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    El decreto contra corte de rutas no es contra las protestas sindicales, asegura el Poder Ejecutivo

    El Poder Ejecutivo emitió un decreto que permite al Ministerio del Interior disponer “las medidas pertinentes” a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda “obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.

    Firmada por el presidente Tabaré Vázquez en el marco del Consejo de Ministros, la nueva disposición busca garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad, ya que “el tránsito y la seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público”.

    Aunque ya existen diversas normas sobre la materia, el decreto las ordena a todas, actualiza terminologías, resuelve dudas jurídicas e incorpora elementos sobre los procedimientos a llevar a cabo por el Ministerio del Interior, que entre otras cosas podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos para evitar la obstaculización de vías públicas.

    Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a Búsqueda que la reglamentación, aprobada el lunes 20, no está relacionada con la conflictividad que se prevé este año por la Rendición de Cuentas, con sindicatos como los de la educación secundaria que ya han anunciado movilizaciones en caso de que no se atiendan sus reclamos presupuestales. Según las fuentes, el decreto apunta especialmente hacia “eventos sin interlocutor ni organizaciones que los representen”, como sucede habitualmente con la quema de cubiertas en rutas nacionales en protesta por accidentes de tránsito.

    Por esa razón excluye el derecho a huelga como una de las situaciones que vulnera la libre circulación de las personas, un hecho valorado por el PIT-CNT. “Aunque eso no quiere decir que no vayamos a mantener una actitud vigilante para que el decreto no vulnere el derecho de los trabajadores”, dijo a Búsqueda Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical.

    La firma del decreto se dio un día antes del desalojo por parte del Ministerio del Interior del Centro Social Autónomo La Solidaria, que terminó con daños a contenedores, quema de cubiertas, ataques a locales comerciales y a la sede del Partido Comunista, y dos detenidos por haber abordado un ómnibus y entrar en desacato. La Solidaria, que se define como “una herramienta para afrontar y cambiar lo existente”, utiliza como sede desde hace cinco años una casona abandonada ubicada en la calle Daniel Fernández Crespo, cuya propietaria solicitó su desalojo. Plenaria Memoria y Justicia había convocado por redes sociales a concentrarse en repudio al desalojo.