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La voz grave de Julio Sosa parece acentuar la palabra “impostura”. Escuchar el tango Cambalache mientras leo las noticias me permite reafirmar que la letra mantiene su verdad mágica 82 años después de escrita: “Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón”.
Las referencias sobre Uber del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en El País TV son una “impostura”. Como dice el mataburros, “acusaciones falsas y malintencionadas” o “engaños con apariencia de verdad”. Es indiferente quien falsee a través de la impostura. Pude ser cura, colchonero, rey de bastos, caradura, polizón… o el intendente de Montevideo. El de todos.
Deben inquietarnos varias cosas. Que etiquete a Uber como “empresa patotera” y califique como “discusión política” una batalla comercial para el transporte de pasajeros. Es una lucha entre una empresa y un grupo de empresarios (los taximetristas) que deben competir con calidad, precio y eficiencia para evitar que seamos rehenes del monopolio, la suciedad y la ordinariez. ¿Que Uber debe ser regulada y atenerse a las reglas de juego de cualquier empresa? Seguramente, y también controlada. Pero jamás mediante la arbitrariedad.
Lo más grave no es lo que dijo. Quizá porque su profesión se basa en el estricto uso de las ciencias físicas y matemáticas, el ingeniero Martínez ignora que existe el Estado de derecho: ese sistema de leyes en torno a la Constitución con normas a las que todos debemos someternos. Sin Estado de derecho no hay democracia.
El viernes 5, le dio la espalda. Aunque diga que no lo ordenó, avaló que inspectores municipales impidieran que las comparsas Mi Morena, Cuareim 1080, Yambo Kenia y Sarabanda desfilaran con pancartas alusivas a Uber. Eso no responde a la ley ni a la razón. Una alcaldada.
Mediante la incautación y sus declaraciones tomó indebido partido en la competencia comercial. Lo hizo pese a que sus defendidos, los taximetristas, amenazaron a choferes de Uber, rodearon el Palacio Legislativo, irrumpieron amenazando en una reunión de su competidora y han trabado al borde de la violencia privada la circulación de autos competidores. Patoterismo, ese sí, puro y duro que él no ha cuestionado.
Vayamos a lo mayor. Si alguien no lo eliminó clandestinamente, el artículo 10 de la Constitución rige y dice: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
El intendente argumenta que la captación de pasajeros de Uber es mínima. Si nos atenemos a los datos de Equipos Consultores publicados la semana pasada por Búsqueda, el 3% de la población usó esa empresa y 9% tiene un familiar o conocido que lo hizo. Son porcentajes fríos carentes de contexto.
Basado en ese razonamiento, Martínez argumentó que la requisa de las pancartas fue a “un grupo minúsculo”, como si el número —menor o mayor— de comparsas o de pasajeros, validara el desborde.
Arbitrario, porque no hubo una disposición normativa y con su acción privó a Uber (como sucedería con cualquier otra empresa, incluyendo los taximetristas) del derecho de defensa. Avaló un acto material sin el fundamento de una resolución. Cuando existe ese acto cualquiera puede interponer los recursos administrativos. Pero a él no le sirve y hace una manganeta de espaldas a la ley. Teme —o tiene la certeza porque se lo advirtieron— de perder la disputa en el terreno jurisdiccional. Martínez hace números con la eventual pérdida de votos de los taximetristas y la violencia de sus reacciones y se arruga.
Según un comunicado municipal, Uber “no se encuentra comprendida dentro del marco legal departamental y, por lo tanto, su actividad (la de recoger y trasladar pasajeros) es ilegal”. Martínez justificó la incautación de las pancartas con el argumento de que tiene la obligación de “velar por el cumplimiento de las normas (y de la libertad de expresión)” y “evitar provocaciones (¿qué fue la incautación?) que fomenten actividades que no respeten la igualdad de oportunidades (¿con los taximetrisas?) en el marco de la ley”. ¡Ahhh, la impostura!
Que yo sepa, la publicidad o exhibición del logotipo de Uber no ha sido prohibido por ninguna norma ni autoridad. Sin embargo, se obligó a las comparsas a no desfilar con las pancartas.
No existe un acto firme que es el que finaliza un procedimiento administrativo. Esto es, la voluntad final de la administración en determinado procedimiento que necesariamente se debe confirmar por la vía legal. Y eso está lejos, muy lejos.
Aun cuando hubiera cumplido ese procedimiento y un acto firme hubiera prohibido la actividad de Uber, ¿qué potestad tiene la Intendencia para retirar o prohibir propaganda publicitaria de la marca sin la intervención de la justicia? ¿En qué normas se ampara?
Si Uber decidiera publicitar su nombre (su marca) y logotipo en medios escritos, radio o televisión (como hizo con las comparsas), por el absurdo y totalitario razonamiento del intendente, también estaría facultado para ordenarles a los directores de los medios que no lo divulguen. Como se hacía entre 1973 y 1985.
