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Observar a los miles de golpistas que el 8 de enero coparon y vandalizaron en Brasilia los tres poderes del Estado, asombra tanto como la pasividad policial y militar para contener esa horda. Conmueve esa ideología fascista porque no se trató de un acto espontáneo y puede repetirse. En Uruguay repercute con fuerza ante el inminente aniversario de los 50 años del golpe de Estado que el 27 de junio de 1973 perpetró el presidente Juan María Bordaberry. La fecha, su nombre y el dramático saldo de muertos y desaparecidos integran nuestra historia negra como símbolos de desprecio por la democracia y los derechos humanos.
El 1º de enero Bolsonaro debía entregarle la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, pero antes viajó a Estados Unidos con dos propósitos: estar ausente para hacer evidente su rechazo, y tomar distancia de los vándalos para disfrazar su vinculación directa.
Se impusieron su frustración y rencor. El 10 de enero utilizó sus redes sociales para transcribir una entrevista al procurador de Mato Grosso del Sur, Felipe Giménez, quien le atribuye al Tribunal Supremo y al Tribunal Electoral haber habilitado la victoria de Lula. Dos horas después lo borró. Aludía a que el Supremo revocó la condena penal contra Lula y así lo habilitó para ser candidato. Estableció que el juez Sergio Moro —quien lo condenó y lo mantuvo en la cárcel durante 580 días—, no había sido imparcial. El mismo juez lo avaló cuando aceptó convertirse en ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro. Destruyó la fe que se debe tener en la Justicia.
No hay pruebas sobre la intervención directa de Bolsonaro, pero abundan indicios: el mensaje citado en las redes sociales, cuestionamientos inmediatos sobre el resultado electoral, pasividad ante las acampadas previas frente a unidades militares, y una reunión con esos acampantes. Durante esa cita, en la puerta de la sede presidencial, su esposa, Michelle, se arrodilló y rezó junto a los visitantes para desearles suerte en obtener respaldo militar para impedir que Lula ocupara la presidencia. Esos y otros hechos los considerará el Tribunal Supremo para juzgarlo ante el pedido del fiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del nuevo Grupo Estratégico de Lucha contra los Actos Antidemocráticos. Primero tiene que hacer que vuelva a Brasil.
Es inevitable que la memoria se traslade 50 años al pasado. Bordaberry, quien como Bolsonaro se consideraba un Mesías, estuvo enfrentado a los mandos militares por algunas designaciones. Como no logró imponer su criterio, los abrazó y con su apoyo dio el golpe de Estado. Lo respaldaron políticos e intelectuales blancos y colorados. Esos traidores fueron designados en cargos ejecutivos y en el Consejo de Estado que sustituyó a las disueltas cámaras de Senadores y Diputados: “La acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal”, se justificó.
Entonces no había argumentos de riesgo armado. El fantasma de la guerrilla ya no existía. En 1972 el aparato armado del MLN-Tupamaros fue derrotado, su organización desarticulada y sus principales dirigentes presos.
La complicidad de los políticos con la dictadura (entre otros, Hamlet Reyes, Aparicio Méndez, Juan Carlos Blanco, Walter Ravenna, Enrique Viana Reyes, Fernando Bayardo, Aurora Álvarez de Silva Ledesma y Martín Echegoyen) llevó al gobierno a proclamarse “cívico-militar” para disimular el totalitarismo. Inútil. Ellos y todos sabíamos que militares y policías cometían secuestros, torturas y asesinatos que se extendieron a exiliados, como en 1976 en Buenos Aires los del senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Hubo muchos más. Años después terminaron tras las rejas: el expresidente Gregorio Álvarez, Miguel Dalmao, Manuel Cordero, Eduardo Ferro, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Lawrie Rodríguez, entre otros.
Lula asegura que sancionará con dureza a los responsables materiales, ideológicos y financiadores del intento de golpe. Habrá que ver si llega a la cabeza. Esa acción comenzó el sábado 14. Por orden del Tribunal Supremo la policía detuvo al regresar de Estados Unidos a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y secretario de Seguridad de Brasilia. En su domicilio se incautó el borrador de un decreto para cambiar el resultado de la elección que consagró a Lula. Un fiscal le solicitó al Tribunal de Cuentas bloquear bienes de Bolsonaro y de Torres, además de US$ 1,2 millones a 59 sospechosos de financiar los actos terroristas. Medio millar de manifestantes esperan ser juzgados.
La pretensión de Lula de sancionar judicialmente a Bolsonaro por el momento no tiene instrumentos legales para imputarle con claridad su responsabilidad. El miércoles 25, durante su visita a Uruguay será importante que explique con detalle sus objetivos.
De repente hay que explicarle y recordarle a Lula que Bordaberry fue condenado por crímenes de lesa humanidad ocurridos en oportunidad del golpe de Estado y de la dictadura que él encabezó, por violar la Constitución y ser el autor intelectual de secuestros y desapariciones. El 9 de febrero del 2010 la jueza Mariana Mota lo condenó a 30 años de penitenciaría, a 15 años de medidas de seguridad, a inhabilitación absoluta por seis años y a hacerse cargo de los gastos de reclusión. La condena fue: atentado contra la Constitución en reiteración real, nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político.
Afectado de problemas respiratorios, continuó en prisión domiciliaria a la espera de una sentencia firme. Murió el 17 de julio de 2011 a los 83 años, por lo que el sumario en su contra se clausuró, según lo establecen las normas vigentes. Otros continúan en prisión.
Por ahora Bolsonaro continúa vivo y se mantiene a 3.600 kilómetros de Brasilia.
