N° 1963 - 05 al 11 de Abril de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas violaciones a la ley en el exterior no despiertan interés salvo crímenes abyectos o de corrupción, como los de los expresidentes de Brasil, Lula da Silva, de Argentina, Cristina Kirchner o de Francia, Nicolás Sarkozy. Pero la situación de Cataluña, aunque solo tiene 16% de los 47,2 millones de habitantes de España, amerita especial atención: pretenden quebrarle el brazo al Estado de derecho, desconocer al Poder Judicial y arriesgar que corra sangre.
La crisis se desató cuando el juez Pablo Llarena, de una sala del Tribunal Supremo de España, procesó al expresidente Carles Puigdemont y a otros gobernantes por rebelión, malversación y corrupción. Los imputados habían promovido el 1º de octubre de 2017 un referéndum por la independencia que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Sin controles durante la votación ni en los recuentos se declararon independientes. Fue cuando intervino la Justicia.
Luego, en las elecciones catalanas del 1º de diciembre, aunque ningún partido soberanista fue el más votado, en conjunto superaron al resto de los partidos y se ganaron el derecho a elegir al nuevo presidente. Puigdemont era el candidato cantado, pero no estaba.
Con los primeros procesamientos derivados del referéndum, Puigdemont adivinó que se le venía la noche e incapaz de poner el pecho se fugó y se instaló en Bélgica. Los líderes de la revuelta que se quedaron en España están encarcelados en prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
El líder prófugo sentó sus reales en la localidad belga de Waterloo y se alojó en una suntuosa residencia (seis habitaciones, tres baños, sauna, cuatro plazas de garaje y jardín) cuyo alquiler de 4.400 euros mensuales le paga el empresario Josep María Matala que, como muchos otros, ha mantenido durante años una relación de “intercambio” con los gobernantes independentistas. También ha mantenido al resto de los “exiliados” en Bélgica.
Como si fuera broma, constituyó un patético “gobierno en el exilio”. Estaba tranquilo. Le pagaban casa y comida y lo protegía el partido Vassms Belang de la ultraderecha flamenca. Sabía que la Justicia belga era rigurosa al extremo y que difícilmente admitiría su extradición. Pero su arrogancia lo arruinó.
Invitado por organizaciones de la ultraderecha de Finlandia viajó a dar conferencias. El 25 de marzo regresaba a Bélgica e ignoraba que las Policías de España y Alemania lo seguían en vehículo al milímetro mediante un georradar. A treinta kilómetros de la frontera alemana con Bélgica, cuando pararon a cargar combustible, fue detenido. Lo acompañaba el empresario paganini que probablemente sea investigado por encubrimiento. ¿Y por lavado?
¿Cómo se llegó a esa situación? Hay que considerar la tradición secesionista: durante décadas, una elite social y política ha manejado a su antojo la administración y las millonarias ajudicaciones mientras se enriquecían con dinero público. En Cataluña hay 400 juicios por corrupción, el mayor número del país que involucra miles de millones de euros.
Se debe añadir la construcción de un discurso emocional que la elite insertó en la plebe. Armaron una fantasía para pisotear la ley: “El voto por encima de todo”; “ningún juez está legitimado”; “los enjuiciados son presos políticos”. La semana pasada, el actor José Sacristán llamó a la realidad: “Quien diga que estos muchachos son presos políticos no sabe lo que es ser un preso político”.
Antes y durante la Semana Santa, brigadas de los Comités de Defensa de la República (CDR) manifestaron con furia contra el gobierno y exhortaron a “alzarse” contra la instituciones. Son la carne de cañón de la elite social y política catalana. Cortaron carreteras al tránsito de camiones, rechazaron manifestaciones religiosas, pretendieron paralizar el puerto y levantaron las barreras de los peajes al regreso de las vacaciones para que no se pagaran. En Gerona, a 100 kilómetros de la capital, una turba se instaló frente a la casa del juez Llarena. “Llarena fascista” y “los países catalanes serán tu infierno”, le gritaron.
Una sombra acecha la Escuela Judicial española, la única institución del Estado radicada en Cataluña. Su directora desde 2013 es Gema Espinosa Conde, la esposa de Llarena. Ha sido amenazada por los CDR en las redes sociales. Los terroristas divulgaron sus domicilios, horarios de trabajo y recorridos que realiza diariamente.
Ni los manifestantes más veteranos ni sus ancestros actuaron igual contra la dictadura de Franco que asesinó a mansalva y abarrotó las cárceles de presos políticos. Muchos, razonablemente, huyeron al exilio, pero otros se escondieron bajo la cama mientras los empresarios negociaban con el dictador.
Es comprensible que a la distancia resulte complejo entender lo que ocurre, no solo por la variedad de hechos y las contradicciones señaladas, sino debido al sistema regional de autonomías y al mecanismo de elección de sus autoridades.
¿Es posible frenar esta vorágine cuyo discurso de perseguidos ha generado un editorial del diario británico The Times?
El artículo ataca al gobierno —a lo que tiene total derecho— pero entrevera el partido: “Desde octubre del año pasado, el gobierno español ha tratado de manera insistente el tema espinoso del independentismo en Cataluña con imprudencia, mano dura y un deseo aparente de empeorar la situación, ya de por sí complicada”. Se refiere a la aplicación del artículo constitucional 155 vigente desde 1978 que habilita a la intervención pacífica del Estado cuando se producen ilegalidades. Su aplicación no solo la votó el oficialismo. También los socialistas y el ahora mayoritario partido Ciudadanos, que tiene su origen en Cataluña.
El diario cuestiona al gobierno “por adoptar una actitud de indignación legalista (¡es la Constitución, animal!), mientras que la Policía y los tribunales españoles han perseguido con entusiasmo (¡con la ley en la mano, animal!) a figuras separatistas”. Bueno sería que destacara que la primera visita a Puigdemont en una cárcel alemana fue la del eurodiputado Bernd Lucke, un economista ultraderechista xenófobo al igual que el resto de su respaldo en Europa. Se comprende: los separatistas son xenófobos respecto a los españoles.
El nuevo presidente independentista del Parlamento, Roger Torrent, desnuda el desprecio por la democracia y la separación de poderes. Cuestionó “la legitimidad de los jueces para perseguir al presidente (Puigdemont) de todos los catalanes”. No lo es pero podría serlo con los votos de la mayoría separatista, pero en lugar de luchar por su inocencia optó por fugarse.
Pretende que el juez Llarena archive el expediente penal y le permita a Puigdemont llegar a la Presidencia. Una nueva locura que mezcla lo institucional, lo legal y el aliento a embates que auguran sangre. Lo advirtió Miguel Iceta, líder del Partido Socialista Catalán: “Si se sigue con la insurrección se llegará a un enfrentamiento civil”.
El martes 3, la Fiscalía alemana golpeó duro a Puigdemont y a los independentistas: admitió su extradición a España por los delitos de rebelión y malversación. La decisión final le corresponderá a la Audiencia Territorial (quizá ya lo haya hecho cuando esta edición esté en la calle) pero con los antecedentes de los actuales procesados, terminará en la cárcel española sin derecho a fianza.
Si aplicaran el sentido común, los independentistas se llamarían a sosiego, negociarían con todos los partidos y asumirían que en cualquier país democrático, contra la tiranía y el desborde político solo existe el imperio de la ley. Pero es difícil que el chancho chifle.
Quizá el futuro de Puigdemont esté en los altares: 420 sacerdotes y diáconos catalanes apoyan el independentismo mientras el ultrapolítico papa Francisco toma distancia. ¡Cómo enfrentarse a millones de fieles catalanes!