Dirigentes de la Federación de Salud Pública acusan a Alfredo Silva de ser un “desagradecido” que “ataca” a quien “lo ayudó”

“Si me suspenden los derechos sindicales se las van a tener que arreglar con mi abogado, porque vamos a presentar una demanda”, dijo Silva a la producción de Radio Nacional, según recoge “Caras y Caretas”.

En diálogo con Búsqueda, la presidenta de la FFSP, Beatriz Fajián, dijo que “el daño moral que sufrió lo afectó emocionalmente” y que Silva “en este momento está con un gran dolor emocional que no lo permite hacer un análisis completo de la situación”.

“Acá nosotros no evaluamos lo que laudó la Justicia, lo que estamos viendo es el daño moral que le hizo a la Federación, que quedó hecha flecos. En su lugar yo no haría ninguna demanda, pero no le podemos pedir que te conteste con aplausos y sonrisas”, agregó.

La dirigente volvió a insistir en que “Alfredo Silva no cometió ningún delito” porque “(la empresa de limpieza) Buena Estrella ya no tenía nada que ver con los hechos que le acusan” y afirmó que seguirá “defendiendo a todo trabajador que sea sometido a un escarnio público, como hicieron con él”.

“Se puede haber equivocado pero hubo ataques desde todos los ámbitos, movimiento político y social. El compañero es fuerte porque tiene un hijo, pero otro se suicida en su lugar, porque le destrozaron la vida”, sostuvo.

Del amor al odio.

Apenas seis meses atrás la relación entre Silva y el sindicato era de apoyo incondicional. Mientras el ex director de ASSE recibía el 18 de julio de 2014 el fallo del juez Néstor Valetti que lo procesaba sin prisión, en la puerta del juzgado lo esperaban los principales dirigentes del gremio.

La investigación judicial de más de tres años por sobrefacturación de la empresa de limpieza Buena Estrella en el Hospital Maciel constató el cobro de coimas para apurar trámites, favorecer licitaciones o garantizar paz sindical, presiones a directores de hospitales y empresarios, prepotencia y abuso de funciones. Esto derivó en el encarcelamiento de Heber Tejeira, referente gremial para las empresas tercerizadas y el procesamiento de Silva por conjunción del interés público y privado.

Los dirigentes permanecieron fuera de la sede judicial por horas acompañando a Silva e incluso Fajián lo defendió públicamente. “Silva fue injustamente procesado porque no hay elementos probatorios de esto, pero se necesitaba una cabeza de turco”, dijo la dirigente a Canal 4 al conocer el fallo.

El respaldo a Silva le costó a la FFSP ir al choque con el PIT-CNT. El gremio había pedido que le permitiera a Silva presentar su renuncia el lunes siguiente y dejar pasar el fin de semana, pero la central sindical resolvió presentarla esa misma noche.

Lejos de abandonarlo, la FFSP continuó buscando la manera de ayudar a Silva. Tras el procesamiento judicial, ASSE inició un sumario contra él —aún en proceso— que le costó la separación del cargo como enfermero en la Colonia Etchepare y la retención total de su sueldo.

Sin dinero y con un menor a cargo, la situación de Silva empeoraba cada día, por lo que el gremio solicitó al Directorio de ASSE que hubiera una excepción y le retuviera solo la mitad del salario. Cabrera justificó la solicitud indicando que “aún tiene el beneficio de la duda” (Búsqueda Nº 1.789). Finalmente, la administración negó la solicitud y mantuvo la retención total.

Sin embargo, pese a la ayuda recibida, desde su procesamiento Silva cortó todo tipo de vínculo con el sindicato. No atendió llamadas ni respondió mensajes de otros dirigentes y, según informaron miembros de la FFSP, la última vez que tuvo contacto con el gremio fue en agosto del año pasado, cuando asistió a la Comisión de Disciplina de la FFSP para dar su versión de los hechos.

La comisión inició una investigación para evaluar el accionar de Silva —aún afiliado— de acuerdo con los estatutos del sindicato. En los últimos días, el organismo se expidió recomendando al Consejo Directivo Nacional la suspensión entre dos y diez años para el ex director de ASSE, al igual que para los demás implicados.

La resolución se basa en el incumplimiento del artículo 8º del estatuto de la FFSP, que establece que los socios tienen el deber de “contribuir con su actuación personal y funcional al progreso y prestigio de la Federación”. En caso de que sus actos deriven en sanciones, el artículo 9º establece desde la amonestación para las omisiones leves hasta suspensión de hasta cinco años o expulsión para las graves.

Demanda.

La intención de Silva de ir contra el gremio a través de una demanda puso en alerta a sus máximos dirigentes, quienes consultaron a su abogado para saber qué consecuencias podría traer.

En el ámbito judicial, según relataron miembros de la FFSP, el sindicato podría enfrentar dos escenarios con pronósticos diferentes. La demanda penal es la situación que menos preocupa, porque “suspenderlo o no es un tema interno”, estimó uno de los sindicalistas.

La demanda civil es otra posibilidad que estudió el sindicato, pero en ese caso “no se sabe por qué razón exacta haría el reclamo, entonces todavía es especular sobre el aire”.