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En el ámbito ferroviario, siempre que surge algún tema polémico suele aparecer el argumento crítico de que la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) es “juez y parte”, ya que hasta hace no mucho tiempo, además de ser el principal operador y el dueño de la infraestructura, era también el regulador. La reforma ferroviaria impulsada durante el gobierno de José Mujica modificó en parte esa realidad pero todavía se mantienen algunos vestigios que el Ministerio de Transporte pretende erradicar en esta Rendición de Cuentas para “promover la participación de otros operadores ferroviarios”.
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Actualmente, el sector ferroviario está dividido en tres: AFE como dueño de la infraestructura (vías) y operador de trenes de pasajeros; la sociedad anónima estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF) —propiedad de AFE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo— como operador de los servicios de carga, y la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte como organismo regulador.
Aunque hasta ahora no es un mercado muy atractivo para hacer negocios, la legislación permite que operadores privados puedan usar las vías para brindar servicios de transporte. La creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, de hecho, tenía el objetivo de que el sector tuviera un regulador independiente, que no fuera al mismo tiempo operador. Sin embargo, la ley que la creó establecía que el organismo tuviera un “asesoramiento” o resolviera “en acuerdo” con AFE para cumplir con buena parte de sus cometidos.
El artículo 107 de la Rendición de Cuentas elimina la vinculación entre la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y AFE. “Implica estar en condiciones de poder promover la participación de otros operadores ferroviarios. Esos otros operadores ferroviarios necesitan algunas certezas, algunas garantías respecto a la forma en que se va a regular el servicio”, explicó el ministro Víctor Rossi días atrás en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.
Según dijo, el vínculo entre esos dos organismos no solo “no era necesario” sino que “era perjudicial”. “Creo que estará en mejores condiciones de establecer las reglas de operación sin ese condicionamiento”, añadió.
Además de esas modificaciones, en ese mismo artículo de la Rendición de Cuentas el Ministerio de Transporte crea el Órgano Investigador de Accidentes Ferroviarios. Hasta ahora, AFE era quien investigaba los accidentes, lo que la ubicaba otra vez como “juez y parte”. La nueva institución, que funcionará también dentro del Ministerio de Transporte, estará integrada por delegados de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, de AFE, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y de los operadores privados. Las cuatro partes, a su vez, deberán ponerse de acuerdo para elegir un quinto delegado.
Actualmente, aparte de las estatales AFE y SLF, el único operador ferroviario es la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel, que hace viajes turísticos con una vieja locomotora recuperada. La posible instalación de una nueva planta de celulosa de UPM, además de sumar un par de millones de toneladas de carga al modo ferroviario, puede también sumar un nuevo operador. Rossi ha reconocido en más de una oportunidad que no necesariamente será SLF la que transporte esa carga y que incluso “sería razonable” que lo hiciera la propia UPM, ya que será casi “un circuito cerrado entre la fábrica y el puerto” (Búsqueda Nº 1.887).
