Una joven de 16 años, que vive en un centro del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay) para menores con patologías psiquiátricas, tuvo relaciones sexuales con un hombre de cerca de 60 años, que trabaja como cuidacoches en la misma cuadra del hogar. Recibió como “obsequios” cigarrillos, dinero, y un teléfono celular.
“Evidentemente, el señor recurrió a darle plata y regalos para que tenga relaciones con él. Sin embargo, la Justicia dijo que tiene edad para dar consentimiento”, criticó la directora del centro del INAU, Lilián Queirolo, en diálogo con Búsqueda. A su juicio, la joven, que está en tratamiento psiquiátrico, “no tiene la capacidad para discernir que esa relación no es buena para ella, y el hombre abusa de una posición de poder”.
El centro que dirige Queirolo trabaja en convenio con el INAU y aloja a adolescentes de entre 12 y 18 años con trastornos psiquiátricos y conductuales, derivados por el organismo. El equipo cuenta con psiquiatra, psicóloga, asistente social, apoyo pedagógico, personal de enfermería y educadoras. El objetivo del centro es lograr la reinserción social y familiar de los jóvenes.
Queirolo lamentó que el juzgado haya amparado la relación como si se tratara de una pareja, sin considerar que la adolescente proviene de un contexto familiar complejo —razón por la cual en 2015 un juzgado de Familia de Lavalleja la derivó al centro del INAU— y que tiene antecedentes de explotación sexual.
Según la denuncia presentada en la Justicia, a la que accedió Búsqueda, “por muy diversos motivos, los adolescentes” que viven en el centro “son vulnerables e influenciables”. En este caso “se trata de una adolescente que se la deriva al sistema INAU justamente para protegerla y evitar que recaiga en conductas que la ponen en riesgo”, sostuvo Queirolo. “Y termina sucediendo esto con un señor, donde evidentemente hay una cuestión de género y una diferencia de edad enorme. Que es precisamente lo que la Justicia quería evitar al ponerla al cuidado del INAU”, afirmó.
No obstante, la fiscal penal de quinto turno, Ana María Tellechea, consideró que no había mérito para procesar al cuidacoches. Según explicó a Búsqueda, la ley establece que la joven está en edad para consentir la relación, y además había pruebas de que existía un vínculo entre ellos.
Fuentes judiciales señalaron que en el expediente se adjuntaron cartas de la joven en la que declara su “amor” por el hombre y mensajes de texto entre ellos, y que en función de eso y de las declaraciones de la adolescente, la Fiscalía consideró que se trataba de una pareja y desestimó que los obsequios fueran “pagos” a cambio de sexo.
La jueza de octavo turno, Graciela Eustachio, dijo a Búsqueda que dispuso el archivo del caso porque fue lo que solicitó la Fiscalía, y reiteró que la joven está en edad de dar consentimiento.
“Estamos totalmente azorados porque en situaciones similares, en otros juzgados, se apoyaron en la ley contra la violencia sexual, sin miramientos y sin discusión. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la línea que se está tratando de seguir en estos casos?”, cuestionó Queirolo.
Uno de los casos a los que se refirió es el del empresario gastronómico de Punta del Este Javier Moya, que fue procesado con prisión por pagar a una joven de 15 años para tener sexo. El caso tuvo una gran repercusión en los medios. El empresario fue absuelto en segunda instancia porque alegó que no sabía que la muchacha era menor de edad, pero la Suprema Corte de Justicia rechazó esa decisión y confirmó su procesamiento por explotación sexual.
“Los centros queremos trabajar bien con las chiquilinas, frenando esa conducta, tratando de que haya otras posibilidades de trabajo. Y la Justicia les deja el camino a los hombres que a cambio de plata pretenden sexo con las menores. Se siente una falta de respaldo”, dijo Queirolo.
Consultada sobre el caso, la licenciada Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, opinó que es “claro que se trata de explotación sexual”.
“Es una adolescente que recibe una retribución por parte de una persona con la que mantiene relaciones sexuales. Si uno mira el contexto de vulnerabilidad de la chica, que además tiene antecedentes de haber sufrido explotación sexual, es muy difícil no poder observar esta situación como una violación”, sostuvo la especialista. “Más aún con la diferencia de edad”, insistió.
¿Cómo distinguir si se trata de “regalos” que se obsequian en el marco de una pareja, o si es una retribución para tener relaciones sexuales? “Es importante hacer un análisis de la situación”, explicó Tuana. Porque “la diferencia entre un regalo y un pago es una línea muy fina”. En este caso “se trata de una chica que vive en un contexto de vulnerabilidad, de institucionalización, con antecedentes de explotación. La valoración del contexto es muy importante, y la deben realizar profesionales especializados”, añadió.
“Una menor puede ser seducida por un adulto, que además le da regalos, y eso no borra la condición de explotación”, opinó. “¿A quién estamos cuidando? ¿Al señor de 60 años? ¿Por qué tiembla el pulso del sistema de Justicia para condenar a una persona que se está aprovechando de una chiquilina de su edad, que además le está dando lo que dice la ley: un pago? Él le llama regalo pero no deja de ser un pago. ¿Cómo lo transformamos en regalo?”, cuestionó.
Según el artículo 272 del Código Penal, en las relaciones sexuales con menores de 15 años se presume que hubo violencia. Sin embargo, si el niño o niña es mayor de 12 y se demuestra que dio consentimiento, no hay delito. A partir de los 15 años no se presume que haya habido violencia en las relaciones sexuales.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, integrada por más de 30 grupos y organizaciones de la sociedad civil, considera que la edad de 12 años es muy baja y reclaman que se modifique el Código Penal. Además, las organizaciones proponen que se establezca como máximo un rango de diez años de diferencia de edad entre la pareja para que el menor pueda dar consentimiento. Con esto se evitaría que una niña de 16 años pueda consentir una relación sexual con un adulto de 60.
Denuncia.
Según detalla la denuncia presentada en la Justicia por las responsables del centro, la alerta surgió cuando encontraron que la joven tenía un celular escondido. Cuando le preguntaron cómo lo había conseguido, la menor dijo que había comenzado a ver a un hombre, de 59 años, que trabajaba como cuidacoches en la esquina del centro, y que él se lo había regalado.
También dijo que el hombre le regalaba todas las mañanas dinero y cigarrillos, cuando ella esperaba en la parada del ómnibus para ir al centro de estudios. La joven reconoció también que una mañana él le propuso que faltara a clase y fuera a su casa, y que allí tuvieron relaciones sexuales. Ese día él le obsequió el teléfono. A los pocos días volvieron a verse en su casa, y el hombre le dio dinero ($ 550) para que se comprara ropa y otros objetos.
El cuidacoches había regalado cigarrillos a otras menores del centro anteriormente, según la denuncia.
Además, varias funcionarias aseguraron que la joven dijo que no hubiera tenido relaciones sexuales con el hombre si este no le hubiera hecho regalos.
Tras la decisión de la Justicia, la adolescente estuvo un tiempo sin salir del centro, ya que el hombre continuaba trabajando en la misma cuadra y las cuidadores temían que siguiera la relación. “Estamos totalmente indignados. El señor está en la esquina, y ni siquiera hay una restricción de acercamiento”, lamentó Queirolo.
Semanas atrás, la joven empezó a ir a clases otra vez, para evitar que pierda el año, pero es acompañada por personal del centro hasta la parada del ómnibus.
El centro elevó un informe sobre lo ocurrido a la oficina de Supervisión del INAU. También presentó una denuncia en el Juzgado de Familia especializado de 5º turno.
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