Embajada chilena se niega a acatar fallo de la Corte uruguaya

“Ahí le dije que las instancias ya se agotaron todas. El juicio se tramitó ante la Suprema Corte de Justicia. Ya quedó agotado. No hay una instancia más desde el punto de vista judicial. Ya no se trata de un litigio sobre un eventual derecho. No. El derecho ya está recogido, está consagrado y está firme en una sentencia”, afirmó el abogado, que se desempeña también como asesor del PIT-CNT.

Aun así, no lograron tener éxito en las negociaciones con la embajada y, por eso, en 2009 resolvieron iniciar una demanda. Fueron 10 funcionarios los que entraron en litigio y estimaban la deuda en US$ 1.000.000 (Búsqueda Nº 1.714).

Ya con sentencias favorables de la Suprema Corte de Justicia, en 2017 el embajador Carlos Parker decidió negociar pagos con los reclamantes. La mayoría de ellos, que seguían trabajando en la embajada, aceptaron los acuerdos que les proponían. La representada por Zapirain, que ya no trabajaba allí, rechazó el pago que le ofrecieron porque entendía que era muy inferior al que realmente le debían y siguió adelante con el litigio.

El 8 de mayo del 2017, la Suprema Corte definió el monto que la embajada le debe a la exfuncionaria. Según la sentencia, los créditos laborales adeudados sumaban US$ 120.528.

Al no haber señales de cumplimiento de parte de la embajada, el 19 de julio Zapirain pidió que se la intimara al pago que había determinado la sentencia y que, si vencía el plazo sin que eso sucediera, se trabara embargo en sus bienes, derechos y acciones.

El representante legal de la embajada, Andrés Rivas, decidió entonces invocar la “inmunidad de ejecución” y la “inviolabilidad de bienes” que le otorga la Convención de Viena. Su artículo 22, por ejemplo, determina que “no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución” los locales de las misiones diplomáticas, su mobiliario, los demás bienes situados en ellos, ni sus medios de transporte.

Zapirain y su representada, en respuesta, argumentaron que sí era posible embargar las cuentas bancarias ya que no estaban alcanzadas por el artículo 22 de la Convención. Además, señalaron que el uso de la inmunidad como escudo “transgrede los principios de la buena fe y la lealtad” y evidencia la “ausencia de colaboración con la Justicia de un país”.

El 3 de abril, sin embargo, la Corte comunicó a las partes su pronunciamiento favorable a la posición de la embajada. Por unanimidad y en base al análisis de jurisprudencia nacional e internacional, los ministros entendieron que las cuentas bancarias estaban alcanzadas por la inmunidad de ejecución. Resolvieron “declarar la inmunidad de ejecución diplomática aducida por la Embajada de la República de Chile, con carácter de absoluta”.

Para Zapirain el estado de situación del proceso se resume en esta frase: “El Estado chileno, a través de su embajada, está incumpliendo una sentencia de condena en nuestro país”.

Según el abogado, el empleo de ese recurso para evitar el cumplimiento de una sentencia supone, en algún sentido, “un abuso” de los derechos que otorga la Convención de Viena. Para desarrollar la idea, explicó que las inmunidades tienen una “naturaleza de protección” de las misiones que cumplen una función diplomática en otros Estados. Esa función, según su lectura, no debería alcanzar este tipo de casos.

“El incumplimiento de obligaciones contractuales, sean de la naturaleza que sean, no están en el espíritu de la protección otorgar las inmunidades diplomáticas que tienen otros fines. A ver, ¿qué pasa si mañana una embajada no paga el arrendamiento de un local? Allí hay una responsabilidad y esa responsabilidad no podría escudarse en las inmunidades. El Estado chileno debería cumplir o cumplir”, enfatizó.

Para intentar ejercer presión sobre la embajada y destrabar la situación, Zapirain dijo que iniciarán contactos con legisladores, con el embajador uruguayo en Chile y con la Central Unitaria de Trabajadores. Si no resulta, evaluarán la posibilidad de iniciar un juicio internacional contra el Estado chileno.