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    Impuesto a las grandes extensiones de tierra

    En estos días unos de los temas de política nacional que esta en el tapete es el declarado inconstitucional impuesto a la concentración de tierras (ICIR).

    Cuando se planteó el mismo el gobierno dijo que tenía como finalidad evitar o frenar las grandes concentraciones de la tierra.

    Cuando se descubrió que dicho impuesto generaría aprox. U$S 60 millones se cambió la finalidad para decir que tenía como destino el mantenimiento de caminería rural.

    Aquí empezó el beneplácito de los intendentes al ver que recibirían algún dinero; según  la información de prensa los intendentes estarían de acuerdo con dicha recaudación.

    Ahora que fue derogado por inconstitucional se están buscando nuevas formas de recaudar ese dinero.

    Yo me pregunto por qué los intendentes no gravan esas grandes extensiones a través de un mecanismo constitucional, totalmente legal, y que está fácilmente a su alcance ya que todos tienen mayorías en sus gobiernos departamentales, la contribución inmobiliaria rural estableciendo alícuotas diferenciales para esos predios de más de cierta cantidad de hectáreas.

    Aquellos departamentos donde hay más predios objeto del gravamen recaudarían más, lo que parece muy justo: se  dice que las grandes explotaciones son las que más desgastan la caminería rural.

    Bueno, la propuesta se basa en la finalidad de la recaudación; si hay otros intereses o compromisos ocultos detrás de esto  ya es otra cosa.

    Por otra parte se insiste mucho en la utilización de la caminería por los camiones que realizan el transporte de producción y que alguien tiene que pagar eso; me  gustaría saber cuánto se recauda por concepto de patente, impuesto  a los ejes y peaje que pagan esos camiones y qué destino tiene ese dinero. 

    Rolando Díaz