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El gobierno se prepara a definir los criterios que considerará para otorgar eventuales excepciones a la ley que prohíbe la compra y tenencia de tierras a empresas y fondos pertenecientes directa o indirectamente a Estados extranjeros, así como también establecerá los indicadores que tendrá en cuenta para medir si los proyectos productivos de esas inversiones están orientados a los lineamientos de desarrollo nacional, dijeron a Campo fuentes del Poder Ejecutivo y del Frente Amplio.
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Señalaron que esos aspectos serán incluidos en el decreto reglamentario de la ley 19.283, promulgada en setiembre de 2014, y cuyo texto actualmente se encuentra en etapa de “borrador” para que luego sea puesto a consideración de las autoridades ministeriales.
La ley en cuestión dispone que si el proyecto productivo “aplica tecnologías innovadoras, genera empleo y contribuye con el incremento de la producción y de la productividad del sector” agropecuario, el Ejecutivo podrá otorgar la excepción a esa legislación.
A casi un año y medio de la promulgación de la norma legal, el gobierno todavía no reglamentó los mecanismos de control del cumplimiento de las exigencias establecidas para los titulares de inmuebles rurales que pertenezcan a empresas o fondos soberanos de Estados foráneos.
La ley indica que para lograr ese objetivo la actual administración podrá, entre otras acciones, acceder a la información a que refieren los artículos 1º, 2º, 6º y 7º de la ley 18.930 de 2012, respecto a las participaciones patrimoniales al portador con destino al Banco Central del Uruguay.
Los informantes aclararon que el Ejecutivo podrá otorgar la autorización en esos casos cuando se trate de una “participación minoritaria y no controlante”, como lo señala el artículo 3º de la ley.
El grado de contribución de una empresa en el desarrollo de nuevas cadenas productivas en la economía será tenido en cuenta a la hora de evaluar los criterios que valorará el gobierno para conceder esos permisos excepcionales, adelantaron.
Consideraron otro elemento a tener en cuenta lo establecido en el decreto reglamentario de la ley de participaciones patrimoniales respecto al contralor. Esa norma dispone que las entidades alcanzadas por dicha legislación no podrán inscribir actos y negocios jurídicos en los registros dependientes de la Dirección General de Registros, del Ministerio de Educación y Cultura, sin la exhibición del certificado que acredite la recepción de la declaración por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, y la incorporación de la declaración al registro de su cargo.
Requiere además la declaración del representante de la institución emisora, que no ha recibido comunicación de los titulares de participaciones patrimoniales de modificaciones posteriores a la fecha de dicho certificado.
Pero estos requisitos destinados al control del cumplimiento de la ley que prohíbe la compra y tenencia de tierras a empresas o fondos de Estados extranjeros “probablemente no sean suficientes”, señalaron las fuentes aludiendo a la redacción del decreto reglamentario de esa norma. Explicaron, por otra parte, que la ley no tiene un efecto retroactivo pero sí alcanza las nuevas compras de tierras y los cambios en el capital accionario. En Uruguay operan varias empresas que tienen entre sus accionistas fondos de Estados extranjeros, como Olam, Union Agriculture Group, Montes del Plata y UPM (ver Campo Nº 62).
Sociedad anónima
De acuerdo con la ley 18.092 de 2007, que regula la titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias y fija excepciones para las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones, el Ejecutivo conformó una comisión integrada por los Ministerios de Economía y de Ganadería que estudia las solicitudes de excepción presentadas por las empresas.
Las firmas autorizadas cuando adquieren nuevas tierras y cuando registran modificaciones en la participación accionaria deben comunicarlo a esa comisión y pedir la autorización correspondiente. Los permisos más recientes que concedió el Ejecutivo corresponden a las firmas Cereoil, EF Asset Management y Aldea del Sol. Y está próxima la publicación de una resolución ministerial que autoriza a ser titular de inmuebles rurales al fideicomiso financiero Campos Sustentables, informaron a Campo fuentes oficiales.
