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Nació el 23 de febrero de 1943 en el hogar del matrimonio Monteiro-Motta. Lo inscribieron en el Registro Civil con el nombre “Marx”. Quizá respondió a una admiración por el filósofo comunista o tal vez a un fanatismo por los hermanos Marx (Groucho, Harpo, Chico y Zeppo), los cómicos del cine estadounidense. Cualquiera es válida y a nadie se le ocurrió que ese nombre le ocasionaría problemas.
Sin embargo, 34 años después la dictadura lo destituiría. Lo cesaron en 1977 cuando se desempeñaba como juez de paz de la sexta sección de Maldonado.
Me acaba de recordar su caso la memoria del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey. En 1979, cuando él ejercía como juez letrado en Maldonado, debió citar a Monteiro para notificarle de un trámite administrativo.
La falta de antecedentes sobre su destitución alentó la curiosidad de Van Rompaey. Le pidió que le explicara por qué lo habían cesado. Apesadumbrado, Monteiro le respondió que los militares le dieron un solo argumento: “¡Alguien con ese nombre no puede ser juez!”. Abundó en detalles para evitar que alguien supusiera que lo ocurrido, por lo disparatado, pudiera ser fruto de una fantasía.
Aunque todas las destituciones fueron arbitrarias, esta es un ejemplo de irracionalidad y surrealismo. La dictadura no solo carecía de límites; sus integrantes eran incapaces de razonar lógicamente. Embestían. Destituían por haber simpatizado con un partido político, por pertenecer a un gremio o porque un juez se enfrentara a la voluntad del presidente-dictador de turno o de sus acólitos. Bastaba además el pecado de llamarse “Marx”.
Con el retorno democrático, Monteiro fue restituido en 1986. Continuó trabajando en Maldonado y falleció en el año 2000. Antes y después su historia quedó sepultada en el anonimato, como la de la mayoría de los jueces destituidos.
De memoria, solo puedo citar algunos: Mario Forni Bell, Nelson García Otero, Jorge Pessano, Juan Almiratti Cacheiro, Gervasio Guillot, Raquel Alonso, Fernando Mier Nadal y Raúl Alonso Liard.
A otros los forzaron a renunciar. Esto ocurría al mismo tiempo que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República destituía a los profesores demócratas.
Nelson Nicoliello fue trasladado a un juzgado de menores sin ejercer como magistrado; el titular era Roberto Parga, años después ministro de la Corte. Parga lo confortó pero Nicoliello se sentía como un mueble del juzgado. Harto de que se mancillara su dignidad, dimitió. Antonio Grille, que era juez de Instrucción, me contó que entonces le pasaron el dato de que sería destituido. “No les voy a dar el gusto”, dijo, y renunció. Hay más. Parte de esas historias fueron citadas el 3 de mayo de 1985 en la Asamblea General durante un debate con una calidad que la mediocridad fue destruyendo. (1)
Transcurrieron tres décadas.
Cuando en democracia se les recompuso la carrera, varios de esos jueces llegaron a ministros de la Corte (García Otero, Pessano, Guillot o Nicoliello) o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Almiratti).
El cerebro no tiene una función similar a la de una cámara de video. Sin documentos ni testimonios —casi todos fallecieron— la memoria presenta baches y eventualmente errores. Apenas existen rastros materiales e impera el desinterés académico, salvo en un caso. (2)
Con el propósito de documentar en un libro esas historias que el tiempo se ha ido tragando, solicité a la Suprema Corte de Justicia información y acceso a los expedientes de los jueces destituidos y de otros. Me basé en la ley 18.381 de acceso a la información pública. Tiempo después me respondieron una parte de lo solicitado pero nada sobre los expedientes de los destituidos. Insistí, pero fue inútil.
La respuesta fue que esos antecedentes no están en la Corte porque habían pertenecido al Ministerio de Justicia. ¡Chocolate por la noticia!
Sorprende que durante décadas no se haya ordenado buscarlos aunque solo fuera para preservarlos como archivo histórico de la etapa más negra del Poder Judicial. Ni siquiera los citó la Corte en la memoria —la única en su historia— que editó en 2007 al cumplirse 100 años de su creación, pese a que se contrató al historiador Benjamín Nahum para la dirección académica.
Tampoco los buscaron las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y no es porque no tengan abogados. No lo hicieron los partidos políticos ni los gremios de funcionarios, jueces o abogados. También estuvieron al margen investigadores e historiadores. Sobre otros hechos y personas los diarios informan regularmente y las estanterías están llenas de libros.
¿Cuál es la razón? No tengo ninguna duda de que se debe a que lo de los jueces no deja réditos económicos, partidarios ni gremiales, como en cambio ocurre con otros atropellos de la dictadura.
Para complementar la historia, para que esos sucesos queden en negro sobre blanco, es necesario conocer detalles: saber quiénes tomaron la decisión, cuál fue la denuncia original en cada caso, el informe de los sumariantes (si es que hubo sumarios) y los fundamentos del mandamás de turno. Tanto en el caso de Marx Monteiro —si se documentó el “peligro” de su nombre— como en el de los restantes magistrados.
Tengo claro que lo dicho es muy parecido a sembrar en el mar. Pero por lo menos queda la constancia.
