¿Democracia plena?
El politólogo Oscar Bottinelli es radical: si Uruguay da ese paso habrá una “ruptura en la universalidad del sufragio” y “dejará de ser una democracia plena” tal como se la entiende desde hace 63 años. Eso “porque hay discriminación cívica o electoral cuando la edad mínima exigida para ejercer los derechos cívico-electorales es mayor que la edad para adquirir la mayoría de edad en otros terrenos, ya fuera el civil o el penal”.
El director de Factum explicó su posición en una serie de columnas publicadas en 2011 en “El Observador”: “Uruguay ha disfrutado (...) democracia plena sin discriminación de sexo” (75 años, menos los casi 12 años de dictadura) más que Suiza (40, desde la extensión del voto a la mujer) y Estados Unidos (41 años de plenos derechos) pero “de imponerse la rebaja de la edad de imputabilidad, su correlato debe ser la baja de la mayoría de edad para el ejercicio pleno de la ciudadanía y consecuentemente el derecho activo al sufragio” porque de lo contrario dejará de ser una poliarquía (gobierno de muchos) como hasta ahora.
El integrante de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak ha sido hasta ahora uno de los pocos no políticos que se expresó de forma pública a favor de bajar la edad de imputabilidad. Durante una entrevista con Búsqueda en enero pasado, Chediak sostuvo que los 18 años son “una convención” que podría ser revisada, mientras que un ex integrante de la corporación, Daniel Gutiérrez, opinó que el código adolescente es “demasiado benevolente”.
Chediak quitó fuerza a uno de los argumentos más frecuentes de los que se oponen a la baja de la edad de imputabilidad cuando sostuvo que los menores no deberían sentirse criminalizados así como los mayores no lo están a pesar de que exista el Código Penal.
El abogado Guillermo Maciel, con experiencia en el Ministerio del Interior, fue uno de los redactores del proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
El fiscal Gustavo Zubía es conocido como un magistrado duro. Fue fiscal de menores durante cinco años y durante ese lapso fue tal su influencia que las reformas al código penal adolescente de 2004, para el aumento de las penas para menores, es conocida de forma extraoficial en el foro como “ley Zubía” y recibió muchas críticas.
Este fiscal, que actúa desde fines del año pasado en materia penal de adultos, dijo a Búsqueda que aunque comprende “perfectamente” a quienes impulsan el plebiscito, no lo apoya porque está convencido de que el código adolescente, un “mecanismo intermedio”, es la herramienta adecuada.
En la misma posición de la mayoría de los magistrados está el penalista Miguel Langón, aunque cuando comenzó el debate tenía otra postura.
El defensor de menores Daniel Sayagués también está en contra de bajar la edad pero se tomó el trabajo de analizar los datos disponibles en el Poder Judicial y llegó a la conclusión de que cuando se insistía en la participación de menores en delitos graves, sobre todo rapiñas, no era solo “sensación térmica”, sino una realidad.
Según Sayagués eso estuvo motivado por dos factores: las fugas de los establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el código de 2004 que no establecía mínimos para la detención de los menores infractores. Esas dos situaciones cambiaron: los menores privados de libertad ya no se fugan con tanta facilidad y desde febrero de este año, quienes reciban una condena por un delito “grave” deberán pasar un mínimo de un año y un máximo de cinco años detenidos. Según Sayagués, las fugas y el código más benévolo llevaban a que los menores estuvieran sobrerrepresentados en los delitos. En base a datos oficiales sostuvo que las rapiñas con menores bajaron 30% entre 2011 y 2012, al mismo tiempo que ese delito, en general, no ha parado de crecer.
Los cálculos de Sayagués develan que en alrededor del 40% de las rapiñas intervienen menores, pero si se contempla el total de los delitos, la cifra bajaría al 8%, según Unicef Uruguay.
Para el docente de sociología y ex director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior Rafael Paternain no existen datos ciertos que permitan sacar conclusiones. Paternain dijo a Búsqueda que salvo en homicidios (donde los cometidos por menores rondan el 20% de los cerca de 300 casos anuales) “no es posible determinar cuánto pesa el delito adolescente”. Paternain sostuvo que “no solo no lo sabemos sino que es imposible saber” en los alrededor de 100.000 casos de hurtos y rapiñas denunciados.
“Escuelita del crimen”.
Los cambios legales y logísticos, que habrían aportado una baja en la participación de menores en delitos, tienen como contrapartida el hacinamiento en la mayoría de los establecimientos del INAU. Eso es una “bomba de tiempo” porque cae el argumento de internarlos para su reinserción, ya que solo es una medida preventiva que fomenta una llamada “Escuelita del crimen”, explicaron diversos especialistas.
Para el representante de Unicef en Uruguay, Egidio Crotti, la reclusión de los menores, salvo en el establecimiento “Ituzaingó” (uno de los centros de la Colonia Berro), se hace en “edificios asquerosos” donde pasan “22 horas diarias de encierro” y el personal no es el adecuado.
Crotti admite que la privación de libertad es la medida más apropiada que tiene el Estado en determinados casos pero llamó la atención acerca de las condiciones y del número elevado de presos, tanto menores como mayores en Uruguay (ver recuadro).
Las condiciones en que viven los menores privados de libertad han sido denunciadas y son motivo de preocupación en estos días de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensor del Pueblo, un organismo que además de un nombre muy largo tiene un sistema colegiado de cinco miembros que para muchos es poco ejecutivo.
El gobierno, además de la carrera por alojar en mejores condiciones a los menores privados de libertad que conduce el presidente del INAU Javier Salsamendi, ha sido sensible a la campaña desplegada por parte de la oposición y envió al Parlamento un proyecto de ley que establece un nuevo Código de Responsabilidad Infraccional de Adolescentes. El proyecto, visto como alternativa a la baja de la edad de imputabilidad, entre otras cosas sube el máximo de pena de cinco a diez años, como habían propuesto legisladores de la oposición.
Esta medida, sin embargo, no cuenta con el respaldo del total de la bancada oficialista y al menos Julio Bango (socialista) y José Bayardi (Vertiente) no darían su voto.
Remedio peor que la enfermedad.
Es que entre quienes trabajan con menores infractores, si bien reconocen que el problema es serio, discrepan con las soluciones que solo van por el camino represivo.
El actual integrante de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, opina que “el miedo está instalado en la sociedad” producto de una “creciente desintegración social” y que “hay que trabajar mucho en las políticas de prevención para revertir esto”.
Una investigación realizada por el economista Ignacio Munyo para el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) recomendó, además de las medidas de seguridad y represión, sobre todo prestar atención a “una mejora significativa de la calidad educativa, muy especialmente en los contextos socioeconómicos desfavorables”, ya que una mayor inserción social “elevaría los ingresos de las actividades legales y de esa forma induciría a los adolescentes a elegir incorporarse al trabajo formal o a continuar los estudios”.
Según este estudio, “en el combate contra la delincuencia juvenil, incrementar la probabilidad de aprehensión y la certeza de las penas es más efectivo que aumentar la dureza de las sanciones una vez que el adolescente infractor ha sido detenido y juzgado”, sobre todo si se tiene en cuenta que la detención es vista “como lejana por adolescentes que, en general (y más bajo efecto de la droga) subvalúan las consecuencias futuras de sus actos y están dispuestos a asumir más riesgos que el resto de la población”.
Munyo dedujo que “el aumento de la severidad de las penas también contribuye a reducir la delincuencia juvenil, pero solo si va acompañada de una rehabilitación efectiva de los adolescentes internados. En el caso de que esto no ocurra, el remedio podría ser peor que la enfermedad”.
El trabajo sitúa las causas del aumento de la delincuencia juvenil en el fracaso del sistema educativo (35%), la aplicación del código demasiado benevolente de 2004 (30%) y solo 20% repartido por partes iguales en fugas y “epidemia” de pasta base. Las recomendaciones, entonces, van por el lado educativo y mejora de la capacidad represiva.
“No existe una receta segura para la rehabilitación. Lo que sí es seguro es que la esperanza de una efectiva rehabilitación va a ser mayor si durante el período de internación los adolescentes tienen la posibilidad de recibir educación, practicar deportes, aprender oficios y tener disciplina de trabajo”, sostuvo Munyo.
La defensora de menores Carla Piccininno tiene a su cargo 70 menores privados de libertad, uno solo de ellos por homicidio. Ella y su colega Daniela Trotta tienen la convicción de que la baja de la edad de imputabilidad así como en general el aumento de las penas no derivará en una mejora de la seguridad pública. Igual que el economista de Ceres piensan que la solución viene por “apostar a políticas públicas efectivas” que contengan propuestas laborales. Piccininno llamó la atención sobre que la inmensa mayoría de los adolescentes que entran al sistema son pobres con escaso nivel educativo, problemas de aprendizaje y un sinnúmero de derechos vulnerados, algo que se empeora con el paso del tiempo. También recordó que los adolescentes “en algún momento van a salir” y por lo tanto reclamó poner los esfuerzos en el apoyo al egreso.
