La “inclusión financiera” la “adoptó la gente” de forma “definitiva”

El programa de inclusión liderado desde el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó subsidios para desarrollar la infraestructura de pagos electrónicos, la obligatoriedad de abonar salarios y honorarios a través de cuentas bancarias (gratuitas para los trabajadores), estímulos tributarios en el uso de tarjetas de débito o instrumentos similares, así como restricciones al empleo del dinero en efectivo para compra de inmuebles u otros bienes a partir de determinados montos. Varias de esas medidas fueron implementadas a través de la Ley 19.210 del 2014; alegando razones de defensa de la “libertad” personal, la administración del presidente Luis Lacalle Pou eliminó el carácter forzoso de los pagos electrónicos y también quitó parte de los beneficios de la devolución de IVA.

La “caja de herramientas” incluyó incentivos para bajar barreras de acceso a los servicios bancarios a aquellos que estaban “excluidos”, además de cambios normativos y medidas de educación financiera de la población. “Conectar los procesos de digitalización” de las empresas de pequeño porte fue otro “aspecto priorizado”, a partir de la extensión de la facturación electrónica y el desarrollo de la infraestructura de pagos, explicó.

Como “obstáculos” para el avance de esta estrategia mencionó algunos de tipo institucional, “serios problemas de acceso a la información y transparencia”, una “cultura de opacidad” y de “uso del dinero en efectivo”, junto con otras “estrictamente económicas” y de “características de los usuarios” que hubo que “remover”.

Un “cambio profundo”

El “punto de partida” de todo este proceso en Uruguay era peor que la situación actual en Paraguay, opinó Viñales, quien en la última campaña electoral integró el equipo de asesores del candidato presidencial frenteamplista Daniel Martínez. Se “hacía necesaria la intervención pública (…) porque de lo contrario no hubiese ocurrido” un desarrollo de los medios electrónico de pago en la forma que ocurrió, sostuvo.

Luego comentó cifras para explicar el avance de la inclusión financiera. Los terminales POS para registrar los pagos electrónicos aumentaron de unos 13.000 en 2011 a casi 69.000 a mediados de 2019 (una cantidad que se amplió en más de 10.000 durante el 2020, según datos informados el lunes 15 por el Banco Central). Se emitieron 1,3 millones de instrumentos de dinero electrónico y 850.000 nuevas tarjetas de débito. Y más de 1 millón de personas, el 40% de la población de 15 años, accedió a una cuenta de dinero electrónico. “Eso ocurrió en un período de tiempo breve, de cuatro a cinco años”, subrayó.

Viñales destacó también que, en poco tiempo, las microempresas que accedían a servicios bancarios en sentido amplio pasaron del 82% a 96%. Las transferencias bancarias se multiplicaron por 16 en cuatro años; “Uruguay tiene todavía un pendiente, que son los cheques electrónicos y posdatados”, admitió.

En su opinión, hubo un “cambio profundo en los hábitos de pago de los uruguayos” y la cantidad de operaciones con tarjetas de débito se multiplicó por 23 entre 2014 y 2018. La tendencia de crecimiento de esa modalidad de pago no cambió cuando se abatieron los beneficios de reintegro del IVA, la última vez a mediados de 2020, ya con el nuevo gobierno en funciones.

“Algo extraño”

Como resumen, del plan de inclusión financiera uruguayo resaltó los “beneficios” para los individuos y las empresas que trajo un accionar del Estado en alianza con el sector privado. “En Uruguay pasó algo extraño. Algunos sectores de la población decían que esto era en beneficio de la mayoría de las personas que no tenían acceso a los servicios bancarios (...) y otros sectores decían que esto había sido un negocio para los bancos. Y los bancos salieron a decir claramente que esto no era un negocio para ellos, porque la masificación era gratuita. O sea que había que crecer en el negocio sobre esa gratuidad (…). Eso, entre otras cosas, quitó presión” a la idea de que podía haber “ganadores únicos” como consecuencia de esta política, reflexionó ese especialista en impuestos.

Agregó que Uruguay “hoy lidera” por tener los niveles más bajos de evasión tributaria en América Latina, algo que “no era así unos años atrás. Eso no es solo por la inclusión financiera y tiene que ver con la mejora de la administración tributaria”, pero “claramente esto ayuda. En 2020 la caída del Producto Bruto fue del orden del 6% y la caída de los ingresos tributarios internos fue del 2,7% (…); y justamente uno de los impuestos que tuvo menos recaídas fue el IVA”.

Viñales resaltó que la inclusión financiera la “adoptó la gente (…). Hoy la gente reclama, cuando accede a un trabajo, que le paguen en una cuenta bancaria”, y “parece lo obvio. O sea, la formalización del sistema lleva a una eficiencia que después es difícil… Nos está pasando ahora con la pandemia, que claramente los niveles de informalidad pueden aumentar. Pero es costoso volver a la informalidad”.

“La inclusión financiera ha llevado a que las grandes mayorías se apropiaran de los cambios temporales, en cambios permanentes. Uruguay incluso ha tenido ahora alguna reversión en algunos normativos, y sin embargo la mayoría de las empresas y las personas adoptaron el régimen —más allá de los cambios que vengan— de manera definitiva”, evaluó.

Opinó que Paraguay está en condiciones de hacer avances incluso a ritmo más acelerado que los logrados por Uruguay.

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