dio indicios de dónde los podían encontrar: un campo donde veía huesos quemados, con un monte de eucaliptus al fondo. Preguntando en la zona dónde habría un terreno de esas características, llegaron a un campo en Pueblo Nuevo, a tres cuadras de la casa de la doctora Perdomo, cómplice de Phoyú. Lo que se encontraron allí es digno de un cuento de terror: decenas de bolsas de ración semienterradas, con cuerpos de perro enteros en su interior, restos de perros quemados, algunos tapados con portland que todavía estaba fresco la primera vez que llegaron al predio.
A medida que la gente de la zona se fue enterando, aparecieron más víctimas de estos engaños. Aunque muchas de ellas no se animan a denunciar, hoy son más de 50 los testimonios de personas que confiaron a estas mujeres la vida de animales que no volvieron a ver nunca más. Por si esto fuera poco, ya desde diciembre de 2022 la ONG Trato Ético Animal intentaba encontrar evidencia probatoria de varias denuncias que habían recibido por mala praxis veterinaria: castraciones al aire libre y sin anestesia, todas realizadas por Perdomo.
Si las denuncias se comprueban, seguramente la opinión pública coincidirá en repudiar el caso, por el espanto que causan la falta de escrúpulos, la crueldad extrema, la sangre fría.
Sin embargo, la ley uruguaya no prevé para casos de este tipo ninguna sanción penal. Es decir, una persona no va a la cárcel en Uruguay por cometer estos crímenes porque no constituyen delito. Phoyú y Perdomo pueden, digamos, ir presas por estafa, pero no por asesinas. Las únicas sanciones que prevé la Ley 18.471, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales (marzo de 2009), son administrativas: una multa de 1 a 500 UR, la confiscación de los animales, o la prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.
Con un poco de suerte, quizás lo terrorífico del caso sirva para darnos cuenta de en qué punto estamos como sociedad: un país que castiga más los delitos contra la propiedad privada que el derecho a la vida de otros animales.
Según la doctora Alejandra Pacífico, asesora legal del Instituto Nacional de Bienestar Animal (creado en 2020 en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), en estos dos años y medio hubo un aumento “vertiginoso” en la cantidad de denuncias por maltrato a distintas especies animales, y no disminuyen con las sanciones administrativas. Según la abogada, los casos de violencia intencional son diversos y pueden llegar hasta “mutilaciones, ahorcamiento, arrastramientos con vehículos en movimiento, golpizas, sometimiento sexual, prendidos fuego y una variedad de situaciones de crueldad extrema”. Frente a esta realidad, entienden que las sanciones establecidas por la ley no son suficientes.
Al parecer, ya hay muchos países que han tipificado el maltrato animal como delito: Reino Unido, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México, Alemania, Francia, Estados Unidos (Nueva York), Australia, Egipto, España, Italia, Austria.
Sin embargo, en Uruguay, abogados penalistas del Colegio de Abogados argumentan que no hay que crear delitos nuevos porque “las cárceles están llenas”. Y si bien es verdad que las cárceles están superpobladas, me quedo pensando en lo político de las decisiones. Por un lado, una ola de mujeres que son condenadas cuatro o cinco años a prisión por entrar con marihuana a la cárcel. Por otro, “por favor, no incorporen a quienes cometen crueldad contra animales no humanos porque genera una crisis carcelaria”. El doble rasero que deja en evidencia el lugar que les damos a otros animales.
El debate está abierto y está sangrando. Ya sería tiempo de entender como sociedad que la violencia hacia otros animales es un crimen que no se puede permitir más.
