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La denuncia de 69 diplomáticas por discriminación y acoso laboral y sexual no tiene precedentes. Es que además de su número se trata de empleados del Estado que están involucrados como víctimas y victimarios. La situación instaló los hechos ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que le pasó los antecedentes a la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, Alba Corral. Son situaciones preocupantes por el hostigamiento al que dicen haber sido sometidas durante varios años y porque ponen en evidencia que muchos de sus colegas han desarrollado un machismo paleolítico pese a que en ese mundo se desplazan con un empaque de caballeros.
Estratégicamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se presentó la denuncia a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, quien informó al ministro Francisco Bustillo, adelantó El Observador. La noticia tuvo repercusión internacional a través de las agencias de noticias. Sin embargo, pese a que es un suceso político y legal en la interna del “paisito”, las reacciones políticas y de organizaciones feministas han sido nulas. Sorprendente, porque desde esos sectores, un día sí y otro también, surgen escandaletes por cuestiones de segundo orden.
A comienzos de esta semana tres de las denunciantes, aunque renuentes, me expresaron por separado su sorpresa por el pase de los antecedentes a la Justicia. Coincidieron en que de haber previsto que se seguiría el camino judicial y que probablemente serán citadas no habrían firmado. Argumentaron que solo pretendían medidas administrativas para revisar el protocolo de prevención y actuación frente a casos de acoso sexual, acoso laboral y moral en el trabajo. El canciller y la subsecretaria avanzarán para “evaluar medidas a corto plazo para la erradicación definitiva de ese tipo de conductas en la Cancillería”, informó en un comunicado el ministerio.
La ley obliga a los funcionarios a denunciar irregularidades o delitos de los que tuviere conocimiento. Por eso Bustillo le trasladó la denuncia a Díaz. Las diplomáticas, por su formación académica, debieron preverlo. Tal vez les nubló la razón la presión por la solidaridad de género o una fuerte carga partidaria. Empero no fue el tránsito judicial la única decisión. Bustillo le informó a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, y a la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, a fin de ponerlas en conocimiento sobre lo denunciado.
La omisión de denunciar delitos la sanciona el artículo 177 del Código Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos) y se pena con tres a 18 meses de prisión. Como es lógico esa obligación incluye a las diplomáticas que no denunciaron algo que estaba en su conocimiento desde hace varios años. De haberlo hecho hubieran combatido el machismo e impedido ascensos de sus acosadores.
No queda claro por qué razón el gremio de los diplomáticos, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior (Afuseu), no intervino, porque se trata de prácticas que no son nuevas. Las denunciantes señalan que han sido “prolongadas en el tiempo”, vale decir durante las anteriores administraciones. Dijeron además que desde 2016 se han reunido “en el ámbito de Afuseu”. Vaya uno a saber los vericuetos, intereses y manipulaciones de esas relaciones gremiales.
Los hechos descritos no son diferentes a los que ocurren en la sociedad. La representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, señaló que en la equidad de género a Uruguay le va bien en los libros de historia por sus avances en el pasado, pero hace tiempo que dejó de estar en la vanguardia. Uruguay “no solo quedó rezagado respecto a su propia historia, sino que también está rezagado con respecto a cómo han avanzado otros países de la región”, advierte en una entrevista de Victoria Fernández (Búsqueda Nº 2.113).
A comienzos de la década de los años 70 eran pocas las mujeres en el servicio exterior. En el primer concurso de ingreso de fines de 1975 varias mujeres comenzaron su carrera, entre otras Estela Armand Ugón, Cristina Figueroa, Nury Bauzán, Vilma Veida, Marta Pizzanelli, Zoraida Mesa y Miriam Fraschini. Varias llegaron a ser embajadoras. El resultado de los últimos concursos determinó que Uruguay es uno de los países que tiene en el mundo la mayor proporción de diplomáticas. En una reciente comparecencia ante legisladores, al ser preguntado sobre la asignación de cargos en el servicio exterior, Bustillo precisó que cuando la Cancillería ofrece destinos tanto a hombres como a mujeres, por razones profesionales o familiares, algunos se rechazan.
Por eso el centro de la denuncia no apunta exclusivamente a la discriminación de género en los destinos y pone el énfasis en la discriminación laboral, desprecio por la maternidad y acoso sexual. A una de las funcionarias, describe la denuncia, un jerarca le dijo: “Hoy llamaron dos embajadores interesados en que vayas a trabajar con ellos. Ahora, si quieres mi ayuda para tu destino, eso dependerá de lo que hagas esta noche”. Hay otras referencias de similar tenor: “A mí no me gusta trabajar con mujeres. Son muy emocionales y todos los meses, cuando el período (menstrual), vienen con alguna crisis distinta”. Un exdirector de Protocolo le dijo a una segunda secretaria mientras preparaban la avanzada de una visita presidencial: “Cancelá la cena de coordinación con los del hotel y vení a mi habitación, así revisamos la agenda”. La nota cita como otro ejemplo expresiones de un viceministro de Relaciones Exteriores a una funcionaria durante misión oficial: “Mmm, me enloquece tu perfume. ¿Cuál es?”. Todo vomitivo.
La fiscal Corral tendrá un trabajo intenso y complejo pero necesario. Aunque la denuncia transcribe entre comillas situaciones sufridas por las diplomáticas no las individualiza. Lo mismo ocurre con los agresores, a quienes tampoco se identifica pese a que todas conocen sus nombres. Algunos se desempeñan hoy como embajadores y algunos acaban de cesar. Las víctimas que recopilaron los hechos y redactaron la denuncia saben quiénes son unas y otros, pero lo ocultan.
No es razonable ni moralmente admisible que se citen, sin identificar a las víctimas y a los victimarios. Cuando se formulan denuncias genéricas se abre el campo para especulaciones que pueden afectar a quienes no tuvieron arte ni parte y exponerlos al descrédito. Por eso mediante los interrogatorios a los que la fiscal deberá someter a las denunciantes se tendrá más claro el panorama. Corresponde llegar al hueso por la dignidad del servicio exterior y su imagen internacional.
