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    El país de como si

    Columnista de Búsqueda

    Nº 2246 - 12 al 18 de Octubre de 2023

    Hace justo 10 años grabé una de las columnas rapeadas que hacía entonces, usando este mismo título. En ella apuntaba que uno de los problemas no tan evidentes que tiene Uruguay es la distancia que existe entre el país que se supone que somos, según nuestras leyes e incluso según nuestra autopercepción, y el país que realmente somos. Nos autopercibimos demócratas liberales, pero aplaudimos la mano dura autoritaria de Nayib Bukele. Creemos en la importancia de la separación de poderes, hasta que la Justicia falla algo que no nos gusta. Estamos contra el punitivismo, salvo cuando se trata de un tema que ideológicamente nos toca de cerca. Así, nos mata la distancia que existe entre el país que decimos ser en los papeles y el que realmente somos, a pie de calle.

    Esa columna me vino a la mente cuando escuchaba en la radio un programa matutino en el que se hablaba de la unificación de multas en Uruguay, anunciada finalmente el pasado 3 de octubre. En el programa señalaban que mientras eso ocurría y se comenzaba a reglamentar esa ley que unificaba las multas, la Rendición de Cuentas introducía un tope a las multas en las rutas nacionales, distinto del planteado por la norma recién aprobada. En ese programa se recordaba que la unificación de multas era una batalla que se venía dando en el Congreso de Intendentes desde hace muchos años y que este cambio introducía un elemento de conflicto que, muy seguramente, estiraría todos los plazos previstos para la implementación de la nueva ley.

    En resumen, la mano izquierda del sistema político dificulta la tarea de su mano derecha. Lo acordado por el Congreso de Intendentes choca con lo legislado, que aparece de la nada, metido medio a prepo en una ?Rendición de Cuentas y desconociendo todo el trabajo previo de las intendencias. Un ejemplo de manual de lo que se conoce como “cobrar al grito”. Este es apenas un caso que traigo por ser muy reciente, pero hay varios de ellos, en donde queda claro que una cosa es lo que se supone que somos, según lo que dice nuestra ley, y otra lo que realmente somos, según lo que dicen los hechos.

    La falta de coordinación es solo un aspecto, al que hay que sumarle, entre otros, los efectos de la “demora ideológica”. Esto es, cuando cambia el gobierno y su lista de prioridades no es la misma que la del gobierno anterior y entonces deja en el tintero parte de aquello que fue aprobado antes. Un ejemplo claro de esto último es la falta de reglamentación de la Ley del Teatro Independiente, aprobada en 2019, cuando el gobierno del Frente Amplio. La ley declara “de interés general la actividad teatral independiente y tiene como objetivo amparar su ejercicio, como impulsor del desarrollo cultural de nuestro país” y además crea “el Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente, (…) que funcionará en la órbita del Ministerio de Eduación y Cultura y estará integrado por el Poder Ejecutivo; integrantes de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI); la Asociación de Teatros del Interior (ATI) y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA)”.

    Luego de que el Frente Amplio no encontrara tiempo para reglamentarla, ocupado como estaba en la campaña electoral (aunque sí encontró tiempo para aprobarla), el paquete lo recibió el gobierno de la coalición. Apenas iniciada la pandemia y con el cierre de salas de espectáculos como marco, el sector del teatro independiente, de manera muy amplia identificado ideológicamente con el Frente, comenzó a reclamar su reglamentación en un tono no especialmente conciliador, llamando “mentiroso” y otras lindezas al ministro Da Silveira. La consecuencia obvia de esa temprana aspereza en la charla y de la escasa afinidad ideológica entre el gobierno y los eventuales beneficiarios de esa ley, es la paralización de su reglamentación, que continúa hasta el día de hoy. Esto de la afinidad ideológica obviamente debería ser irrelevante y no pesar en los procedimientos de este tipo, pero en el mundo real, sobre todo después de los insultos, pesa y mucho.

    Lo que intento señalar es que, por distintas razones, somos capaces de tener leyes muy bonitas, muy justas y democráticas, sin que esas leyes tengan al final un impacto real en la vida de las personas. Somos un país que, gracias a su institucionalidad seria, es capaz de crear, hacia afuera y hacia adentro, la ilusión de que aquí las cosas sí que se hacen bien. Claro, si nos comparamos con los vecinos, el saldo sigue siendo positivo, pero más por demérito del vecindario que por mérito propio. Y es que en esa comparación está una de las claves del entuerto: se trata de una contraposición autoindulgente que termina funcionando como máquina de obturar los cambios: no somos gran cosa, pero si nos comparamos con la región, estamos bien.

    Sin embargo, tener una institucionalidad sólida no equivale a que esta sea eficiente, capaz de mejorar de manera sostenida y efectiva la vida de los ciudadanos que cada cinco años aportan su confianza con el voto. La nuestra, por ejemplo, es tan sólida como una carreta de bronce de varias toneladas y casi igual de estática. Por eso todos prometen reformar el Estado y luego se dedican a acomodar primos segundos en la oficina que les tocó en suerte en el reparto. Si acaso, administran de manera más austera el paquete recibido, pero sin jamás meterse a reformarlo a fondo. La eficiencia es una meta muy difícil de alcanzar cuando el aparato estatal es una suerte de botín partidario que se usa para repartir prebendas y pagar favores recibidos.

    En resumen, que somos capaces de crear una legalidad maravillosa que muchas veces solo existe en los mundos de Narnia y otras, que son las más por suerte, en las que logra bajar a la calle bajo la forma de un reglamento que sirve para algo. En los primeros casos, las leyes quedan acumulando polvo en un cajón, sin que ocurra absolutamente nada con ellas. Por ideología, por ineptitud, por reparto de botín, por lo que uno quiera. Pero siempre en el cajón. Obviamente, esas leyes que acumulan polvo quedan preciosas en los rankings democráticos, que por lo general no tienen idea de dónde está ese cajón, repleto de papeles bien intencionados. Más que en crear nuevas leyes que prometan nuevas mejoras que terminarán acumulando polvo, sería mejor volver real ese andamiaje que no siempre logra salir de su fase teórica.

    Quizá sería bueno intentar dejar de ser el país de como si: como si fuéramos de verdad demócratas, de verdad libres, de verdad seguros, de verdad prósperos, de verdad modernos, y concentrarnos, más allá de las ideologías de turno y las afinidades personales, en ser el país que efectivamente podemos ser. Para ello es necesario demandarles a quienes tienen las riendas del Estado, sean del color que sean, que antes de ponerse a vender nuevos buzones logren que los que ya tenemos cumplan su cometido.

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