El precio de la hectárea bajó luego de 12 años de subas; algunos grupos venden grandes extensiones

En un contexto de desmejoramiento del negocio agropecuario, debido a la caída de los precios de los granos y de la leche, algunas empresas que cuentan con una gran cartera de tierras decidieron vender algunos campos para obtener capital. Eso, como parte de una estrategia de ajuste, que les permite solventar el pago de deudas y cumplir con otras obligaciones.

En un mercado con menos negocios, el precio promedio de la hectárea alcanzó el máximo histórico de U$S 3.934, que es más de 10 veces el valor de 2002.

Pero en 2015 la tendencia al alza en el precio de la tierra se quebró y, luego de 12 años de aumentos, el valor promedio de la hectárea disminuyó.

Esa oficina estadística del MGAP lleva una serie histórica respecto a la evolución del valor de los campos agropecuarios, que abarca las transacciones concretadas de predios de 10 o más hectáreas. En Colonización solo pasan las compraventas de más de 500 hectáreas índice Coneat 100.

Los registros del INC también muestran un incremento en el valor promedio de las compraventas de campos, que en el primer semestre de 2015 llegó a U$S 5.367, frente a U$S 4.090 registrado en el período de julio a diciembre de 2014.

Y en el segundo semestre del año pasado el precio promedio bajó 5%, a U$S 4.203 por hectárea, según cálculos de la consultora Seragro publicados el miércoles 24 en el “El País Agropecuario”.

Baja favorece política estatal

El ajuste a la baja en el precio de los campos puede favorecer la política estatal de tierras a la hora de optar por la compra de un predio, dijo a Campo la presidenta de Colonización, Jacqueline Gómez. Aclaró que si bien el valor del inmueble es determinante, la definición de comprar o no un campo está vinculada al interés institucional de avanzar o no en un territorio y de generar algún proyecto productivo en ese lugar.

El objetivo es tratar de estar presentes en la mayor parte del territorio con la adquisición de campos, para luego ofrecer tierras a los productores y trabajadores rurales que puedan impulsar planes de desarrollo.

Entre las más recientes opciones de compra que hizo el INC, esa jerarca mencionó casos de predios ubicados en Cerro Largo, Treinta y Tres, San José, Canelones y Flores. A fines de febrero el directorio de ese ente estatal resolvió comprar unas 1.000 hectáreas en Treinta y Tres, que están localizadas a 15 kilómetros de la colonia Dionisio Díaz y a 30 kilómetros de Tacuarembó, y que requerirá de una inversión de U$S 2,8 millones. Reconoció que en algunos casos se trata de inmuebles rurales vendidos por grandes compañías de origen extranjero.

Consultada sobre el proyecto de ley que quedó pendiente de la administración anterior respecto a la reducción de 500 a 200 hectáreas la extensión de campos cuya compraventa debe ser ofrecida previamente a Colonización, Gómez dijo que el Ministerio de Ganadería y el INC siguen trabajando en este tema. Todavía “no está cerrado”, acotó en relación a si el proyecto planteará bajar esa franja a 200 hectáreas o a menos.

Explicó que la argumentación de esa medida se basa en la estructura agraria de los departamentos, como el de Canelones que está constituido mayoritariamente de predios de escala pequeña, y la posibilidad de intervenir en algunos lugares donde se requiere el desarrollo de políticas públicas.

Dueños asumen la baja

Los operadores del mercado de inmuebles rurales advirtieron en el transcurso de 2015 que los precios deberían tener una reducción acorde al nuevo escenario del agro, especialmente por la caída de los valores de los granos y otros productos agropecuarios.

En los primeros meses de este año “se mantiene la brecha de entre 20% y 30% entre lo que pide el propietario del campo y lo que ofrece pagar el potencial comprador, pero en los próximos meses el vendedor asumirá la baja en el precio”, dijo a Campo el director de Indarte & Cía, Fernando Indarte.

Consideró que el mercado de tierras registró valores “exageradamente altos respecto a los negocios que se podían hacer en los campos, y ahora se va a sincerar”.

La situación del agro “tampoco es de una catástrofe”, señaló.

A diferencia de lo que opinan otros colegas, Indarte indicó que “no hay una salida de argentinos” del agro uruguayo, debido a los cambios en la política sectorial aplicada por el gobierno de Mauricio Macri, específicamente por la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos.

Entre los interesados en la compra de campos se encuentran inversores de Estados Unidos, europeos y “algún argentino”, comentó.

Ese operador enfatizó que las modificaciones impositivas vinculadas a la producción agropecuaria que adoptó el gobierno uruguayo influyeron negativamente en la decisión del inversor a la hora de adquirir un campo. Hay otras opciones en la región como la de Paraguay que tiene una diferencia considerable en la carga impositiva, comparó con la situación de Uruguay.

Indarte manifestó que la tendencia a la baja en los precios de los campos y la escasa operativa no es un fenómeno exclusivo del agro local, sino que también pasa algo similar en otros países de la región.