La investigación judicial de denuncias contra tupamaros

En ese marco tan preocupante y desestabilizador de los sistemas democrático-republicanos, se ha publicado en Montevideo, y en poco tiempo ya ha alcanzado su cuarta edición, el libro de la periodista y ex funcionaria de la Intendencia frenteamplista de Montevideo, María Urruzola, “Eleuterio Fernández Huidobro: sin remordimientos”. Allí se menciona por parte de la autora, luego de haber entrevistado a una amplia gama de fuentes que no menciona por su nombre, la participación, luego de reconquistada la democracia, de varios integrantes del gobierno, pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional, MLN, en connivencia con delincuentes convencionales, en una serie de actividades presuntamente delictivas, incluyendo robos, asaltos e incluso vinculaciones con el narcotráfico, como medio para obtener fondos para sus actividades políticas, o al menos esa es la excusa con la que se ha pretendido justificar estos actos. Luego de la publicación del libro se conocieron declaraciones públicas, confirmando la supuesta veracidad de muchos de estos hechos denunciados, por algún ex dirigente tupamaro, como Jorge Zabalza, o por un antiguo guerrillero, como Héctor Amodio Pérez, quien hasta no hace tanto tiempo era considerado como el traidor que había delatado a la organización antes de la derrota total en 1972 y hace poco tiempo regresó al país luego de vivir décadas en el anonimato de su exilio español con un nombre falso, decidido a limpiar su nombre y, en el camino, poner a otros ex compañeros en la picota de la opinión pública.

Lo cierto es que a la opinión pública que, como el suscrito, no tiene formación jurídica le cuesta entender cómo, antes de desestimar los presuntos ilícitos a los que alude el libro, no se tomaron por lo menos declaraciones a la autora y a los señores Zabalza y Amodio Pérez. Y nos preguntamos también si no hubiera sido deseable que se iniciara una nueva investigación de oficio dedicada a todo lo que el libro relata para determinar si existe o no delito alguno en los distintos hechos que allí se consignan. Desconocemos si algo de esto puede estar ocurriendo, al amparo del llamado secreto del presumario, pero sería bueno que así como se informó de lo actuado por la fiscalía se nos participara de algo que afecta sobremanera a nuestro Estado de derecho.

Entendemos que alguien debería dar una explicación sobre todo esto, particularmente cuando entre los aparentemente involucrados se encuentran un ex presidente de la República y otras figuras del gobierno. No alcanza con negar los hechos o ironizar sobre los mismos y tomarlos a la ligera como lo han hecho varios dirigentes tupamaros, entre ellos la senadora Topolansky.

Porque la gente de a pie también recuerda que, en esa época de los hechos que se pretenden vincular con estas figuras públicas, también había aparecido un arsenal en poder del contador Saúl Feldman, abatido por la Policía cuando se procedía a allanar una casa de su propiedad dentro de la cual se encontrara armamento de todo tipo y calibre, sin que el principal involucrado pudiera dar su versión de la razón por la que se hallaba en su poder, en virtud de su fallecimiento en la redada, y en esa instancia se manejó la hipótesis de que pudieran haber pertenecido al movimiento guerrillero, como ahora también lo ha dejado entrever el ex tupamaro Amodio Pérez.

Todo esto merece una explicación muy clara, sin ambigüedades, por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y para despejar toda duda de algo que les hace potencialmente mucho daño a la democracia y al republicanismo, debería designarse paralelamente, en el ámbito del Poder Legislativo, una comisión parlamentaria que investigue todos estos hechos. En estos días hemos visto también cómo en el gobierno de EEUU se ha nombrado un fiscal especial para investigar asuntos que involucran al propio presidente Trump y a su entorno, afectando incluso la seguridad nacional, y este no ha podido hacer nada para evitarlo. Porque así funcionan las democracias en serio.

Julio Aguiar