De la Cámara de Armadores Pesqueros y de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay

Es cierto “que la situación del sector es muy compleja”, pero al decir que “las soluciones deberían generarse en ámbitos interinstitucionales” el ministro elude la responsabilidad particular de su cartera. Del MTSS la Pesca necesita la derogación de los decretos Nº 233/009 de 19 de mayo de 2009 y Nº 159/010 de 24 de mayo de 2010 que, además de ilegítimos e inaplicables le han costado más de 40 millones de dólares al sector, aún habiendo derogado periódicamente su aplicación literal. Para derogar dichas normas, no se precisa de ningún “ámbito interinstitucional”, sino la mera voluntad de la administración, fundada en la información disponible. Al declarar el Sr. ministro que dichos cambios no están en “agenda” demuestra que la actual administración lo único que ha hecho, tras cinco años, es perpetuar el régimen anterior, postergar y delegar el problema a quienes asuman el gobierno en el próximo período.

Discrepamos con que “no hay ninguna duda de que el trabajo en el sector debe ser bonificado”. El Sr. ministro cuenta con una consulta realizada al prestigioso especialista en Derecho Administrativo, Dr. Carlos Delpiazzo, que contradice sus dichos. Este reza en sus conclusiones:

“a) el régimen de Contribuciones Especiales de Seguridad Social (CESS) que se pretende aplicar a la actividad pesquera industrial en los términos del dictamen de la Comisión (provisoria) de Servicios Bonificados de 31 de agosto de 2022 no es ajustado a Derecho;

b) ello es así porque no existen fundamentos jurídicos y técnicos de peso que justifiquen su diferenciación con el régimen aplicable a los trabajadores de los buques de cabotaje, que tributa sobre base ficta y sin bonificaciones especiales;

c) adicionalmente, carece de razonabilidad lo propuesto en la medida que no responde a la realidad del sector ni se sustenta en evidencia sólida alguna;”

Efectivamente, como dice el Sr. ministro, “la actividad es zafral”, pero dicha zafralidad podría estar referida solo a distintos niveles de rentabilidad y no a viabilidad, como sucede hoy en día que la flota está parada y las plantas cerradas. Los empleadores no se “quejan de que las condiciones de aportes al Estado no les cierran”. Los aportes son ilegítimos, insostenibles y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Los empresarios han brindado abundante evidencia al MTSS como para que la administración pudiera resolver esta situación, pero nada se ha hecho.

Es cierto “que la pesca arrastra un problema estructural histórico” y que el país tiene una relación con el sector “que no se entiende”. Las propias declaraciones de un ministro con el que nos hemos reunido infinidad de veces y al que hemos dado datos de primera mano, son evidencia de dicha falta de entendimiento.

Efectivamente, “tenemos un territorio marítimo enorme y una incapacidad estructural desde hace décadas. No tiene que ver con este gobierno ni con los anteriores. No se desarrolló”. No se desarrolló por falta de voluntad política, lo cual es responsabilidad de todos y cada uno de los actores. Los anteriores y los actuales.

Reiteramos nuestra voluntad de aportar al desarrollo del sector, pero lamentablemente no vemos voluntad política que acompañe nuestro compromiso y los tiempos se agotan. Si no se toman medidas urgentes, será demasiado tarde y ni siquiera habrá interlocutores para sentarse en la mesa a pensar el desarrollo de la pesca nacional.

Empieza un año electoral pero el país no debe detenerse por eso y los gobernantes deben seguir tomando decisiones hasta el último día. La vida sigue y las cuentas hay que pagarlas todos los meses. Si es más caro trabajar que estar parados, seguiremos parados hasta que quienes tienen que decidir sobre el futuro del sector lo hagan, por acción o por omisión, permitiendo que salga adelante y que el sector aporte al desarrollo, o aceptando pasivamente su destrucción.

Cámara de Armadores Pesqueros

y Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay