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El lunes 14 al mediodía, uno de los menores recluidos en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) que se había fugado tres días antes se presentó con su madre en una dependencia de la institución para continuar cumpliendo su condena. Este es uno de los ejemplos a los que apeló el presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, para explicar la importancia de un nuevo programa que consiste en un trabajo con las familias de los adolescentes conflictivos y que tiene como primer gran objetivo evitar la reincidencia de los menores en los delitos.
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Villaverde señaló que el regreso de uno de los menores fugados se debió especialmente al trabajo que habían comenzado a realizar con la familia de ese adolescente.
En esta tarea, además del Sirpa —una comisión delegada que funciona dentro del INAU y tiene a su cargo los menores infractores— se incorporará el Ministerio de Desarrollo Social. La idea de las autoridades es realizar “tareas de contención” con las familias.
“Nos proponemos pensar junto con ellos la infracción cometida por el chico, las formas que tiene de vincularse con la sociedad y el barrio, el tema de la inclusión social y una orientación hacia las redes comunitarias, y la explicitación de todos los servicios con los que cuenta el Estado para cooperar con las familias en dificultades. A su vez, queremos incorporar a este trabajo el papel de la mediación con las víctimas que se aplica en otros países, que es necesario como una alternativa para el Poder Judicial”, explicó Villaverde al participar el jueves 3 en una reunión de la Comisión Especial de seguimiento del trabajo del Sirpa en la Asamblea General.
Villaverde señaló a Búsqueda que el objetivo es bajar el nivel de reincidencia. “Los gurises que menos reinciden son aquellos que tienen alguna fortaleza familiar que reacciona ante la comisión de un delito. Por tanto deberíamos especializar un área que haga un acompañamiento diferente del proceso. Aclaro que estamos hablando de las familias que muestren voluntad, ojalá fuera el 100% pero vamos a arrancar lejos de eso”, indicó el jerarca.
“Hay que tomar un contacto claro sobre cómo la familia vivió el proceso y qué pasó que el muchacho se les fue de las manos”, añadió. Villaverde dijo que en este trabajo con las familias recurrirán a especialistas porque es una tarea “difícil”. Además, dijo que se firmarán convenios de cooperación con otros países para colaborar con el entorno del menor.
Villaverde explicó que todo esto se hace “sin tiempo” porque “la ciudadanía muestra un razonable cansancio y desgaste ante la noticia de una infracción. Ninguna de estas cosas son para la semana que viene: hay que armar los equipos técnicos, se requieren obras de infraestructura muy voluminosa”.
Analfabetos.
El trabajo con las familias también se realizará para fomentar la integración al mundo laboral de los adolescentes. Por eso, ya hay experiencias en marcha para que empresas contraten a menores infractores y, en algunos casos, a sus madres. “Esto perfila algo que nos interesa que es generar en la medida de lo posible una fortaleza laboral en determinadas familias, para evitar los fenómenos de la reincidencia”, dijo.
Villaverde indicó que el programa de salida laboral ha tenido una “muy buena respuesta” ya que empresas privadas y públicas están asegurando al menos 60 puestos de trabajo para este año.
Sin embargo, las autoridades del Sirpa se encontraron con un problema: hay más ofertas de trabajo que jóvenes en condiciones de poder aceptarlas por su falta de educación.
“Hay jóvenes que se consideran alfabetizados, cuando en realidad son analfabetos porque no saben escribir ni siquiera su nombre”, afirmó el director José María Mieres al participar en la reunión con los legisladores de la comisión especial. El también director del Sirpa, Robert Alonso, señaló que se encontraron con que son “muy frecuentes las deserciones a edad temprana, el rezago escolar, las repeticiones reiteradas, la expulsión de los centros de estudios y los jóvenes que nunca concurrieron a la escuela”.
Villaverde informó que Alonso y Mieres comenzaron a trabajar en la implementación de un sistema de talleres para acompañar los cursos de educación formal, que incluyan disciplinas básicas como carpintería o chapa y pintura. “Se trata de hacer algo intenso en tres, cuatro o seis meses, que nos permita acompañar el programa de salida laboral en el que estamos teniendo una respuesta muy superior a la imaginada con empresas públicas y privadas”, dijo.
El jerarca aclaró que el organismo no cometerá la “irresponsabilidad” de enviar menores a las actividades laborales si antes no están preparados. “No es solo porque no recibió un curso, la preparación mayor es que le demos garantías al juez que se anime a dar una medida de autorización para la salida laboral a un individuo que luego retornará al centro, no provocará dificultades en la empresa y se incorporará a esta forma de inclusión social”.
“Además nosotros tenemos que disciplinar al individuo, que acepte órdenes, que comprenda que todos los días hay que levantarse a una hora, vestirse de una forma, contestar ante superiores o iguales de una determinada manera. Tenés que enseñarle a convivir en un mundo que a muchos de ellos les resulta muy ajeno. Por eso no es solo un problema de educación, es de con qué actitud se ve al resto. En algunos casos son individuos que tienen que superar por ejemplo que sean ridiculizados porque se salen del mundo en el que están para incorporarse al trabajo”, explicó Villaverde.
Como ejemplo de una primera buena experiencia, contó que se realizó un acuerdo con la empresa Umissa —dedicada a la fabricación de viviendas prefabricadas— que permitió que 17 adolescentes infractores tuvieran una experiencia laboral. Catorce de ellos “respondieron muy bien”, dijo, e incluso uno quedó como encargado de un área en la empresa.
El titular del Sirpa señaló que están trabajando en cómo organizan el departamento de salidas laborales porque allí se juegan “el éxito de la experiencia”. Por eso, necesitan “equipos técnicos potentes integrados por sociólogos, asistentes sociales y abogados”.
