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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) advirtió que de aprobarse una serie de artículos que aumentan las penas a los jóvenes que cometen delitos —incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración— el sistema puede llegar a colapsar al final del actual período de gobierno debido a la “fragilidad” presupuestal y de infraestructura del organismo.
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Para poder acompasar el crecimiento en la cantidad de adolescentes recluidos que provocaría la normativa proyectada, las autoridades del Inisa estiman que se necesitará incrementar el presupuesto en 83%.
El proyecto establece que la privación de libertad de los adolescentes infractores no será menor a los dos años (hoy es de 12 meses), que se mantendrán los antecedentes penales luego de cumplir los 18 años en caso de cometer delitos graves y que la pena máxima de reclusión pasará de cinco a 10 años.
Estas ideas causan resistencia en varios legisladores de la coalición y por eso trabajan en una redacción alternativa. Las penas más severas serían solo para el homicidio especialmente agravado y se mantendría el régimen de semilibertad cuando se cumpla determinado tiempo del castigo. Además, se analiza cambiar el proyecto para evitar que la prisión obligatoria de dos años se aplique a las rapiñas —el principal delito cometido por los jóvenes—, ya que eso producirá serios problemas en el sistema, según han advertido varios expertos.
Las autoridades del Inisa se reunieron el martes 19 con la comisión especial del Senado que analiza el proyecto de ley. Allí presentaron un documento de “análisis de riesgo y situación presupuestal” del organismo ante la norma prevista y rechazaron los cambios planteados. El Inisa está presidido por Rosanna de Olivera, que fue designada por Cabildo Abierto.
Los técnicos del organismo estiman que con la normativa actual la cifra de adolescentes recluidos podría ascender de 294 (según los datos de 2019) hasta un máximo de 523. Pero con los cambios propuestos en la ley urgente el número podría llegar a 660.
En el informe se recuerdan las limitaciones presupuestarias y de infraestructura para atender un crecimiento tan grande de la población.
De acuerdo al estudio, para atender a una población de 680 personas se necesitarían poco más de 1.500 funcionarios, cuando hoy son 878.
Los técnicos estiman que solo en infraestructura, alimentación y recursos humanos (para trato directo) el gasto se debería incrementar —al final de período— en aproximadamente $ 1.150 millones. Si a esto se le suman otros rubros de funcionamiento, el ingreso adicional de personal e inversiones necesarias, el incremento tendría que llegar a $ 1.800 millones.
“Los resultados de la proyección de población muestran el peor escenario posible, no obstante cualquier punto intermedio presentará escenarios preocupantes si consideramos la fragilidad presupuestal y de infraestructura”, concluye el informe.
En tanto, el presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el uruguayo Luis Pedernera, envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que le solicita que revea la decisión de mantener en el proyecto de ley el capítulo de adolescentes infractores. Consideró que esos artículos son “un duro golpe a las débiles garantías” establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia.
“La evidencia internacional es contundente, los sistemas construidos sobre la privación de libertad, el endurecimiento de penas y el no reconocimiento de la respuesta penal específica solo amplifican la violencia que dicen querer controlar, suponen mayores costos a los Estados y no contribuyen a resolver la temática, sino todo lo contrario”, advirtió.
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