Huevos, ovarios y comunicación pública

Cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le pidió a Viera que informara sobre esos dichos respondió que hizo ese comentario “en confianza” y que de haber sabido que estaba siendo grabada no se hubiera expresado “tan groseramente”, consignó El Observador. El artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación establece que los fiscales deben “guardar el debido respeto a todas las personas con las cuales se relacionen en razón del cumplimiento de su cargo”. En ningún lado aclara si el “debido respeto” y los modales cambian cuando se trata de una grabación o fuera de ella. Un argumento absurdo el de la fiscal que escapó por la tangente.

Sobre su comportamiento en general hay que hacer algunas precisiones porque una cosa es el trabajo técnico-jurídico y otra esas reacciones patoteras ante los periodistas. Empecemos por sus dichos a Bianchi y Barreneche. Alguien debería explicarle a la fiscal que “lo cortés no quita lo valiente”, el antiguo aserto de Corte Real española donde todos se trataban con cortesía.

Algunos confunden la cortesía o los buenos modales con debilidad y por esa razón se expresan o responden con tosquedades como las dos señaladas, aunque es compartible que a la fiscal no le importe lo que otros le endilguen sobre sus apariciones públicas. Pero para responder con firmeza no hacen falta ordinarieces. La amabilidad y los modales educados —aunque algunos crean que están pasados de moda— nada tienen que ver con debilidad. Conozco bien a fiscales y exfiscales que nunca se expresaron de esa forma con los periodistas. Por citar solo algunos del pasado: Olga Carballo, Cristina González, Mirtha Guianze y Rafael Ubiría, y de los actuales Carlos Negro, Adriana Edelman, Pablo Ribas, Mónica Ferrero, Rodrigo Morosoli, Juan Gómez o Ricardo Perciballe. No son los únicos.

Los cuestionamientos a Viera refieren a esas relaciones interpersonales porque sobre su accionar procesal y público casi nada hay que decir. Durante el proceso dentro del marco del CPP cada parte juega su partido y lo hace de la manera que considera más conveniente para sus intereses. Muchos han quedado prendidos al arcaico concepto de que jueces y fiscales solo “hablan” en el expediente y que sus apariciones en la prensa forman parte de una autopromoción, por lo cual los tildan peyorativamente de “mediáticos”. Ese razonamiento con olor a naftalina murió. No solo por la libertad que deben tener los magistrados, sino también porque cada vez más los periodistas tratan de seguir paso a paso lo que ocurre en los trámites judiciales, especialmente en el área penal. Es el único camino para que los ciudadanos se mantengan informados. La transparencia es un derecho humano reconocido por normas internacionales. Lo otro es totalitarismo.

Seguramente debido a la arcaica historia procesal que terminó en 2017 con el CPP muchos consideran que la reserva, el sigilo, el misterio del trámite (llámele como prefiera) se mantiene impuesto por normas. No es así, especialmente para los fiscales que ahora conducen las investigaciones penales a través de la policía. Si a alguien de fuera del sistema esto no le queda claro, basta con que mire alguna de las series policiales o judiciales por TV porque los fiscales uruguayos tienen un accionar similar que los de la ficción. En la vereda de enfrente, también los abogados defensores. Entre ambos se ubica el juez, que cumple una función de árbitro y es quien deberá juzgar las responsabilidades penales a la luz de las posiciones que le expongan fiscales y defensores.

Resulta extraño tener que reiterar estos conceptos a casi cuatro años de la entrada en vigencia del CPP y a más de 10 de su discusión, pero con frecuencia se leen y oyen opiniones sobre el proceso penal como si nada hubiera cambiado, como si aún estuviera vigente el sistema inquisitivo a puro papel y computadora y no el actual acusatorio oral y público.

Es cierto que la fiscal Viera ha expresado con énfasis sus puntos de vista a través de los medios de prensa. Es que la intervención de las fiscalías es insoslayable y como conductoras de la investigación actúan como promotoras de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad o de los derechos de los ciudadanos. El fiscal debe ser un servidor de la ley en el camino de reunir pruebas o indicios suficientes de acciones antijurídicas de los investigados, como ocurre en el caso de los involucrados en la Operación Océano dentro de la casi ignorada ley Nº 17.815 de 2004, la imputación más común en este caso. Se trata del delito de promesa de retribución de adolescentes a cambio de sexo. Se castiga con una pena de dos a 12 años de penitenciaría. La búsqueda de pruebas o indicios es lo que está haciendo Viera para determinar más tarde si pide condenas.

La semana pasada en una entrevista de Victoria Fernández en Búsqueda, Díaz se manifestó sobre algunos reproches que los defensores le hacen a Viera sobre sus apariciones públicas y la respaldó porque: “El partido se juega en la cancha y fuera de la cancha” mediante una estrategia que diseñó la Fiscalía. Si mi memoria no me falla —aunque a veces resbala—, este es el caso penal más debatido públicamente desde la época de la investigación sobre la venta del Banco Pan de Azúcar que en 1996 condujo al procesamiento de Enrique Braga. Bienvenida sea la publicidad.

Parece claro —argumentó Díaz sobre las explicaciones públicas de la fiscal— que para la gran mayoría de las personas “determinadas conductas que pueden ser admitidas en determinados sectores de la población son delito” y que merced a la divulgación de los hechos investigados “todo el mundo tiene claro que tener relaciones con una persona menor de edad a cambio de una remuneración o promesa de remuneración es delito. Hoy en Uruguay no lo duda nadie. Desde ese punto de vista tuvimos un resultado. Después en los avatares del juicio, se verá”.

La jueza Beatriz Larrieu fijó para este viernes 5 de febrero una audiencia general con la intervención de la Fiscalía, los abogados defensores, 20 víctimas y 33 imputados. En esa instancia la fiscal podría solicitar ampliar las imputaciones aunque no es segura su realización debido a la pandemia y al elevado número de asistentes. Los avatares del juicio van para largo.