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    Hay una “política de Estado” para la digitalización del sector público uruguayo

    En una región caracterizada por la baja productividad, la desigualdad socioeconómica y una escasa confianza en los gobiernos, la transformación digital del sector público es una oportunidad para lograr una mayor transparencia que limite el riesgo de la corrupción, así como de dar servicios más accesibles y eficientes. Dentro de un panorama diverso en esta materia en América Latina, en Uruguay estos cambios tienen el carácter de “política de Estado” y lo posicionan, en ciertos aspectos, un caso “líder”.

    La pandemia del Covid-19 puso de relieve lo “urgente” que es esta agenda para los estados latinoamericanos que presentan retos de larga data: grandes plantillas de funcionarios públicos, influencia política en procesos de selección y limitados incentivos para las carreras administrativas, entre otros, describe Moisés J. Schwartz, gerente del sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el prólogo de Transformación digital y empleo público: el futuro del trabajo del gobierno. En el lanzamiento de esa publicación, efectuado el jueves 6, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, destacó cuatro puntos que desde su repartición trabaja en sintonía con las buenas prácticas identificadas en el documento: fortalecer los mecanismos de atracción y retención del “talento digital”; la inversión en capacitación en esas áreas; trabajo en conjunto con otros organismos; y la digitalización de la “arquitectura de datos”.

    Si la “transformación digital” en la región “dependiera exclusivamente de una gran reforma del servicio civil, sus probabilidades de éxito serían bajas. Las mejoras en el servicio civil como un todo suelen tener una implantación gradual y, para poder lograr avances reales, requieren una firme voluntad política y que sean una política de Estado. Por eso, las lecciones aprendidas de España, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y otros países del mundo pueden arrojar luz sobre reformas pragmáticas”, afirma el BID.

    Recursos digitales

    El estudio se apoyó en varias encuestas: una realizada a 718 gerentes públicos latinoamericanos, y otra a 25 entes rectores digitales de la región y tres países “líderes” a escala global en transformación digital. Los datos dejan en evidencia los progresos a medias conseguidos, en general, en América Latina: el 64% de los jerarcas encuestados participó en los últimos cinco años en un proyecto de tecnología que sufrió dificultades por falta de habilidades del personal responsable. La mitad (51%) reconoció tener un déficit severo o muy severo de habilidades de análisis de datos, mientras que el 40% identificó una falta de preparación en torno a los temas de programación y desarrollo de software. Para esas preguntas no se presentan datos para cada país.

    En cambio, Uruguay aparece señalado como parte del 74% cuyos “directores de gobierno” digital admitieron que en el último año padecieron la falta de presupuesto como un obstáculo para contratar el personal necesario.

    Actualmente, el mercado laboral de los profesionales del área de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presenta una escasez y, en muchos casos, el sector público en América Latina no puede competir con las compensaciones que se ofrecen en el ámbito privado. Una opción —destaca el BID— es crear un pago específico para cargos digitales, como hicieron Uruguay y España. También menciona el Plan Ceibal como una política para fomentar la educación en habilidades digitales entre la población.

    “Enorme estabilidad”

    En España, Reino Unido y Uruguay la política digital del Estado es una “agenda que ocupa un lugar privilegiado entre las prioridades del gobierno”, afirma el documento del BID. Eso —agrega— está reforzado por la ubicación institucional dada a organismos encargados en la materia, como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) uruguaya; fundada en 2005 en la órbita de la Presidencia de la República, tiene la misión —asignada por ley— de promover el avance de la tecnología en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el gobierno.

    La agenda que lidera la Agesic “ha gozado de una enorme estabilidad (con un solo director a cargo desde su creación hasta inicios de 2020), convirtiéndose en una política de Estado que trasciende los turnos políticos”, subraya el documento. Su actual responsable ejecutivo es Hebert Paguas, sucesor de José Clastornik; por encima actúa un Consejo honorario que hoy integran Ramos y otros dos jerarcas. Contar con un referente de “renombre puede ayudar a transmitir las aspiraciones de la entidad a la comunidad tecnológica más amplia”, indica, y apunta que en los casos de Uruguay y Estados Unidos el “primer líder provenía de una empresa reconocida del sector privado”.

    Repasa que, desde su nacimiento, la Agesic tuvo entre sus objetivos la creación de la infraestructura TIC básica en el sector público, la digitalización de servicios públicos y la construcción de capacidad digital a lo largo del gobierno. En 2019 contaba con 325 funcionarios, aproximadamente tres cuartos de los cuales eran contratistas vinculados (con presupuesto público) por una “fundación externa al gobierno para lograr posibilidades de mayor remuneración y modalidades de vinculación más ágiles”.

    El BID describe como un hecho “notable que en los tres países líderes en materia digital analizados” en este estudio (España, Estonia y Uruguay) hubo “muy poca rotación de personal con el último cambio de gobierno y existe una permanencia media de entre tres y seis años”. Eso, señala, sugiere que hay una “apuesta por fluidos mecanismos de reclutamiento y selección con permanencias relativamente cortas o con salidas temporales al sector privado o a organismos internacionales”.

    Aun en un contexto sin competitividad salarial plena con el sector privado, ofrecer sueldos más altos puede ayudar a retener y atraer “talento digital”, más allá de cuál sea la modalidad de vinculación elegida (esquema a corto/mediano plazo o de carrera), apunta. En la Agesic, una mayoría de los funcionarios es vinculada a través de una fundación que le permite pagar sueldos más altos (además de procesos de reclutamiento rápidos). Por otro lado, un cambio normativo posibilita remunerar hasta un 15% más de lo establecido por la ONSC a ciertos cargos clave en la agencia. En vista de estos “arreglos heterogéneos”, en 2020, el gobierno estaba explorando la creación de una nueva ordenación en posiciones para futuros funcionarios, que evalúa el peso relativo de cada puesto y, por tanto, permite hacer un análisis más preciso de su competitividad salarial respecto del mercado laboral general y poder remunerar de forma más efectiva”, reseña el documento.

    Otro punto que destaca del caso uruguayo es que, al igual que España y Reino Unido, creó mecanismos para el fomento del aprendizaje continuo de los profesionales digitales en cuestiones como interoperabilidad, gestión del cambio y salud digital. En cuanto a la exposición a tecnologías “emergentes”, si bien de las encuestas surge un reconocimiento general de que no es el núcleo del trabajo, en la Agesic por ejemplo existe un grupo de trabajo entre cuyas responsabilidades está promover el entendimiento y el uso de las nuevas tecnologías. También coordina cursos sobre temáticas innovadoras (como blockchain, arquitectura empresarial, transformación basada en datos y microservicios) tanto para sus funcionarios como para los de otros organismos.

    A todo esto, actuando en Consejo de Ministros, el presidente Luis Lacalle Pou aprobó el martes 4 la Agenda Uruguay digital 2025 liderada desde la Agesic, que fue difundida el jueves 6. Entre otros objetivos, figura el de propiciar una “aceleración digital de las organizaciones públicas. Impactar cambios en los modelos de gestión, la estructura organizativa, los sistemas de información y promover el desarrollo de competencias digitales en el sector público”.