N° 2046 - 14 al 20 de Noviembre de 2019
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa inseguridad, especialmente los homicidios, violaciones, rapiñas y narcotráfico entre los delitos de mayor gravedad, deberán ser combatidos rápidamente por el próximo gobierno para evitar que se conviertan en su talón de Aquiles. Más que cualquier otra dificultad, su persistencia hará más vulnerable al nuevo presidente.
El déficit fiscal no para de crecer, se escapa la inflación, agobia la deuda y los salarios pierden poder adquisitivo. Todo requiere medidas de fondo que no tendrán un efecto inmediato, como puede serlo el combate a la delincuencia. Los barrios de mayor pobreza han sido copados por rapiñeros y narcos que atemorizan y castigan a sus residentes honestos.
Si Daniel Martínez gana el balotaje y no encuentra soluciones rápidas (su partido no lo hizo durante 15 años pese a disponer de mayorías parlamentarias que ahora no tendrá), se enfrentará a una situación social y políticamente complicada, aunque su demagogia y la de su candidato a ministro del Interior, el sociólogo Gustavo Leal, argumenten tener soluciones.
El asesor en seguridad del Partido Nacional, Álvaro Garcé, advirtió a la agencia Sputnik que son promesas falsas. Recordó que Leal es funcionario del ministerio desde 2012 y que cuando ofrece cambios genera “un problema serio de credibilidad” porque “los actores son los mismos”.
Luis Lacalle Pou puede ser vulnerable por diferentes razones. Desde hace varios años, él y sus socios han criticado la falta de soluciones y alentaron esperanzas que deben cumplir rápidamente. Si no ocurren, estallarán reproches, incluidos sus votantes. Inevitable. La mayoría del pueblo se expresa a través del temor; al angustiado no se le puede pedir paciencia ni convencerlo con razonamientos sociales, jurídicos o falta de recursos económicos.
La gente necesita ver y sentir en su espíritu cambios rápidos: más policías en los barrios recorriendo las calles, controlando documentos y acciones, motos y patrulleros circulando por la ciudad, que las comisarías pasen a ser centros de protección y no clubes de barrio, y que los uniformados sean honestos, eficientes y conducidos con mano firme. La misma firmeza que debería tener la Justicia.
El Frente Amplio y los sindicatos ya levantan barreras. Lo anunció en Sputnik la vicepresidenta Lucía Topolansky: “El primer año de gobierno de una coalición de derecha generará una enorme movilización social. Me parece muy dudoso que pueda resistir, eso va a producir mucha inestabilidad en un momento en que la región está inestable”.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, admitió que la central aboga por el triunfo de Martínez y advirtió que si no ocurre, con un Parlamento sin mayorías frenteamplistas, será “necesario fortalecer la organización para el combate”, consignó la semana pasada Búsqueda.
La federación de docentes de Secundaria (Fenapes) dijo en Qué Pasa de El País que planifican “la resistencia” a un eventual gobierno de la oposición. ¿Combate y resistencia contra un gobierno democrático? El fascismo a la vuelta de la esquina.
Se requiere una legislación express. Demostrar la energía que casi la mitad de los votantes reclamó en el plebiscito “Vivir sin Miedo”. El colorado Ernesto Talvi y el independiente Pablo Mieres lograron vetar en el acuerdo multicolor las medidas más severas del plebiscito.
Para combatir la delincuencia no habrá participación de militares ni prisión permanente revisable y seguirán las salidas transitorias. Se busca como paliativo instalar destacamentos de la Guardia Republicana en todo el país, tanto en ciudades como por regiones. Este cuerpo de elite depende directamente del ministro y sus integrantes tienen una rigurosa formación profesional, tanto física como en el uso de armas.
Llegó la hora de que el vocablo “represión” deje de ser una mala palabra. La izquierda lo impuso como sinónimo de la represión política en la dictadura. Lo hizo para evitar aplicar una mano dura que le podría generar reproches entre sus votantes. Debe quedar claro: reprimir es combatir la delincuencia con energía. Naturalmente, se deben evitar desbordes. Garcé cree necesario fortalecer las oficinas de Asuntos Internos (las que investigan irregularidades o delitos policiales) en todo el país.
Es profesor universitario de Filosofía e Historia del Derecho. Entre 2005 y 2015 fue Comisionado Parlamentario de Cárceles. Por su calificación y experiencia ha sido mencionado como posible titular del Ministerio del Interior si Lacalle Pou es presidente.
Los coaligados también prometen aumentar la legislación anticorrupción y construir una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes y delincuentes peligrosos. La gente cree que un delincuente preso es un delincuente menos. No es una verdad absoluta, pero se sienten más seguros si sabe que están entre rejas.
Los números avalan esas prioridades. La Fundación Propuestas (Fundapro) señaló que “asistimos a un colapso de seguridad como nunca antes en la historia del país”. Su director, Guillermo Maciel, asesor de Lacalle Pou, lo abona con cifras de delitos de 2018, un año “récord absoluto”: 414 homicidios (45,8% más que el año anterior), 29.904 rapiñas (53,8% más) y 145.161 hurtos (25,8% más).
El Ministerio del Interior se defiende: en el primer semestre de 2019 los homicidios cayeron 22,6% respecto a igual período del año anterior. Del aumento de 125 a 414 homicidios entre 2010 y 2018 nada dicen. Tampoco que entre agosto y octubre se cometieron 30 homicidios en cada mes.
Los datos cambian según quien los promocione, por lo que será necesario que toda medida sea explicada hasta el hartazgo en forma pedagógica. No alcanza con palabrería académica (para la mayoría incomprensible) ni cifras tiradas al voleo que nadie retiene.
Que no ocurra como con el nuevo Código del Proceso Penal, que transitó entre tinieblas académicas y porcentajes y luego su aplicación se ha debatido mediante sacudones en las redes sociales.
Vale recordar un clamor de Artigas porque mantiene plena vigencia: “La causa de los pueblos no admite la menor demora”. Quien gane la presidencia el domingo 24 dispondrá de tres meses antes de asumir para definir sus acciones de seguridad en beneficio del pueblo. Luego de un plazo breve tendrá que aplicarlas para evitar que la delincuencia se convierta en su talón de Aquiles.