• Cotizaciones
    miércoles 12 de junio de 2024

    El odio a la fiscalía y la confusión total

    Nº 2255 - 14 al 20 de Diciembre de 2023

    Hace 10 años, en julio de 2013, el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú Horacio de los Santos era procesado por “contribución a la explotación sexual” por haber ofrecido 1.500 pesos a una adolescente a cambio de encuentros sexuales, en lo que se conoció públicamente como “la fiesta de la Casita del Parque”. Hace 10 años, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes importaba todavía menos que ahora, y a la opinión pública no le interesaban mucho estos temas. En aquella fiesta había cinco adolescentes: dos de 17 años, dos de 16 y una de 14, y las declaraciones de algunas de ellas fueron clave para el procesamiento del exjerarca. El caso fue relevante, además, porque hasta entonces no era habitual que se validara la voz de las víctimas. Mientras esperaban el avance de la indagatoria, el director del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Luis Purtscher, reflexionaba: “Si llaman a las gurisas a declarar y ellas dicen que les ofrecían dinero, son las víctimas de la situación. ¿No vale su palabra? ¿Vale más la palabra de De los Santos porque tiene una jerarquía?”.

    Cuatro meses después, una de las adolescentes de 16 años que había declarado en el caso fue encontrada muerta en su casa en condiciones sospechosas. Según difundió la Policía, la muerte había sido causada por una heladera “sin tierra” que la había electrocutado. Sin embargo, un peritaje de la UTE al que accedió el INAU aseguraba que “la corriente de 14 voltios que desprendía la heladera no es suficiente para matar”. Aunque en su momento el INAU presentó una denuncia ante Crimen Organizado, no se volvió a escuchar mucho más sobre el tema. Dos años después, el exjerarca nacionalista era excarcelado y ya desde varios meses antes de salir de prisión tenía salidas transitorias cuatro veces por semana.

    Situaciones como esta, en que la impunidad parecía campear y las víctimas tenían total desprotección, cambiaron radicalmente desde que el nuevo Código del Proceso Penal creó la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación, en 2017. La UVyT tiene por objetivo “diseñar, implementar y evaluar las políticas de atención y protección a las víctimas, testigos y sus familiares” para “facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos”. Este cambio colocó por primera vez a las víctimas de delitos en un lugar diferente.

    Quizás —solo quizás— si en aquel momento se hubiera contado con mecanismos de denuncia protegida (por ejemplo, en sede fiscal y no policial), con el acompañamiento psicosocial adecuado (para poder relatar con tranquilidad lo sucedido), o si se hubiera podido pedir custodia para la víctima o solicitar su realojo, otro hubiera sido el turbio desenlace del “choque eléctrico de la heladera”.

    En casos más recientes de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como la Operación Océano o el “caso Penadés”, la Unidad de Víctimas tuvo un rol central, ya que la contención y el acompañamiento fueron fundamentales para atravesar el proceso de declaración anticipada o directamente para que los adolescentes se animaran a hacer la declaración.

    Pero no solo en casos de explotación sexual es relevante el rol de la UVyT. Como expresa Graciela Barrera (quien fuera en 2012 una de las fundadoras de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia), “la víctima era una cosa, un número, revictimizada una y otra vez” hasta que apareció el nuevo Código del Proceso Penal. Para Barrera, que perdió a su hijo asesinado de un disparo en una rapiña, la Unidad de Víctimas de Fiscalía significó un gran cambio para quienes sufren delitos y para sus familiares.

    Recientemente, la exfiscal Gabriela Fossati afirmó en algunas entrevistas radiales que “la Unidad de Víctimas no sirve para nada” y muchas personas salieron al cruce. El Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía del Uruguay expresó su “más enérgico rechazo” y se refirió a la “profunda ignorancia” que la exfiscal demuestra sobre el tema.

    Pero probablemente no se trate de ignorancia, sino de un nuevo intento trasnochado de polarizar a la población con los mismos cucos de siempre: “Comunismo, aborto, ideología de género”. Según comentaron los conductores del programa Fácil desviarse en entrevista con Fossati, la exfiscal afirma en su reciente libro que esos son los tres pilares del Foro de San Pablo y que “la Unidad de Víctimas es hija del Foro de San Pablo a través del Frente Amplio”. Todo suena a chicanas tan 2017 que parece increíble que se sigan usando.

    El límite del juego político debería ser el respeto por las instituciones democráticas que genuinamente se ocupan de cuidar a las personas más desprotegidas. Atacar de ese modo a la Unidad de Víctimas de Fiscalía solo busca generar un monstruo al que dispararle con balas vencidas. El tiempo de la polarización tiene que terminar.