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Uruguay es un país pequeño, con la mayor renta per cápita de la región, una penillanura suavemente ondulada cuyo valor distintivo se sustenta en la seguridad jurídica que ofrece. Lo antedicho podría ser perfectamente un apretado resumen de empresas, bufetes jurídicos o el paper de una embajada o del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto.
Pero tal descripción choca inexorablemente con la porfiada realidad. La seguridad jurídica está en cuestión. Ni siquiera el “arreglo” del “caso Spotify” nos hace olvidar el ridículo a nivel planetario, aquel lugar del que ya no se vuelve.
Quienes atentan contra ese gran atributo de nuestra República son justamente quienes están a cargo de cuidarla y fomentarla: nuestros gobernantes y nuestros representantes.
Para muestra un botón. Spotify Gate: una Torre Ejecutiva metiendo a prepo en una Ley de Rendición de Cuentas importantes modificaciones a la Ley de Derechos de Autor que en absolutamente nada tienen que ver con partidas de ingresos o gastos del Estado.
Hubo modificaciones inconsultas y poco o nada fueron analizadas sus consecuencias, que denotan un franco y profundo desconocimiento de lo que pretendían reglar. Marcha atrás obligada y vergüenza a escala planetaria. De nuevo, un ridículo evitable para un país serio que quiere y hace de ello un valor de exportación.
Pero no es solo el Spotify Gate. Gandini introdujo un artículo que también modifica la Ley de Derechos de Autor y que nada tiene que ver con ingresos o gastos del Estado y que es a todas luces inconstitucional. El objetivo fue claro: se votó un artículo dirigido única y exclusivamente a eliminar a la entidad de gestión colectiva de los productores audiovisuales, Egeda Uruguay.
Sería mejor para todos acudir a buenas prácticas parlamentarias, al estudio en las comisiones que para eso existen, a las consultas a especialistas y al análisis de legislaciones de otros países. Eventualmente, a partir de ahí formular la propuesta de modificaciones a las leyes existentes y no ir de extranjis, tratando de evitar la discusión abierta y franca.
De la misma forma que arrastró al Senado con Spotify impuso en el seno de la coalición gobernante una decisión que expone al país a reclamos de inconstitucionalidad y otras acciones a nivel nacional, así como a demandas internacionales de variada naturaleza.
Gandini lo eligió: se pone al frente de una campaña que busca torpedear, socavar y exponer al Uruguay a una vergüenza. El Parlamento se equivocó y Gandini es el principal responsable. El país aún está a tiempo de corregir esa certeza perforada y retomar el camino de la seguridad jurídica. Al país, a su gente, le va la vida en ello.
