N° 2014 - 28 de Marzo al 03 de Abril de 2019
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl ingeniero Álvaro Fierro está dispuesto a pagar el costo. Se basa en estudios y argumentos, que expone. No son huecos. No difama. Sobran los dedos de una mano para encontrar políticos que arriesguen quedarse sin trabajo para defender los intereses del Estado sin pretender beneficios.
Con 60 años, sin causal jubilatoria, el exdirector de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y exdirector de Transporte Ferroviario, está desempleado. Sabe que no volverá a tener cargos en el Frente Amplio, en cuyas filas militó desde su juventud. También le será difícil trabajar en la empresa privada; lo miran con recelo. Rodeado de agachadas es difícil caminar erguido.
Lo hizo cuando expresó su preocupación por la debilidad del Estado como contraparte de la finlandesa UPM en el proyecto Ferrocarril Central que rehabilitará 273 kilómetros de vía que unen Montevideo y Paso de los Toros. A mediados de setiembre de 2017 el ministro de Transporte Víctor Rossi le pidió su renuncia luego de declaraciones a Búsqueda en las que advirtió sobre los “riesgos” de ese acuerdo. Cuando se pisan callos alguien grita.
Ahora algunos correligionarios le advirtieron que dejara de criticar ese proyecto cuyo estudio a fondo abordó luego de su cese. No está de acuerdo: “Tengo la obligación ciudadana de hacerlo y como exintegrante del gobierno” (Búsqueda Nº 2.013).
Resulta inevitable no relacionar su dignidad, apoyada en hechos y cifras, con la ideología del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, que difama sin fundamentos ni pruebas. No defiende al Estado, lo ataca. Endulza el oído de sus camaradas de armas, muchos de ellos actores o encubridores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Lo respalda la mayoría de la generación del Ejército formada durante la dictadura. Él ingresó al Liceo Militar en 1973 y en 1975 a la Escuela Militar. Fueron sus profesores algunos de quienes ingresaron a paso marcial al Palacio Legislativo, respaldaron torturas y asesinatos, excomulgaron a dirigentes y partidos e ignoraron el Estado de derecho. Un virus que prende incombustible.
En marzo se conocieron los resultados de un Tribunal de Honor del Ejército para analizar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura por Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Luis Maurente. Fueron exculpados como responsables de esos hechos: “No están suficientemente probados”.
Al informar al Poder Ejecutivo, Manini descalificó a la Justicia: “En muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho y no dando garantías a los acusados (…) muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas (citó algunos casos) el militar que es citado como indagado es considerado culpable aun antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas a inventadas”.
Sus expresiones bastaron para que el presidente Tabaré Vázquez ordenara su pase a retiro con fundamentos indiscutibles. “En un Estado de derecho, con un sistema republicano democrático de gobierno en el que hay, por tanto, separación de poderes, el respeto a las decisiones de la Justicia Penal por parte del Poder Ejecutivo y de sus integrantes debe ser una premisa fundamental”. En realidad, es mucho más que haber ignorado la separación de poderes: trató de corruptos a jueces y fiscales al ejercer su tarea de juzgar.
Pasados varios días, Manini Ríos dijo al programa En Perspectiva que sus frases se sacaron de contexto, que no desacató al Poder Judicial y que el informe era reservado.
Manini Ríos goza del natural privilegio de la libertad de expresión. Pero difama sin consecuencias. Ni siquiera una investigación judicial para cotejar sus dichos con la realidad. Por la razón que sea, parece que el poder militar tiene más peso de lo que uno imagina, 34 años después de la dictadura.
En agosto de 2006, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze abrieron la caja de Pandora. Procesaron a exmilitares y expolicías (Gavazzo, Silveira, Maurente, Ernesto Ramas, José Arab, Juan Rodríguez Buratti, Ricardo Medina y José Sande) por privación de libertad y asociación para delinquir en las desapariciones de Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Duarte, Gerardo Gatti y Washington Barrios.
Desde entonces y hasta el presente, en casos de violaciones a los derechos humanos han intervenido decenas de jueces (de primera instancia, de tribunales de apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia) y fiscales (los anteriores al nuevo Código del Proceso Penal y en el actual con la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad).
Todos los investigados tuvieron la ocasión de apelar y de plantear inconstitucionalidades. En el caso que iniciaron Charles y Guianze por los llamados “vuelos de la muerte”, terminaron condenados por homicidio especialmente agravado (Búsqueda Nº 2.012).
Manini Ríos afirma que jueces y fiscales fueron corruptos —aunque no utiliza este vocablo lo hace en las acusaciones— porque los acusados no tuvieron garantías, fueron condenados sin pruebas y se los consideró culpables antes de ser juzgados. ¿Las casi tres decenas de jueces y fiscales intervinientes conspiraron clandestinamente para perjudicar a los acusados? Un disparate mayúsculo propio de un orate o parte de una nostalgia totalitaria.
Manini Ríos fue el primer integrante de la Legión (antes Logia) de los Tenientes de Artigas en llegar a la máxima responsabilidad en el Ejército. Los integrantes de esta organización de ultraderecha desempeñaron un papel central durante la dictadura, en la que ocuparon cargos de relieve: entre otros Esteban Cristi, Eduardo Zubía, Luis Vivente Queirolo, Amaury Prantl, Julio César Rapela, Alberto Balestrino e Iván Paulós.
Todos están muertos. Tal vez no del todo.