El fin de los versos

Solo nos queda putear y que cada uno establezca su estrategia de defensa personal y familiar para evitar que lo asesinen, rapiñen, copen, o que los narcos contaminen a sus hijos y nietos. Sin embargo, la semana pasada en Búsqueda el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reivindicó mejoras y sostuvo que la inseguridad no incidirá contra el gobierno en las elecciones.

En 2005 Tabaré Vázquez llegó al poder acorralado por las violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Pero en lugar de ordenar medidas de urgencia, optó por un engaña pichanga. Para calmar la exigencia de los organismos internacionales, abrió las rejas. Los 13 años transcurridos —ocho de ellos bajo la batuta de Bonomi—, demuestran que aquel plan “humanitario” fue el punto de partida para deshumanizar a la sociedad. No el único.

“Un país deteriorado por el delito”, tituló Miguel Arregui una columna en El Observador. Relata la rapiña y agresión a un vecino suyo. Cuando pretendió asistirlo los rapiñeros, que se desplazaban en moto, regresaron, lo atacaron y también le robaron. Una muestra del arraigado sentido de la impunidad y la ausencia de temor por la represión. Muchos aplicarían luego el “no te metás”. Eso también contribuye a la inseguridad.

Arregui señala que en una encuesta, 75% de los ciudadanos dice que la inseguridad es su mayor preocupación. Vivimos en “emergencia nacional”, remarca. Ese mismo argumento es el que en 2005 utilizaron Vázquez y su gobierno para liberar presos porque había una emergencia humanitaria carcelaria. Como si para eliminar la pobreza se decidiera matar a los pobres o, como Tortorelli, para combatir el hambre propusieran instalar canillas de leche en cada esquina.

Por contraposición ahora habría que llenar las cárceles. Pero también desarrollar profundas y urgentes políticas de rehabilitación: los reincidentes llegan a 65%.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió en El País que 99% de los reclusos son “adictos, analfabetos funcionales y pobres”. ¡Terrible! ¡Irrecuperables! Recordó que el artículo 26 de la Constitución establece que las cárceles no son para castigar sino para recuperar al recluso y encarar la profilaxis del delito. Y sí, pero se requieren medidas de largo plazo, invertir y voluntad política. El gobierno se ha dedicado a captar votantes.

Apuesto a que si se hiciera una encuesta, una amplia mayoría diría que quiere a todos los delincuentes entre rejas y aumentar las penas. ¿Que la mayoría son legos y desconocen los argumentos académicos legales y humanitarios? Sí. Pero el sentir ciudadano es tan válido en esa cuestión como en cualquier otra.

Un amigo abogado exagera: “Hay que construir una cárcel del tamaño de un departamento del interior, meter a los delincuentes y tirar la llave”. ¡Ojo! No es un facho-neoliberal-defensor de delitos de lesa humanidad. Votó al partido de gobierno en las últimas dos elecciones. En este último período asesinaron a su sobrino y a un vecino, a él lo rapiñaron dos veces y encapuchados armados a guerra asaltaron el furgón de una empresa que asesora.

En mayo el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se manifestó próximo a ese sentimiento. Lo despertó a la realidad el asesinato en Neptunia de una mujer durante una rapiña. Desnudó su interior: “Acá son ellos contra nosotros. La mala gente existe. Cuando para algunos la vida no vale nada, cuesta ver el camino justo”. En julio, en Diamante FM expresó su convicción de que “hay gente que no se puede rehabilitar”.

Orsi tiene formación académica y ha desarrollado una buena gestión en Canelones. Integra la Dirección Nacional del MPP, pero este organismo no le ha exigido al gobierno decisiones de fondo para combatir a “ellos” (la violenta mayoría) para protegernos a “nosotros” (los temerosos arrinconados).

Mientras se reparten la culpa entre jueces, fiscales, policías, el gobierno, la oposición y el nuevo Código del Proceso Penal, la filosofía general parece ser: “Dale que va, que se arreglen los que vienen”.

Las expresiones de mi amigo y de Orsi, aunque con matices, no están lejos de la propuesta del precandidato presidencial blanco Jorge Larrañaga. Junta firmas para plebiscitar una reforma constitucional que, entre otras cosas, habilite la prisión perpetua revisable para delitos gravísimos, que el delincuente cumpla la totalidad de la condena, allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional. Debe obtener firmas de 10% de los habilitados (unos 270.000). Ya reunió el 75% y su plazo vence en abril de 2019.

La semana pasada Andres Danza tituló su columna de Búsqueda con Del latín mediocris. Hendió el bisturí sobre la mediocridad de quienes, además de descalificar al empresario Juan Sartori como precandidato presidencial nacionalista, buscan identificar a quien le facilitó a Búsqueda esa noticia. No les importa la veracidad periodística, sino defender chacritas o sillones.

Con la propuesta de Larrañaga ocurre algo parecido. Dirigentes blancos han ninguneado su iniciativa más preocupados por la interna que por la inseguridad y la delincuencia: “Mediocris”.

Así nos va.