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El consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado este miércoles 12 de agosto frente a la posibilidad de que Uruguay reciba a migrantes deportados del gobierno de Estados Unidos, negociaciones que lleva adelante Cancillería.
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El organismo asegura que la política migratoria nacional es un “haz de derechos humanos”, donde existe una “larga tradición dando acogida y protección a inmigrantes que lo solicitan”, y que el país tiene “la oportunidad y la responsabilidad” de abordar la situación “manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona”.
Para la Inddhh, la recepción de deportados “solo puede considerarse” si se cumplen “como mínimo” algunas condiciones, entre las cuales menciona que Uruguay haga entrevistas individuales a las personas, que deben ser realizadas por técnicos, en un marco de confidencialidad y con una “manifestación explícita” de solicitar refugio. Otro de los puntos es que “en ningún caso” formen parte del programa menores no acompañados.
Además, plantea que el traslado debe ser realizado “con todas las garantías”, con el objetivo de evitar “toda posible interpretación” de ser un “traslado forzado”. En ese marco, sugieren que las personas tengan “de inmediato” acceso a documentación que les permita regularizar su situación y “garantizar su libertad de movimiento fuera del país”, establece el texto.
La Inddhh transmitió en el comunicado que se pone a disposición para apoyar en la construcción de las garantías y que se compromete a monitorear el proceso.