“Lo que podemos hacer es generar alarmas y tratar de que las reglas se cumplan. No podemos cambiar el despacho (de combustible) o contratar más fletes. Los actores tienen que hacer su parte y, en ese sentido, el trato ha sido muy bueno, con cada uno cumpliendo su rol, acompañando la situación”, hasta el momento, comentó. “Los que cargan, los que distribuyen y las estaciones respondieron, porque, si no hay una red bien aceitada, por más que Ancap esté bien abastecido, si eso no llega a todo el país, se hace un cuello de botella”, añadió.
Convocatoria no es “decorativa”
Partiendo de ese estado de situación y entendimiento, Cardozo buscará llegar a acuerdos con el conjunto de los actores que participan en la distribución secundaria para revisar y “ajustar” la regulación del sector a fin de “mejorar” el sistema actual. “Es algo que está en nuestra cancha y que tenemos que hacer”, señaló, y recordó que el Poder Ejecutivo exhortó al regulador la revisión integral de la normativa relacionada a la distribución secundaria de combustibles líquidos en un plazo de dos años (que vence en diciembre de 2027).
Esta semana los sellos mayoristas —DISA, Axion, Ducsa—, la Unión de Vendedores de Nafta, otra asociación de estacioneros del sello Ancap y la gremial de transportistas de combustibles serán convocados por la Ursea. El regulador también citará al ente petrolero y al Ministerio de Transporte a participar de esa instancia de intercambio con el resto de los actores.
El año pasado, la Ursea ya sondeó la visión de los privados sobre varios temas que hacen a la regulación, y se hizo una primera opinión y recolectó insumos. Con ese panorama, ahora procurará —primero en reuniones por separado y luego en un ámbito de trabajo común— debatir sobre cómo mejorar algunos puntos de la regulación con una idea de los cambios que se propone impulsar.
Entre los temas, mencionó Cardozo, estarán la cantidad de estaciones que las distribuidoras mayoristas pueden gestionar directamente (las denominadas Coco) o la posibilidad de que las estaciones cambien de sello u operen sin uno (“bandera”).
Las reglas y los procedimientos para la instalación, la apertura y los traslados de los puestos de venta según zona geográfica y volúmenes también serán parte de la conversación. Recientemente, el regulador aprobó un nuevo instructivo para ese tipo de solicitudes que fue comunicado a las distribuidoras y lo viene aplicando para despejar y ordenar los procedimientos que se habían gestado en la administración anterior, lo que produjo recusaciones y una investigación administrativa que el organismo tiene en curso.
“El trabajo es muy difícil, pero aspiramos a tener la confianza como para que las cosas se digan de verdad arriba de la mesa. No nos sirve de nada que la gente se enoje y se retire (de un ámbito), o que esté pero no vuelque lo que tiene que volcar. Esperamos sacar esto en un consenso”, señaló el jerarca. “No va a ser una mesa decorativa, va a ser de trabajo”, apuntó.
Reconoció que habrá planteos “que no van a gustar a unos o a otros”. Pero tratarán “de ser equitativos, justos, siempre con el foco en la ciudadanía, en el interés general”.
Cardozo señaló que su perfil profesional lo orienta a “respetar la realidad y ser razonable” a la hora de analizar cambios. “Entre lo ideal y lo imposible, está lo disponible”, afirmó, y alegó que el regulador no puede hacer nada que no esté basado en el interés general.
Insistió con que “valora mucho la seguridad de suministro” y el hecho de que los combustibles tengan la misma calidad y estén disponibles en todo el territorio nacional. “En el marco de una política energética y de precios de los combustibles, como regulador me interesa que la ciudadanía tenga combustible seguro, de buena calidad, accesible en todo el país, y lo más barato posible”, aseguró. Apuntó que si surge algún cambio que “compromete alguna de esas variables”, se optará por hacer “los ajustes posibles” sin afectar lo que funciona bien.
Un “desafío terrible”
“Tenemos ideas, creemos que es un buen momento y que los actores nos visualizan como razonables, por lo que tenemos esa confianza para poder plantear los temas. Es un desafío terrible, pero vamos a hacer algo que sea realizable en un plazo razonable y dejar marcada una agenda para el futuro”, argumentó el presidente de la Ursea.
Señaló que de aquí a diciembre se propone tener una “hoja de ruta del mapa completo, con los cambios que se puedan hacer, graduales o en etapas, porque no es algo que se resuelva en un año, ni en dos o tres”.
Sin adelantar cuáles serán los planteos iniciales, el jerarca dijo que el regulador “no parte de cero” y que cuánto se avance va a depender también de lo que sea posible consensuar con los actores.
Uno de los temas medulares a discutir tiene que ver con los márgenes en la distribución y su impacto en el precio de los combustibles.
Sobre la disponibilidad de los actores para acceder a modificar la paramétrica o las variables que definen la ganancia por litro de combustible establecida, el presidente de la Ursea mencionó la posibilidad de “separar” en ese análisis los mercados de la nafta y el gasoil.
“El gasoil es un negocio, y dentro hay subnegocios, porque se acuerda con los distribuidores por grandes volúmenes, por precios diferentes a los que fija el Poder Ejecutivo. En la nafta es totalmente diferente y se está más ligado al tránsito y uso de la gente. (…) Quizás haya que tomar medidas para tener mejor acceso territorial, algo para mejorar el precio, pero las herramientas y valoraciones son diferentes que para el gasoil”, explicó.
Estación de servicio
Surtidor de estación de servicio.
Pablo Vignali/adhocFOTOS
Y aclaró que lo que se intentará hacer deberá reflejarse en beneficio del interés general. “Si en el fondo lo que ocurre es que al final del día se da una redistribución o reacomodo de márgenes entre los actores…, eso no es de interés general”, explicó.
Aclaró que “esas valoraciones no son sencillas” de hacer, pero que tienen “mapeadas” algunas porque están “muy cruzadas”.
Cardozo mencionó que para la revisión de la cadena el organismo también prevé contratar una consultoría externa que aporte otra mirada técnica “experta” para poder “valorar todas las matrices e implicancias”, porque es un “problema complejo en lo económico, en lo social y político”.
El rol y el precio de referencia
En cuanto al establecimiento de las tarifas, el presidente abogó por separar el rol de la Ursea del papel del Poder Ejecutivo, sobre todo en esta nueva etapa, donde el ajuste del precio de los combustibles se está fijando mensualmente a partir del escenario de inestabilidad que desató en el mercado petrolero el conflicto en Medio Oriente.
Las reglas de la Ursea “no han cambiado”, dijo Cardozo, y destacó la independencia del organismo. Reconoció que hay un “desafío comunicacional” adicional para puntualizar que el regulador calcula e informa mensualmente dos valores al Poder Ejecutivo: el precio de venta al público (PVP) “de referencia”, que incluye el precio de paridad de importación (PPI) —que estima el costo de los combustibles para un importador hipotético del producto ya terminado—, los márgenes de distribución, los impuestos y el factor de ajuste definido por el Poder Ejecutivo como sobrecosto (establecido en $ 1,2 por litro). En los hechos, explicó, el PVP de referencia funcionaría como una estimación del precio en el surtidor, pero es el gobierno el que define la tarifa.
De hecho, para el ajuste que rige desde el lunes 1º, el PVP de referencia de la nafta súper fue de $ 93,36 por litro; el Ejecutivo se apegó a ese valor y fue el que estableció en el surtidor. En el caso del gasoil, el PVP de referencia sugería un incremento de 22%, ubicándolo en $ 70,61, pero la decisión de las autoridades fue amortiguar su impacto y trasladó un 7% de aumento ($ 61,76 por litro).
En el caso del supergás, el Poder Ejecutivo definió “congelar” el precio ante la llegada de la época invernal, donde el consumo de ese energético se incrementa.
Desde abril, el gobierno acudió a la excepción de aplicar la metodología aprobada por el decreto 130/025, establecida en su artículo quinto para casos como el configurado por el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel frente a Irán.
Cardozo justificó que, dada la incertidumbre externa, “es esperable y lógico que no se pueda seguir una regla” en forma transitoria, hasta que se vuelva a una “situación de régimen” que dé “previsibilidad” a los distintos agentes de la economía.
