Especialistas locales y regionales celebran tratado internacional con “avances” para la protección de la vida marina en altamar

Hoy las zonas fuera de la jurisdicción nacional de los Estados, que inician a partir de las 200 millas de la costa, poseen una regulación muy limitada, lo que las hace especialmente vulnerables a la actividad humana, como la pesca industrial, y a los efectos del cambio climático.

“Se trata de un instrumento vinculante que busca regular todo el altamar, una zona que representa más del 60% de la superficie total de los océanos del mundo”, indicó.

El tratado incluye temas como la propiedad intelectual de los “recursos genéticos marinos” —de gran valor para la industria química y farmacéutica— y los mecanismos de gestión de las diferentes zonas geográficas hasta aspectos vinculados a las modificaciones institucionales.

Uruguay participó dentro de un grupo regional que comprendía los países de América continental, con excepción de Estados Unidos y Canadá. En ese marco, el país llevó adelante la coordinación del capítulo referido a la evaluación de impacto ambiental que los países que desarrollen actividades en aguas internacionales deberán implementar a partir de ahora.

“Hoy el principio en altamar es, aunque con restricciones, la libertad. Pero a partir de este texto los Estados que ratifiquen el acuerdo podrán involucrarse y pedir información sobre las actividades que se registren”, explicó.

La importancia para Uruguay de este acuerdo radica en que el país solo tiene control de sus aguas hasta unos 370 km de la costa; si se llevan adelante operaciones que causan un impacto ambiental “más allá de los estándares razonables, Uruguay hoy no puede hacer prácticamente nada”, dijo Mata. A partir de este acuerdo, se podrá denunciar situaciones ante un futuro comité científico para que se expida y plantear su inquietud en la Asamblea de Estados parte si entiende que la actividad puede producir impactos en su ZEE.

“Aspectos que hoy tenían demasiada libertad van a incorporar ciertas restricciones o por lo menos va a existir la posibilidad de que un tercero pueda interceder. También se estableció la naturaleza jurídica del altamar como patrimonio común de la humanidad, lo cual cambia radicalmente el panorama en cuanto a los derechos de los Estados sobre la zona”, indicó.

Con ese estatus, se entiende que la altamar pertenece a toda la sociedad internacional, por lo que es necesario adaptar todas las actividades que allí se realicen a esta convención.

“Es un cambio radical que probablemente no se vaya a ver a corto plazo pero va a tener una incidencia decisiva”, agregó.

En tanto, Alex Muñoz, director para Latinoamérica del programa Pristine Seas, una iniciativa de conservación marina de National Geographic, también celebró el acuerdo y dijo a Búsqueda que hasta ahora ha habido una regulación muy escasa en las actividades que se realizan en altamar.

Sin embargo, opinó que si bien a través del tratado se van a crear “herramientas importantes” para proteger las especies marinas en altamar, es necesario “mirar este acuerdo con cautela”.

“Si bien establece un mecanismo para la creación de reservas marinas, el quórum es muy exigente y difícil de cumplir. Seguramente pasarán varios años antes de que se cree una AMP en virtud de este acuerdo”, indicó.

Además, señaló el experto, la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental para actividades que se desarrollen en altamar dependerá en gran parte de la voluntad de los países responsables de llevar adelante dichas actividades, “lo que introduce una duda sobre su independencia”.

El texto, que ya comenzó a circular en su versión en inglés, todavía debe ser traducido en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas y ser aprobado oficialmente durante una instancia prevista para el mes de junio. Recién a partir de ese momento, los países podrán suscribir y eventualmente ratificar el tratado para que entre en vigor.

El Ministerio de Ambiente también apoyó a Cancillería durante las negociaciones del tratado. Según indicó a Búsqueda el director de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia, esto se vincula con la política exterior de los países, puesto que regula aguas internacionales. Pero indicó que de igual modo puede tener consecuencias locales al regular actividades que puedan impactar en aguas nacionales.

“Por ejemplo, si se instala una plataforma petrolera en altamar o se realiza minería de aguas profundas, eso puede generar impactos indirectos en nuestro mar territorial, algo que hoy no está sujeto a ninguna regulación ambiental”, explicó.

Es por eso que para el jerarca este tratado constituye “un avance para la humanidad en términos de protección de la biodiversidad, de los impactos ambientales y del aprovechamiento de los recursos genéticos en un ámbito que hoy es tierra de nadie”.

Desde el Estado no quisieron adelantar si Uruguay ratificará efectivamente este tratado, ya que “todavía queda un camino por recorrer”, dijo Mata.

“En principio Uruguay está de acuerdo en lo sustantivo; para los Estados pequeños territorialmente opera como una cierta garantía. Es un instrumento más para poder influir en esa zona marítima inmensa como es altamar, sobre todo en la preservación del ambiente”, cerró.