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En medio de una negociación para ocupar cargos en el gobierno que avanza a paso muy lento, el Partido Nacional planteará como “prioridad” que en este período haya renovación de autoridades en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Además insistirá con que el oficialismo conceda un puesto de contralor en la Junta Anticorrupción que hasta el momento no ha sido previsto por el gobierno de Tabaré Vázquez.
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Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que estos tres organismos “deben ser multipartidarios” en su integración para que “existan garantías electorales, garantías en el control de gastos y en la transparencia de la gestión de los funcionarios públicos”. Para los blancos este será un tema central que requerirá la discusión con todos los partidos. “Para que ocurra se necesita un gran acuerdo parlamentario que estamos dispuestos a impulsar”, explicó uno de los informantes.
Tanto la Corte Electoral como el Tribunal de Cuentas cambiaron su integración, cuya aprobación requiere mayorías especiales en el Senado, a mediados de 2010, durante el primer año de mandato de José Mujica. Esos organismos no tenían modificaciones en sus representantes desde el año 1995.
Hasta ahora los cargos en entes y empresas públicas ofrecidos por el gobierno a la oposición suman 26. En un principio habían sido 24, pero tras la negociación entre las partes se acordó que también haya participación de los partidos opositores en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Lo que resta es que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se reúnan para distribuirse los puestos entre sí. Los lugares se repartirán cuantitativamente de acuerdo a los votos obtenidos por cada colectividad en las elecciones nacionales de octubre. Lo que la oposición debe definir es en qué organismos coloca a sus representantes. Lo más codiciado es tener un lugar de contralor en entes como Ancap, UTE o Antel, pero eso forma parte de una discusión que se viene procesando “muy lentamente”, advirtieron fuentes vinculadas a los negociadores. “Hay preocupación porque no se avanza, uno esperaba que ni bien arrancara el gobierno ya estuvieran los cuadros armados. Pero también es cierto que los blancos demoramos en aceptar la invitación de Vázquez”, explicó uno de los consultados.
El blanco Álvaro Delgado, el colorado Germán Cardoso y el independiente Pablo Mieres son los encargados de articular la discusión.
El gobierno tenía previsto enviar las venias para la integración de los organismos en los primeros días de marzo. Y aunque la intención del oficialismo es tener una respuesta para fines de ese mes, algunos dirigentes colorados y blancos especulan con la posibilidad de dilatar la entrega de los representantes hasta después de las elecciones municipales de mayo.
Sin embargo, algunos nombres ya empezaron a trascender como seguros desde las tolderías blancas. Por ejemplo, se da como un hecho que el economista Washington Ribeiro (Alianza Nacional) seguirá en su puesto como director del Banco Central del Uruguay (BCU) y el contador Alejandro Irastorza (Todos Hacia Adelante) también continuará como integrante del directorio del Banco República (BROU). Además, los nacionalistas manejan que el ex director de Ancap, Carlos Camy (Alianza Nacional), ocupará un lugar en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que el líder de Todos Hacia Adelante, Luis Lacalle Pou, ya tiene todos los nombres listos. “El equipo está, ahora hay que ver cómo se distribuye”, dijeron.
“Acuerdo incumplido”.
Y mientras se espera por las reuniones formales entre los partidos de la oposición, las negociaciones también se empiezan a registrar en el Parlamento. El martes 3, en la primera sesión del Senado hubo dos largos cuartos intermedios. Esto se debió a que la oposición —específicamente blancos y colorados— no se ponían de acuerdo respecto a las secretarías y prosecretarías que les correspondía en la Cámara Alta. El secretario redactor, el secretario relator y las dos prosecretarías, son cargos de confianza política y tienen como tarea asistir al presidente del Senado.
Según fuentes del Partido Colorado, había “un principio de acuerdo” con el Partido Nacional respecto a mantener el mismo reparto que se dio en el período 2010-2015: el secretario redactor y una prosecretaría era para el Frente Amplio, el secretario relator era para el Partido Nacional y la segunda prosecretaría continuaría en manos del Partido Colorado.
Sin embargo tras varias negociaciones en la mañana del martes, se modificó la idea inicial. Para los colorados, los blancos “incumplieron” lo conversado. Finalmente, el Partido Nacional se quedó con el secretario relator, Hebert Paguas (del sector de Lacalle Pou) y la segunda prosecretaría, Luis Calabria (del grupo de Jorge Larrañaga).
Según fuentes coloradas, los blancos plantearon compensarlos otorgándoles un lugar más entre el resto de los cargos a repartir. Desde el Partido Nacional se negó esta versión. Para los colorados, esto lleva a que sean ellos los que decidan a qué ente o servicio descentralizado van a ir primero. “Ellos ya eligieron dos cargos de confianza, los del Senado, ahora nosotros somos mano en qué lugar queremos ir”, explicó un legislador colorado.
Según los colorados, la distribución de los cargos debe tener en cuenta los votos y definir en base al sistema proporcional. No están de acuerdo con dividir en varias categorías los entes y servicios descentralizados, tal como plantean los nacionalistas.
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