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El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, archivó la investigación por el uso indebido de la tarjeta corporativa del Banco República (BROU) por parte del exdirector blanco Pablo García Pintos, entre 1995 y 2005, porque consideró que el delito prescribió.
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“El peculado tiene una pena máxima de 6 años de penitenciaría, el plazo de 10 años para que se considere prescripto el delito, y por ende extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, operó en marzo de 2015”, indica el escrito que Fiscalía publicó este viernes en su web.
En marzo de 2018, Búsqueda publicó que entre los años 2000 y 2005 cuatro exintegrantes del Directorio del BROU realizaron aproximadamente 400 compras con sus tarjetas de crédito corporativas, definidas por un informe oficial como “derogaciones ajenas a la función específica” que desempeñaban en el ente.
Se trataba de Milka Barbato, Daniel Cairo, Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, que entre esos años ocuparon puestos como presidentes, vicepresidentes y directores del BROU.
Tras un informe revelado por Búsqueda, García Pintos admitió a Radio Sarandí que parte del dinero que retiraba con la tarjeta corporativa del banco era para hacer aportes al Partido Nacional, el herrerismo y el Instituto Manuel Oribe.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitió esas declaraciones a la fiscalía de Rodríguez para que estudiara si se había configurado el delito de peculado. En el dictamen, Rodríguez aseguró que García Pintos sacó “un beneficio indebido, evitando gastar de su propio sueldo, al hacer el pago de sus obligaciones particulares partidarias, apropiándose y gastando dinero del Estado del que estaba en posesión a través de la tarjeta institucional, para afrontar un gasto que nada tiene que ver con las necesidades del BROU y con la función que cumplía el Director como funcionario del Ente”.