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El gobierno de Estados Unidos solicitó que se suspenda el juicio que entabló Francisco Casal contra empresarios y ex dirigentes del fútbol sudamericano porque considera que puede entorpecer la investigación criminal que se desarrolla en otro juzgado del país.
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El empresario uruguayo reclama un resarcimiento de U$S 200 millones por las pérdidas económicas producto de no haber podido ingresar al mercado de televisación de torneos de fútbol regional debido al esquema de corrupción que montaron los denunciados. El pedido del Departamento de Justicia norteamericano (DOJ, por sus siglas en inglés) fue cuestionado por los abogados de Casal porque podría implicar que el juicio quede en suspenso por años.
La demanda, presentada en octubre del 2016 y corredactada por la abogada y ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay Julissa Reynoso, es contra varias empresas vinculadas a Fox Sports, sus directivos Carlos Martínez, Hernán López, James Ganley, empresas relacionadas con Torneos & Competencias, su ex titular Alejandro Burzaco, Full Play y sus ex dueños Hugo y Mariano Jinkis, la Conmebol y los ex presidentes del organismo Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout (Búsqueda Nº 1.894). Los hermanos Jinkis y Figueredo son los únicos que aún no nombraron un abogado defensor.
Casal sostiene que los demandados armaron un esquema de corrupción que le impidió acceder con sus empresas al negocio de la transmisión de los campeonatos que organizaba la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El caso había empezado a moverse en la corte del Distrito Sur del estado de Florida. El 6 de marzo, por ejemplo, los abogados de Casal ampliaron su denuncia e incluyeron nuevas pruebas contra los acusados (ver nota aparte).
Pero el 24 de abril el DOJ presentó una moción para que se detuviera el proceso civil. En el escrito, al que accedió Búsqueda, el gobierno norteamericano dice que esa medida es necesaria porque la demanda apunta al mismo esquema de corrupción que está siendo investigado por un caso criminal que está activo. Se trata, precisamente, de la investigación que inició Estados Unidos y que provocó la detención en 2015 de decenas de dirigentes y empresarios del fútbol.
En su escrito, el DOJ informa que la investigación “sobre la corrupción en el fútbol internacional continúa” y “está activa” y agrega que el juicio de algunos de los involucrados comenzará el 6 de noviembre. Para el gobierno norteamericano el desarrollo del caso civil puede interferir con las actuaciones penales.
“La finalización de la investigación criminal beneficiaría a todas las partes involucradas en el juicio civil al sacar a la luz hechos relevantes para el caso civil”, explica el gobierno. Proceder de ese modo, además, implicaría una “economía de recursos” para la Justicia, añade.
Retraso de años.
Los abogados de Casal respondieron al planteo del gobierno con un escrito presentado el lunes 8 en el que si bien dicen que entienden aspectos de la posición del DOJ, plantean una solución intermedia.
“El pedido del gobierno de detener por completo este caso hasta que concluya el caso criminal y la investigación que desarrolla un gran jurado va más allá de lo necesario para proteger el interés público”, dice. “La suspensión podría, potencialmente, durar años”.
“Una suspensión tan larga perjudicaría indebidamente los intereses del demandante de conseguir una reparación por los daños sufridos”, añade.
Por eso, los abogados de Casal propusieron que la suspensión se prolongara solo hasta 14 días después del juicio penal. Además, el gobierno deberá comprometerse a entregar reportes cada 60 días informando sobre los avances del caso criminal, incluyendo fechas y duración prevista de esa investigación.