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En febrero de 2015, en el estertor de su mandato, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, apuntó sus dardos contra el Poder Judicial. Reaccionaron políticos opositores y los gremios de jueces que emitieron una declaración en defensa de la independencia judicial. “Hay justicia siempre que la política esté lejos del Poder Judicial”, sentenció el ex gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota.
Ese aserto deberían tatuárselo a fuego todos los gobernantes y políticos. Su obligación, sin distinción de épocas o partidos, es estar en la primera línea defendiendo el principio de separación de poderes como garantía del Estado de derecho. Sin embargo, muchos suelen ubicarse de espaldas. La crítica a las decisiones judiciales es natural y saludable, pero utilizarla para descalificar o atribuir intenciones sin fundamento es no solo una vileza sino un atentado.
Esa violación más se degrada cuando se pretende incidir (aunque digan lo contrario, los hechos son los hechos) en los asuntos internos de otro país para defender a amigos ideológicos sin conocer los fundamentos legales, las pruebas ni el sistema procesal de esa Justicia. “Lo que no está en el expediente, no está en el mundo”, dicen los juristas.
Y como lo saben, los sospechados de corrupción disfrazan su defensa tras la excusa de la presunción de un golpe militar: “Hay acuartelamientos”. Otra vileza tan cobarde como atribuirle las culpas a la prensa.
Cuando gobernantes o políticos se pasan la separación de poderes por los talones violan su compromiso democrático. Poco importa si es en Uruguay —como se ha reiterado en los últimos años— o si pretenden incidir en la soberanía de otro país. Es lo mismo.
Por mirar solo su beneficio y el de sus partidos, la mayoría descalifica a los jueces. En nada difiere con un golpe de Estado tradicional. En ambos casos el avasallamiento es el mismo: anular la independencia judicial y restringir las libertades de prensa y expresión. Si lo logran, se termina el Estado de derecho.
Desesperados por quedarse sin un poder “amigo”, dejan de lado algo central: la calidad y la fortaleza de la democracia se mide por la independencia de sus jueces. Cuando desaparece, surge el totalitarismo.
La investigación judicial sobre el ex presidente brasileño Lula da Silva y, por extensión (o anexión), sobre la presidenta Dilma Rousseff, ha estimado que en Brasil, entre 2004 y 2012, se desviaron fondos para sobornos y lavado de dinero por al menos 2.400 millones de dólares con la complicidad de empresarios, políticos y gobernantes. La corrupción en torno a Petrobras es la mayor de la historia de ese país y se instaló hace tiempo en la cúpula del poder.
Por algo el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de 2015 le da a Brasil un puntaje de 38 (mide entre 0 y 100). Eso basta para considerarlo un país muy corrupto. (1)
Pero la arrogancia y la ignorancia son tozudas. Una propuesta del presidente Tabaré Vázquez, como presidente pro tempore de la Unasur al resto de sus integrantes, dice que “los sucesos ocurridos en Brasil plantean un claro enfrentamiento de la Justicia contra el Poder Ejecutivo”. Vuelve a anteponer lo político a lo jurídico. Sostiene Vázquez que existe un enfrentamiento judicial “contra” el Poder Ejecutivo brasileño y eso es falso. Se trata de una investigación dentro del marco del proceso penal de ese país con la intervención de la Fiscalía.
Ese mismo texto le ofrece a Rousseff “total respaldo”. ¿Respaldo para qué? ¿Para ocultar la corrupción? ¿Apoyo para desconocer la independencia judicial? En el caso de que Lula o Rousseff fueran procesados, ¿la Unasur se enfrentará con el Poder Judicial brasileño? Si ese cúmulo de hechos no iguala a un golpe institucional, ¿qué es?
Los disparates son contagiosos. El ex presidente Mujica y el Frente Amplio defienden a Lula. “El origen humilde lo redime”, pontificó el “patriarca” uruguayo. Legisladores encabezados por el senador Ruben Martínez Huelmo (MPP) transitan similar camino sensiblero: Lula fue “un luchador que viniendo del sertão (zona rural de Brasil) se transformó en presidente”. Rematan con un infantilismo: “Lo que nunca se aceptó ni se acepta es que un obrero metalúrgico y sindicalista llegue a la Presidencia de un país”. ¡Pobre gente!
¿Y qué decir de la Mesa Política del Frente Amplio que acusa a los jueces de violar la Constitución? ¡Parece broma! No han leído la uruguaya y opinan sobre la brasileña.
En 2005, el juicio del “mensalao” (gran mensualidad) para pagar millonarios sobornos derivó en el enjuiciamiento de 25 políticos del partido de Lula, condenados en la suma total a 250 años de cárcel. Lo relevante es que la Justicia investigó actos de corrupción que colocaron a Brasil donde lo ubica Transparencia Internacional.
Vázquez, la Unasur, Mujica y todos quienes rechazan la intervención de la ley deberían saber que, en una democracia, el sistema judicial tiene controles y son efectivos. Ningún juez hace lo que quiere ni actúa impunemente; sus eventuales desvíos se corrigen o sancionan. Lo que decide está sometido a la supervisión de otros magistrados y, eventualmente, a la cúpula judicial: en el caso, al Tribunal Supremo de Brasil (TSB).
Los principios cambian. Aquella célebre frase de Vázquez contra la corrupción desapareció. Ahora es: “Al que acusen de meter la mano en lata, si es amigo, lo respaldamos”. Y en la cola están Cristina Fernández, Nicolás Maduro y Evo Morales.
