La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensores del Pueblo

1. Sostiene la directora saliente, Mariana González, que la INDDHH aspira a ganar “poder moral”, para lo cual se requiere “tiempo”. Discrepo.

En 2016 desde medios de prensa se cuestionó que en sueldos, aguinaldo, y cargas legales de los cinco miembros del consejo directivo de la INDDHH en 2015 se gastaran $ 11.456.138, lo que representa unos 74.000 dólares por consejero por año, o sea, más de 6.100 dólares por mes para cada uno. Y sin embargo, en la última memoria se informa que “el 2016 fue un período de transición donde se dedicó tiempo a que las nuevas funcionarias ingresadas conocieran cabalmente los cometidos del MNP”. La amenaza burocrática es una espada permanente.

Un observador extranjero podría preguntarse las razones de la demora anotada cuando el país está gobernado por la izquierda desde 2005 y tradicionalmente esa corriente ideológica había sido hasta hace casi dos décadas dura y pertinaz crítica del accionar policial, así como de las prácticas de tortura.

Los lectores recordarán que en 2010 fue conocido el Informe Nowak del relator especial de la ONU sobre Uruguay, en cuyas recomendaciones se encaminaban “a prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones en las cárceles”. Esta recomendación hacía énfasis, entre otros aspectos, en la elaboración “de un sistema moderno de justicia a de menores encaminado a la prevención del delito y la rehabilitación de los menores delincuentes” (pág.39).

En 2014, le cupo a la INDDHH elaborar el informe de situación sobre menores internados en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa), que —puesto a consideración del Comité Contra la Tortura de la ONU— derivó en una comunicación al gobierno uruguayo en que se denotaba la “preocupación” porque “los casos de malos tratos documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como ‘el paquetito’ —atar a las personas de pies y manos enganchando los grilletes por detrás—, castigos de carácter vejatorio y humillantes incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa e invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”.

No obstante, en 2015 ocurrieron los hechos ampliamente denunciados respecto a violación de los derechos humano de menores internados en otra dependencia.

Y recientemente en las páginas de Búsqueda pudo leerse la opinión del español Jorge Cardona, integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, denunciando que en el país hay “centros de reclusión en los que se violan los derechos humanos y, en algunos de ellos, la situación en la que están los menores de edad es peor que la que vivieron quienes estuvieron presos durante la última dictadura (1973-1985)”.

La INDDHH cumple con denunciar que Uruguay ocupa el segundo lugar en la región en el índice de prisionización (porcentaje de presos y presas en relación a la población), que alcanza la cifra de 291 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.

Al 2016, del total de las personas privadas de libertad solo un 30% tenían sentencia firme, mientras que el 70% estaban procesados. Esta situación es más aguda entre la población carcelaria del interior del país, donde el 83% está en espera de su sentencia.

También califica de endémico el tema carcelario al que no le ve solución a corto plazo.

2. En la nota de referencia las autoridades de la INDDHH adelantan que habrá un museo de la memoria y que se informará a la población de la existencia de… la INDDHH.

Lo segundo es incomprensible. ¿A nueve años de haber sido creada la institución entiende imperativo darse a conocer?

Retomemos a Cardona: “Y todo eso se da en una sociedad que está de espalda a esa situación y por lo tanto permite esas violaciones a los derechos”.

Sobre el proyectado museo algo puede deducirse de las actividades ya cumplidas por la INDDHH respecto a la historia reciente. El lector interesado deberá leerlas por sí mismo en el citado informe a la Asamblea General pues el espacio no permite desarrollarlo. Pero se puede inferir que el enfoque de memoria e historia inmediata es más de lo mismo de lo que ha hecho el Museo de la Memoria (Mume), instalado en la quinta de Santos. Relato piadosa y obstinadamente hemipléjico de la historia y por ende omiso en la memoria. Por lo mismo no concita el masivo reconocimiento ciudadano. La memoria puede ser positiva o negativa en función del uso que le demos. Si sirve a los deberes de verdad y de justicia es válido; si se pretende que sea útil a un objetivo inmediato, se equivoca.

Ojalá que ese proyectado museo tenga otros componentes y concepciones, pues la memoria tiene un poder que puede superar al de la historia, pero siempre tendrá que ajustarse a esta a riesgo de que le ocurra lo mismo que a la Casa del Terror inaugurada en 2002 en Budapest. Es un museo con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía húngara el conocimiento sobre los períodos totalitarios del nazismo y el comunismo. Omitía la lucha partisana contra la ocupación alemana durante la II Guerra Mundial y distorsionaba el genocidio judío. La reacción que provocó la distorsión histórica en historiadores, intelectuales y parlamentarios del propio partido conservador que lo inauguró, llevó al parlamento a solicitar su clausura en 2003. El gobierno en lugar de reformular su concepción optó por recortar en 50 por ciento los recursos para el museo.

Hugo Machín