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En un año atípico debido a la pandemia de Covid-19, que hizo caer los ingresos y motivó gastos extra en salud y apoyo a sectores afectados, el déficit en las cuentas públicas se amplió.
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El desequilibrio se ubicó en US$ 1.769 millones en los 12 meses cerrados en diciembre, un monto que equivale a 5,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero eso incluye ingresos por los llamados “cincuentones” que dejaron su AFAP y volvieron a aportar solo al Banco de Previsión Social (BPS); si se excluye eso —dado que próximamente esos fondos se transformarán en egresos cuando ese colectivo se jubile— el déficit rondó los US$ 2.000 millones, es decir 6,0% del PBI.
Así surge de las cifras difundidas por el Ministerio de Economía (MEF) el último día hábil de enero; la cartera destacó en su cuenta de Twitter que el resultado estuvo “en línea con lo proyectado” en la ley de presupuesto quinquenal. La previsión indicada en la exposición de motivos de esa iniciativa era que el déficit del gobierno central-BPS sería de 6,6% del Producto, en parte por los gastos del Fondo Covid-19.
Revisión fiscal
Para 2021 en el Presupuesto se estimó una mejora fiscal de 2,8% del PBI, con lo que el saldo negativo anual se acotaría a 3,8% en función del decreto que en 2020 ordenó ahorros en el Estado y la “lógica de ‘Base Cero’” en la asignación presupuestal. Incluyendo al Banco Central (BCU), el déficit del sector público consolidado sería de 4,1%.
Pero la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, adelantó a principios de enero, en una conferencia de prensa, que mayores gastos en el contexto del Covid-19 impedirán cumplir con esa meta para 2021 y que el déficit será mayor, aunque no explicitó una nueva estimación. “La pandemia no terminó el 31 de diciembre de 2020”, alegó.
Junto con otros de la macroeconomía, los números fiscales serán puestos bajo revisión en estos días por el MEF. Arbeleche había anunciado que la práctica sería efectuar un análisis de las proyecciones de manera semestral —en este caso, en febrero de 2021, luego de la presentación en agosto con el plan presupuestal—: “No nos vamos a atar caprichosamente a un supuesto. Si la realidad está cambiando lo tenemos que manifestar”, aseguró en octubre en el programa radial En Perspectiva.
Antes del próximo lunes 11, cuando sesionará el Comité de Política Monetaria del BCU, se reunirá el Comité de Coordinación Macroeconómica en el que participan autoridades bancocentralistas y del MEF.
Desafío político
Horas antes de conocerse las cifras fiscales al cierre del 2020, el mismo 29 de enero la calificadora de riesgo canadiense DBRS comunicó su decisión de mantener la nota a la deuda pública uruguaya en “BBB(low)”, así como su perspectiva “estable”. La cuestión del déficit tiene una referencia central en su comentario: si bien el país sobrellevó “relativamente bien” el shock del Covid-19 en comparación con otros de la región, allí está el “desafío clave” en su perfil crediticio. “La evolución de la nota —hacia arriba o abajo— dependerá de la habilidad del gobierno en poner las finanzas públicas en una trayectoria más sustentable una vez que pase la pandemia”, señala. DBRS asegura que ve “positivamente” el plan fiscal de la administración de Luis Lacalle Pou, aunque su implementación “podría ser políticamente desafiante”.
