UTE intenta aplicar desde hace años el Plan Bambú, una reestructura que los jerarcas de la empresa querían que fuera “el buque insignia” de las reformas dentro del Estado y que sirviera de ejemplo para el resto de la administración pública.
A favor de la reestructura jugaba el hecho de que en el Directorio había acuerdo en llevarla adelante. Pero esa situación se deterioró con los meses, luego de que denuncias y cortocircuitos fueran complicando el plan.
Hay más de 40 juicios encaminados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en contra de UTE por los ajustes y asignaciones de cargos que se dispusieron en el marco de Bambú. Según supo Búsqueda, se presentaron más de 900 recursos.
En octubre del 2013 se aprobó la reestructura y el jueves 4 de setiembre de este año se aprobó su implantación. Pero eso no dejó conformes a los sectores en juego. Una parte del sindicato de trabajadores (Aute), la mayoría del de mandos medios (Aprom), y un integrante del Directorio de UTE entienden que “persisten las inequidades” o que se degrada e ignora a cientos de funcionarios.
El malestar no se concentra en un sector del ente: hay gente desconforme desde los puestos gerenciales y medios hasta los funcionarios de planta, dijeron a Búsqueda fuentes sindicales y jerarcas.
“Incertidumbre”.
El sábado 13 el presidente de Aprom, Eduardo Ríos, dijo a “El País” que “están hipotecando a la empresa desde el punto de vista de la gestión” porque la reestructura implica una degradación del 20% de la plantilla.
Consultado por Búsqueda, Ríos explicó que uno de los problemas es la “valoración de cargos”. Hay sectores “que salieron perjudicados o favorecidos dependiendo del lobby que tienen las líneas”.
Ríos evaluó que “más importante que una diferencia salarial es la dificultad que se genera para gestionar la empresa de esta forma”, porque “la gente se ve desvalorizada en su trabajo”. También, agregó, hay gente que “está varada porque en la reestructura su cargo ha desaparecido y no le dicen a dónde va a parar, generándole incertidumbre”.
El dirigente dijo que “la escala salarial no está acompasada con las condiciones de mercado” y aunque “la reestructura venía a solucionar ese problema, lo que hizo fue aumentar la diferencia”.
“Todos los sectores están disconformes con esto”, sostuvo.
En las últimas semanas llegaron al Directorio cartas de Aprom y de un grupo de gerentes de primer nivel que advirtieron que la implementación de Bambú va a restar “eficiencia y eficacia” a la gestión y que ya se están notando los problemas.
“Nadie pierde”.
El jueves 11 el Directorio aprobó por unanimidad tres resoluciones. Una estableció la correlación de cargos entre la vieja y la nueva estructura. La segunda era la nómina de funcionarios que ocuparán los nuevos puestos. La tercera fijó la equivalencia con la nueva escala salarial.
Una fuente cercana al Directorio de UTE explicó a Búsqueda la versión oficial: “Nadie pierde un peso en la reestructura. Fue acordado con el sindicato Aute que aquel funcionario cuyo puesto fue valorado en un grado inferior seguiría manteniendo lo que estaba cobrando. Y además se le iba a establecer una equivalencia con el grado que tenía en la nueva estructura, que tiene remuneraciones superiores. El 100% del personal gana económicamente con esta reestructura”.
La reestructura, prosiguió, implica “definir los nuevos puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades de hoy”, lo que “implica nuevos puestos de trabajo que deberían tener un nuevo valor relativo”.
UTE contrató a dos consultoras; una se encargó de la estructura y otra de analizar los puestos de trabajo. Pero al valorar los cargos “resultó algo que no era esperado: que una gran cantidad de puestos de trabajo dieron a la baja”.
“Quiere decir que en la estructura vieja estaban mejor valorados que en la nueva —dijo la fuente—. Eso genera enojos”.
“Deterioro”.
Algunos de los cambios siguen sin convencer a todo el Directorio.
El director por el Partido Nacional, Luis Eduardo Pereira, advirtió en la sesión de Directorio del 21 de agosto, que los jerarcas harán “muy mal” si no aceptan “rever ciertas posiciones”, porque se desnudarán “algunas carencias” y se hará “más difícil encontrar soluciones satisfactorias para los conflictos emergentes”.
Según el acta a la que accedió Búsqueda, Pereira dijo que UTE debe decidir si las remuneraciones de los funcionarios “evolucionarán acompañando la nueva escala retributiva sin variar el grado y categoría que hoy tienen” o si “la equivalencia no se reconoce, quedando así explícito que se les rebaja de escalafón o grado y salario”.
El director propuso que se adopte el criterio de que haya cargos que cesen cuando queden vacantes. Afirmó que busca “evitarle a UTE la consecuencia de ulteriores acciones judiciales que podrían dañar las arcas públicas”.
Pereira basó su opinión, según dijo, en informes jurídicos internos y de especialistas en el tema, como el jurista Juan Pablo Cajarville.
En la sesión del 4 de setiembre el director reconoció “los esfuerzos” del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, “en procura de un bálsamo” que “mitiga ciertos aspectos”. Pero aun así, sostuvo que para el 20% de la plantilla de UTE “persisten inequidades”.
Opinó que el Directorio sigue “estando en falta” y que si no hay un cambio en el rumbo “aparecerán insatisfacciones” y les exigirán a los jerarcas “responsabilidad por el deterioro infligido” a UTE.
Negociaciones.
En el medio de esta controversia general hay elementos puntuales que generan “mucho malestar”, dijeron a Búsqueda varias fuentes de la UTE.
Muchas quejas obedecen a que miembros de Aute “negocian para su interés personal” y no para todos los trabajadores, dijo una fuente.
Esa molestia se dio en particular en los casos en que no había un cargo que correlacionara con la vieja estructura y se debió negociar, dentro de cada sector, en reuniones en las que participaron representantes de Aute y de UTE. Una vez acordada la correlación, y establecido si para pasar de un grado a otro había que dar una prueba de suficiencia o participar en un concurso, eso fue elevado al Directorio para que decidiera. Una fuente cercana a la conducción de UTE sostuvo que hubo más de 100 casos así y se acordó en más del 90%.
En un caso del que tuvo conocimiento Búsqueda, dos delegados de Aute estaban involucrados en el problema y participaron en la negociación, que llegó a establecer una correlación para pasar de un cargo a otro con una prueba de suficiencia. Esos dos delegados ocupan puestos que fueron discutidos en esa reunión.
Algunas fuentes sindicales consultadas consideraron que el caso plantea “una clara conjunción de intereses”.
En cambio, desde la óptica del oficialismo “el caso no los involucraba a ellos sino a sus puestos de trabajo” y ocurrieron otras situaciones como esa.
“Cualquier delegado sindical, cuando va a discutir con la patronal va a defender su interés y está afectado por lo que va a discutir —dijo un informante—. Eso es lo que pasó en este caso”.
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