Está a consideración del Poder Legislativo un proyecto tendiente, en definitiva, a otorgar compensaciones y cargos burocráticos a algunos ciudadanos, que se identifican, sin aportar definición, como afro-descendientes.
Está a consideración del Poder Legislativo un proyecto tendiente, en definitiva, a otorgar compensaciones y cargos burocráticos a algunos ciudadanos, que se identifican, sin aportar definición, como afro-descendientes.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl artículo 8 de la Constitución que constituye uno de los pilares del sistema de convivencia nacional dispone precisa y acertadamente que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y virtudes”. A mayor abundamiento, el artículo 9º prohíbe la fundación de mayorazgos y el otorgamiento de honores o distinciones hereditarias. Esto significa, ni más ni menos, que repugnaría a nuestro sistema reservar determinados privilegios, como la preferencia para ocupar determinados cargos públicos por razones “jus sanguini”, para cierto sector identificado de nuestra sociedad a quien se señala con un determinado origen real o imaginario.
Se trata de la consagración del principio de igualdad. El principio no se vulnera cuando la norma reconoce razonablemente una diferenciación entre sujetos. Para aportar un ejemplo grueso: no se afecta tal principio si a la trabajadora mujer se le otorga una licencia especial vinculada a la maternidad, que no se le reconoce al varón. Lo que es inconstitucional y absurdo es distinguir entre categorías de personas cuando no hay razones objetivas que lo justifiquen. Quiero decir que se puede tratar de modo especial, otorgando un beneficio singular, por ejemplo, a una persona discapacitada porque ello puede determinarse objetivamente.
El fundamento de nuestro sistema es que no puede distinguirse entre personas, que son iguales, ni corresponde beneficiar a algún individuo porque es portador de determinada carga étnica o genética, concepción que, por añadidura, tan malos antecedentes tiene en la historia de la humanidad.
Vale hacer una precisión personal y metodológica: quien aquí se pronuncia cree con su más honda convicción en la igualdad esencial de los seres humanos, que son todos ellos, con abstracción de sus rasgos genéticos, capaces de las actitudes más sublimes y, también y por desgracia, de los actos más abyectos. Para vergüenza de la humanidad, allí están las masacres del siglo pasado, desde el genocidio armenio, al principio, hasta el de Ruanda sobre el final de la centuria, con todos los increíbles, pero tristemente ciertos, episodios intermedios.
Cree, también, que la esclavitud, la que persiste en este siglo, bajo ese u otro nombre y la que se practicó en los siglos precedentes, constituye una práctica despreciable. La que se realizó sobre la base del secuestro de personas en África por parte de elementos foráneos, y muchas veces con el concurso de otros autóctonos que se sumaron a la empresa, constituyó una forma de genocidio que merece el mayor de los repudios sin que apenas pueda considerarse como atenuante la generalizada aceptación social en su época.
Pero constituye sin lugar a dudas un error encasillar a la gente para discriminarla, aunque se trate de una discriminación positiva, concebida para su supuesto beneficio, en función de su origen y de las peripecias que sufrieron sus ancestros. Si hay que ser equitativo, hagámoslo, sin distinción, con todos los que merezcan el apoyo, no incursionando en una distinción odiosa que mueva a comparar el sufrimiento del tatarabuelo de Fulano, que lo pasó muy mal, con el del abuelo de Mengano que acaso lo pasó peor.
Es cierto que el descendiente del esclavo tuvo, seguramente, que superar las rémoras de su origen social pero, entonces, el apoyo debe alcanzarlo como a otros, si lo necesita, en igualdad de condiciones, no creando distinciones, especie de ghettos inmateriales que son los peores. ¿Y en aquellos casos en que se pudieron superar las dificultades y se logró una inserción adecuada en la vida social, también habrá que favorecer al individuo por una proclama legal de malas condiciones históricas, de lastimosa factura?
El error del proyecto es que crea categorías de personas cuando debiera bregarse por un concepto de la sociedad en que exista una única categoría admisible, la de ciudadano, o mejor aún, la de simple persona, habitante de una República igualitaria.
El proyecto empieza declarando que la población afrodescendiente que ha habitado el territorio nacional ha sido históricamente víctima de la discriminación y la estigmatización. Muchas veces esto ha sido cierto y ello es, por cierto, reprobable. Y otras veces no fue así, felizmente para quien tuvo mejor suerte. ¿O es que no existen personas que han podido integrarse en la sociedad y que son objeto, como debe ser, del aprecio y la estima de sus compatriotas, con prescindencia de su origen y sin que afecte el color de su piel? Porque la discriminación constituye una suerte de tara y la xenofobia, muchas veces, más que el considerar inferior al otro, es el temor a que éste demuestre que es igual y ocupe la posición a que se aspira.
A la gente no se la mide por la concentración de melanocitos que tiene en la piel, ni se la debe encasillar sobre la base de dicho criterio. La gente vale por lo que es, no por sus características exteriores. El aporte social de los descendientes de los esclavos introducidos por la fuerza durante el período colonial es, a esta altura, patrimonio de toda la sociedad que ha sido conformada entre todos.
El proyecto bajo estudio es, además de denigrante para sus supuestos destinatarios, irracional, con prescindencia de que, quizás, pueda haber beneficiados, a quienes se los premiará reservándoles un cargo en la administración o dotándolos de una beca del Fondo de Solidaridad, al que aportan los egresados de la Universidad de la República y que nació con el propósito de otorgar becas a estudiantes que cursaran estudios superiores, sin que nadie les preguntara cuál es su origen étnico o racial.
La afirmada crítica del proyecto se funda en que:
a. No considera a las personas por su individualidad o sus valores sino en función de su inclusión en un colectivo étnico. Los encierra como parte de un grupo irredimible. Ahí están y ahí se quedarán y a cambio les vamos a otorgar algunos puestos burocráticos, reinventando un clientelismo que muchos entienden que debía superarse. Quizás, en el fondo, se especule, menospreciándolos, con que también sus opciones electorales serán uniformes.
b. Trata a un conjunto de personas con un criterio digno de ser aplicado a minusválidos, como si el origen étnico mereciera ser considerado una discapacidad.
c. No establece pautas adecuadas para distribuir el beneficio. Entonces, habrá que estar a la autodefinición del aspirante, aunque tenga cabello claro y ojos celestes. En definitiva, un descendiente de Afrikaners también es un afrodescendiente, ¿o es que se trata de utilizar un eufemismo como si pertenecer a la comunidad “negra” fuera una condición a ocultar?
d. ¿Se recurrirá al dictamen de una entidad colectiva que, naturalmente, tendrá sus autoridades con sus criterios, sus amigos, sus tendencias, sus agrupaciones y sus rivalidades? O bien, ¿se estará a las resultancias de un protocolo perverso, una suerte de baremo que permitirá incluir o excluir a una persona en un grupo racial inspirado, de pronto, en algún repugnante documento proveniente de una oficina de la Gestapo, hallado tras la derrota de Alemania en 1945? Por ejemplo, ¿se llegará a sostener que si se tiene un abuelo negro, se incluye en el reparto y si el ascendiente es de una generación anterior, ya no?
e. El proyecto determina que los organismos públicos realicen informes explicitando “las acciones afirmativas llevadas en el marco de sus cometidos en el ámbito del empleo, la educación, el deporte, la cultura, el acceso a los mecanismos de protección, poniendo especial énfasis en los componentes de género, de la tercera edad y de los niños y niñas y adolescentes y territorial en su caso”. (Caramba, a mí me alcanzaría con que la Intendencia se dedicara a explicar por qué tengo un basural al lado del contenedor, a unos metros de casa).
f. Propiciará el resentimiento de quienes se vean desplazados, aun cuando consideren que “sus talentos y virtudes” superan los del beneficiado.
g. Se reserva un 8% de los cargos. ¿De qué cargos? ¿Los técnicos de mejor remuneración o los de servicio que apenas permiten la sobrevivencia? ¿Y la Oficina Nacional del Servicio Civil se verá obligada a llevar la contabilidad de los funcionarios afrodescendientes? ¿Y los que ya accedieron al un cargo y, además, reúnan la condición legal, habilitarán a reducir la cuota? ¿Tendrá que esperar un joven aspirante el fallecimiento o jubilación de quien hubiera llegado antes que él? ¿La cuota cubierta y el color de piel no serán impedimentos para el ingreso de quien reúna las condiciones propias del cargo?
h. Luego de consagrar esta cuota, ¿por qué no, también, establecemos otra destinada a nuestros compatriotas que se digan descendientes de indígenas, o a los que son nietos de los que se salvaron del genocidio armenio, o a los valdenses cuyos ascendientes fueron objeto de persecución, o a los discriminados por su orientación sexual, o a los que no consiguen trabajo por padecer de algún vicio social, o a todos los que entran en la lista infinita de excluidos contemporáneamente o descienden de discriminados en las generaciones precedentes? ¿Por qué no terminar consagrando una cuota para los que no entran en ninguna otra y, por tanto, resultan también excluidos? Al final, ¿terminaremos estableciendo categoría de horrores diciendo que uno es menos grave que el otro? Pido excusas si lo precedente suena a sarcasmo.
i. Quizás deba rescatarse como positiva, por su contenido simbólico y programático, la exhortación contenida en el artículo 8º del proyecto, que tiende a incluir “cuando corresponda” la incorporación en los programas de estudio “del legado de las comunidades afrodescendientes, en la historia, su participación y aportes en la conformación de la nación, incluyendo el pasado de esclavitud, trata y estigmatización de las mismas”.
Yo tuve el privilegio, en mi primera adolescencia, de poder cumplir aquella condición que José Pedro Varela describía en la “Educación del Pueblo”: “los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno”. Ese es el camino, el de brindar oportunidades, sin prejuicios ni discriminaciones. Mi compañero de banco de entonces, en la escuela pública, mi amigo, mi semejante, tenía la piel oscura, la sonrisa amplia y una enorme simpatía. Hoy se dedica, entre otras cosas, al culto de la música “afro”.
Aquel recuerdo me previno para siempre contra la discriminación y la estigmatización, que desprecio. En homenaje al mismo, por respeto a los seres humanos y a su individualidad, proclamo que la iniciativa a estudio es horrorosa, denigra a los posibles destinatarios y que debería haber mejores caminos de equidad, que el de encasillar a la gente, aunque más no sea que para tirarles con un carguito.
Dr. Jaime Ruben Sapolinski