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Entre el cierre de Casa de Galicia dispuesto por la Justicia, el 23 de diciembre de 2021, y la aprobación de una ley que repartía entre distintos prestadores de salud a los usuarios de esa mutualista, el 14 de febrero de 2022, el gobierno fue informado de la existencia de un grupo inversor que quería hacerse cargo de la deuda y mantener el sanatorio y que la institución siguiera funcionando.
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Se trataba del Grupo Ribera Salud, de origen español, que administra 14 hospitales en España, Portugal, República Checa y Perú, de los cuales cuatro están en Galicia. Según su página web, cuenta además con más de 9.000 profesionales, 35 policlínicas, 64 centros de atención primaria y atiende a más de 1 millón de pacientes al año.
El proyecto fue informado a los socios de la mutualista en una asamblea representativa realizada en la Quinta de Galicia. No hubo unanimidad a la hora de recibirla. “Para mí era una posible salvación. El grupo inversor existía y quería que Casa de Galicia se salvara”, recuerda a Búsqueda Patricia Pérez, de la asociación de funcionarios de la mutualista.
Según pudo saber Búsqueda, la intención del Grupo Ribera no era tanto el mercado de salud uruguayo sino el regional, aprovechando las instalaciones que tenía Casa de Galicia, que incluía sus institutos médicos altamente especializados (IMAE), para generar algo similar al Hospital Sirio Libanés de San Pablo, en Brasil. La iniciativa contaba con el respaldo de la Embajada de España, añadieron las fuentes.
Cuando recién comenzaba 2022, hubo una reunión en la Torre Ejecutiva para intercambiar sobre esta propuesta. El 19 de enero de 2022, el presidente Luis Lacalle Pou, acompañado por el entonces ministro de Salud, Daniel Salinas, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, mantuvieron un encuentro con los abogados representantes del grupo español en la que esta oferta fue evaluada. Sin embargo, fue rápidamente desestimada por el gobierno, según dijeron a Búsqueda fuentes de Presidencia.
El 18 de febrero de 2022, los abogados de Ribera presentaron en la Torre Ejecutiva una carta fechada dos días antes en la que se reiteraba su interés en realizar esa inversión y se solicitaba saber qué condiciones “requeriría el Estado uruguayo para mantener los 45.000 socios que actualmente tiene Casa de Galicia”, ya que su intención era “mantener la empresa en funcionamiento”. Para entonces, el Parlamento ya había aprobado, con votos de todos los partidos, una ley para estructurar el cierre de la mutualista. La deuda de Casa de Galicia ascendía a US$ 87 millones.