“Robar un banco es delito, pero más es fundarlo”. La famosa frase del dramaturgo marxista alemán Bertolt Brecht, aunque su autor murió en 1956, parece que no pierde actualidad.
“Robar un banco es delito, pero más es fundarlo”. La famosa frase del dramaturgo marxista alemán Bertolt Brecht, aunque su autor murió en 1956, parece que no pierde actualidad.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAun antes, a comienzos del siglo XIX, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, sostuvo que “las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate”.
En la década de 1970, el naciente Frente Amplio colocó la nacionalización de la banca como uno de los puntos relevantes del programa y según recordó a Búsqueda el exdirigente del sindicato bancario (AEBU) Adolfo Drescher, incluso en un breve período el gremio proclamó no solo la necesidad de nacionalización, sino incluso la estatización.
Luego de las últimas declaraciones del senador blanco Luis Lacalle Pou, quien el fin de semana pasado se pronunció a favor de apoyar la recolección de firmas para derogar el carácter obligatorio de la ley 19.210 de inclusión financiera, podría pensarse que las cosas se han invertido.
Durante un acto de homenaje a su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, el excandidato presidencial dijo que no está en contra de la inclusión financiera, sino de que sea obligatoria, porque eso “atenta contra la libertad individual de las personas”.
“Nuestro proyecto es bien simple: donde dice ‘deberá’ ponemos ‘podrá’; que sea opción del ciudadano ampararse en este texto legal”. También señaló que los recursos “no los hubiéramos redactado de esa forma, pero es lo mejor que hay en este sentido, así que vamos a apoyarlo”.
Después se sumaron, entre otros, el senador Jorge Larrañaga, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, y el colorado Tabaré Viera, mientras que la senadora blanca Verónica Alonso tomó distancia.
“La ley va en el sentido correcto y en general es buena, aunque tiene algunos defectos importantes” y “no podemos esperar al 2020 para solucionar esos problemas”, dijo Alonso a Búsqueda.
Mencionó entre ellos a los pueblos que no tienen cajeros ni Banco República, las personas a las que les puede costar aprender a usar el sistema de tarjetas y las pequeñas y medianas empresas que pueden tener un costo agregado.
Sin embargo, Alonso opinó que este “no es un tema para darle rango constitucional” y que prefiere “elegir el camino del diálogo para mejorar algo, aunque sea poquito, pero desde ahora”.
En la misma línea, el diputado frenteamplista de Maldonado Darío Perez dijo que está de acuerdo con la ley pero no con la velocidad y que no le asustan las consultas al pueblo.
El miércoles 26, el presidente Tabaré Vázquez fue cauto: “Puede ser también que en este posicionamiento, además de posiciones totalmente honestas, pensadas, que no critico, también puede haber atrás alguna intencionalidad de algunos actores que no les sirve que haya un contralor estricto del cumplimiento que todos los ciudadanos tenemos en cuanto a pagar nuestras obligaciones impositivas”.
El abogado Gustavo Salle había tomado la delantera en juntar firmas contra la ley. El 23 de junio comenzó la recolección y declaró a La Diaria: “Este es un tema de libertad: si querés cobrar por el banco, vas y cobrás, pero capaz que te sirve cobrar una parte en efectivo. ¿Y por qué no te va a dejar el gobierno? ¿Para darles de ganar a los bancos? Haciendo mandados a costa de la libertad del pueblo, esa no la llevo”.
Otra iniciativa similar es impulsada por la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este, y cuenta con el apoyo, entre otros, del centro de Almaceneros, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas.
En tiempos de Jefferson, Carlos Marx y Brecht ya existían los asaltos a bancos. Sin embargo, el lavado masivo de activos, las operaciones electrónicas, los cajeros automáticos y el dinero de plástico eran cosas de la ficción.
La tendencia internacional a reemplazar los billetes por el plástico y las transacciones electrónicas se potenciaron con el desarrollo de Internet y, según los defensores de la ley 19.210, esta solo intervino en una situación que ya existía.
Para el secretario general de AEBU, Fernando Gambera, la nueva norma “ataca la evasión”. Además, “me da a mí, trabajador, que soy la parte más débil del sistema, un poco más de certeza de ejercer mis derechos”, añadió.
Gambera reconoció que es cierto que los emisores de las tarjetas cobran una comisión de 2,2% a los pequeños comercios y casi cero a las grandes superficies, que están siempre en mejores condiciones de negociar, pero también advirtió que antes de la ley el costo era del 7% y que a medida que el sistema crece la tendencia es a la baja.
“Reaccionan los poderosos porque no quieren quedar en evidencia de posibles evasiones; Lacalle Pou representa la cabeza oligárquica y si fuera por él seguirían pagando a los peones con chapas que solo sirven para comprar en la pulpería del estanciero”, dijo Gambera a Búsqueda.
El coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía (MEF), Martín Valcorba, ironizó respecto al eslogan de campaña de Lacalle Pou en 2014. “Es un planteo que no va por la positiva”, dijo a La Diaria.
Valcorba detectó tres argumentos para la iniciativa de reforma: los costos operativos para los comercios, las dificultades para los trabajadores rurales y habitantes de pequeñas localidades, y la obligatoriedad que implicaría una falta de libertad.
“Ninguno de estos tres argumentos tiene una base real en la que fundarse”, sostuvo. Explicó que los comerciantes no están obligados a recibir pago electrónico, que si no hay medios electrónicos a menos de tres kilómetros los cobros tampoco son obligatorios y que el uso del sistema financiero solo rige para el pago de sueldos y jubilaciones y en las transacciones superiores a US$ 5.000.
Valcorba y Gambera explicaron que, respecto a los sueldos, la ley tiene la ventaja de que es el trabajador quien elige el banco u oficina de pagos y no como ocurría antes, que lo determinaba el empleador.
“Hay que educar sobre cómo funciona el sistema y terminar con el mito de que es solo para algunos entendidos”, argumentó Gambera.
Valcorba apuntó a la evasión: “Puede haber preocupación de parte de algunos actores, que ven que se les van restringiendo las posibilidades de tener trabajadores en negro”.
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, tampoco se privó de defender el sistema el miércoles, durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.
“Ir hacia el mundo del sistema de pagos de medios electrónicos es ir hacia un mundo más eficiente, menos costoso, más seguro y más transparente. Y nosotros estamos a favor del bien y en contra del mal, así que no tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos”, aseguró, despertando aplausos entre los comensales.
Sobre el plebiscito propuesto, Bergara opinó que “es un error pensar que este es un foco de juego político, porque está en juego el bienestar de la gente y la visión moderna de cómo los uruguayos” interactúan en “el sistema de pagos, en el sistema financiero”. El presidente del BCU apostó a “ayudar a que las fricciones se suavicen, se pulan” y no “tirar al bebé con el agua de la tina”.
De los 600.000 nuevos clientes ingresados al sistema solo 100.000 lo hicieron a bancos privados, la mitad que al Banco de la República, que tiene más del 40% del mercado. La otra mitad fue captada por redes financieras, algunas de ellas colaterales de los propios bancos.
Un estudio realizado por técnicos del BCU indicó, sin embargo, que quienes tienen cuentas o usan tarjetas, es decir que están bancarizados, tienen 20% más chances de tomar un crédito (Búsqueda Nº 1.871).