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El ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, se ha caracterizado por ser un gobernante informado y preocupado por el patrimonio edilicio y urbano; desde mucho antes de asumir como jefe comunal. Se podrá discrepar con él sobre muchas otras cosas, pero respecto de esa vocación, dedicación y conocimientos difícilmente haya cuestionamientos.
Por eso sorprendieron sus declaraciones de la semana pasada a Búsqueda. No por sus opiniones, sino por algo que puede parecer secundario pero que importa por el fondo de la cuestión. Al parque ubicado en el frente del ex Edificio Libertad, Arana le sigue llamando “Parque de las Esculturas” pese a que hace casi cuatro años pasó a llamarse “Parque de la Magistratura”.
Si a un especialista, ex intendente y actual edil le resulta desconocida la nueva denominación de un lugar clave de la ciudad, con más razón a la amplísima mayoría de los ciudadanos que seguramente no se enteraron del cambio. Hay que admitirlo: tampoco hubo información adecuada y por otra parte a pocos le importa, como lo demuestra la nula reacción de los magistrados para sumarse a la iniciativa de la Junta Departamental.
El nuevo nombre fue dispuesto el 6 de setiembre de 2012 por el decreto Nº 34319. Alguien que participó en su gestación me comentó que el objetivo fue establecer un espacio amplio y cercano para el recuerdo, homenaje o instalación de elementos para recordar aspectos vinculados a la función jurisdiccional, a la historia legal en general o a magistrados destacados. Pocos jueces y fiscales lucen hoy en el nomenclátor. Tal vez porque los políticos —los encargados de esas designaciones— consideran que esas profesiones no tienen el mismo valor que la de políticos, deportistas o escritores, que abundan.
Le asiste razón a Arana cuando dice que el estado del parque “es una vergüenza” y reclama acciones tanto del gobierno nacional como del municipal. Si alguien analizara el despilfarro del dinero público (por citar solo dos casos recientes: Pluna y Ancap) en relación con las necesidades para iluminar, mantener y vigilar esos espacios, concluiría que con chirolitas del despilfarro sobraría.
No lo expresa Arana pero para esta nueva etapa también se puede solicitar el aporte de los organismos o gremios involucrados en la actual denominación y, como en otros parques o plazas, hacer acuerdos de colaboración comercial, para el caso con el shopping Nuevo Centro ubicado a poca distancia.
El parque —diseñado por el arquitecto Enrique Benech con la asistencia del arquitecto Marcelo Danza— se inauguró en 1996 durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Indiscutido conocedor del arte, Sanguinetti lo planificó y dispuso que se instalaran esculturas de Pablo Atchugarry, Germán Cabrera, Jorge Abbondanza, Ricardo Pascale, Gonzalo Fonseca y Mario Lorieto, entre otros. Pero desde que el Poder Ejecutivo trasladó su sede a la Plaza Independencia el lugar se descuidó.
Algunas esculturas están degradadas y oxidadas, y otras han sido el objetivo de los vándalos. Desapareció la vigilancia. Alguien podría argumentar, con razón, ¿cómo pretender vigilancia para proteger objetos inertes si no se protege a los vivos? Y sí.
Más que la inadvertencia de Arana asombra que ni la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ni los gremios de magistrados hayan tomado medidas para homenajear a integrantes destacados en la historia institucional y democrática del país. También pueden recordar hitos de esas instituciones. Sin mucho margen de error estoy convencido de que la mayoría de los magistrados desconoce la nueva denominación y su objetivo. O de repente no les interesa tomar decisiones por la polémica que puedan generar.
¿Qué objeciones puede provocar recordar a los integrantes de la primera Corte (entonces Alta Corte de Justicia) que en 1907 integraron los ministros Ezequiel Garzón, Luis Piera, Domingo González, Alberto Fein y Benito Cuñarro?
¿O que el Ministerio Público recuerde la fecha de creación de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, también de 1907, y su reciente independencia del Poder Ejecutivo más de un siglo después? Algo similar ocurre con el TCA creado en 1952 y un árbitro de los conflictos administrativos.
Los gremios de magistrados deben estar incluidos: sus fechas de creación y los primeros presidentes. O establecer desde cuándo rigen los primeros códigos, o quién fue la primera mujer que integró la Corte (en democracia, Jacinta Balbela), o a los jueces y fiscales destituidos por la dictadura. Sobran hechos y nombres. Lo que falta es voluntad y sensibilidad. No es cuestión de dinero.
Está claro que el parque no es exclusivo para jueces y fiscales. Es “de la magistratura”, un concepto mucho más amplio vinculado a las leyes, las instituciones y la historia.
Precisamente, el primer paso surgió de afuera de la magistratura. En octubre de 2014 la Intendencia de Montevideo obtuvo mediante el decreto 35.17 autorización para colocar en el parque un monolito con la inscripción de los artículos 4º, 5º y 6º de las Instrucciones del año XIII. El cuarto establece la obligación del gobierno de conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos, el quinto la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y el sexto que esos tres jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes.
