N° 1741 - 28 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2013
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLos “enemigos”, según la época, la ocasión o el oportunismo, han sido la derecha, los militares, el capitalismo, el imperialismo, la burguesía (recientemente los pequeños burgueses), las transnacionales, los banqueros, los pitucos, los empresarios, algunos medios y periodistas, los anteriores gobiernos, los Rockefeller y los Bush; todo lo que el gobierno y sus partidos consideraran opuesto a sus pretensiones. Contra todo militaron y en ocasiones lograron victorias pírricas. Pero la realidad —la que se ve o se toca, no la metafísica— no es el resultado de deseos, voluntades o rencores, ni de circunstanciales mayorías legislativas. Es lo que es. Especialmente cuando se basa en argumentos sólidos.
Luego de darse de bruces una y otra vez contra la dura realidad de las normas y con la cabeza rebosante de chichones decidieron cambiar la pisada inventando un nuevo “enemigo” para justificar su falta de seriedad, de responsabilidad y una catarata de errores. Y como les quedan pocos argumentos para justificarse utilizan al Poder Judicial como chivo expiatorio y lo convierten en el “enemigo”. Para los creadores de este nuevo fenómeno bélico, la Justicia es la perversa responsable de todos sus males y fracasos. Es un demonio aliado a sus rivales partidarios. Con ese razonamiento ramplón salen a combatir a la institución que es el bastión de la democracia, que administra las relaciones sociales y frena los desbordes legislativos y administrativos. No les interesa si es resultado de fundamentos jurídicos dentro del marco de la Constitución y la ley. No. Embisten con perversidad pese a que bastaría con simples consultas a juristas del gobierno que honestamente prioricen lo jurídico a lo político. Les advertirían: “¡Paren la mano! ¡Dejen de hacer, votar y decir disparates! ¡Están embretando el futuro!”. En cambio, aprovechan la bolada de presentarse ante sus militantes como voz única porque el “enemigo” no polemiza. Habla con la firmeza de sus sentencias destinadas a quienes, empecinados, torpes o autoritarios, desafíen la legalidad. Sean del bando que sean.
Este “enemigo” no usa revólveres, pistolas, fusiles ni pentotal. Sus armas son la Constitución y la ley más allá de aciertos o errores. Pero según el gobierno, la Justicia, en sus diferentes áreas, utiliza esas armas para perjudicarlo: que los aviones de Pluna se oxidan; que se investiga a su abogado Ricardo Olivera García por un eventual prevaricato; que la “ley de caducidad” no tendrá el fin que pretendían; que el impuesto a la tierra sólo podrá aplicarse en las macetas; que a la “ley de faltas” le falta legalidad; que la ley de transparencia permite desnudar ineptitudes y corrupción y por eso la senadora Lucía Topolansky propone limitarla; que varios gobernantes son investigados por la justicia del Crimen Organizado y pueden terminar entre rejas; que los copadores de la Suprema Corte de Justicia procesados son fotografiados de frente y de perfil; que los jueces desnudan a policías infieles y jerarcas incompetentes o que, una sentencia tras otra, se condena al Estado a pagar por los errores o la ignorancia de sus abogados y jerarcas. Para colmo, el comandante del batallón rival propone castigar al “enemigo” con una medida dictatorial: el presidente Mujica sostiene que si la Justicia condena al Estado por el juicio de AFE no paga y chau. El desprecio democrático es un bien ganancial.
Con ese marco de paranoia crónica, no extrañaría que cuando arrecie el temporal electoral el gobierno busque trasladarle al “enemigo” judicial la responsabilidad por la incontenible inseguridad; por las fugas de menores del INAU; por los muertos en la calle, en los comercios y en las cárceles; por el incontenible avance de las drogas; por los salarios insuficientes pese a las gárgaras de bajos índices de desempleo; por la mugre acumulada y los baches eternos en la ciudad; por los dictámenes del Tribunal de Cuentas y capaz que también —alguna vuelta perversa seguro le encuentran— le atribuya la culpa de que los militantes del Movimiento de Participación Popular no le devuelvan a su sector el dinero que recibieron del Fonasa como estaba acordado. ¿Por qué no, si todo vale?
Ahora, el comandante y sus ayudantes proponen una reforma constitucional para pialar a los jueces: un Tribunal Constitucional o un Consejo de la Magistratura. Algunos siguen divagando con un Ministerio de Justicia. Sea cual fuere la propuesta, el objetivo es el mismo: encorsetar o condicionar la independencia judicial. Y amordazarnos a todos.
Un revelador alerta surgió la semana pasada en España. El gobernante Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, los mayoritarios, pactaron renovar el Consejo General del Poder Judicial, el que manda y digita. ¿Casualidad? Tal vez, pero ocurre en medio de la mayor investigación judicial en la historia de corrupción de dirigentes de ambos partidos: se repartieron el órgano de gobierno de la Justicia como una torta en la que tres partidos minoritarios sólo tendrán un representante entre 20 integrantes.
Dentro del marco histórico del pasado y del presente es comprensible que, como recurso estratégico, este gobierno haya convertido al Poder Judicial en su “enemigo”: es el que frena sus desbordes ilegales y totalitarios. Sería bueno que no olvidaran que más tarde o más temprano, como con acierto pronosticó Salvador Allende antes de suicidarse mientras la democracia era avasallada por el totalitarismo, “la historia los juzgará”.