Encontrar ex presos que estén contentos con lo que aporta el Patronato, sin embargo, no es una tarea fácil. En realidad, pocos de los que están en la calle se vinculan con esa institución, porque entre los reclusos las noticias corren rápido y saben que no es soplar y hacer botella.
“Te pagan el boleto para que vengas a una entrevista. Tal vez te dan una canasta de alimentos, carné de asistencia y cédula si no tenés, y te anotan para un trabajo”, cuenta sin muchas expectativas un ex preso que dio el paso de concurrir al Patronato y que espera ansioso en el hall a que lo llamen de una oficina.
“Cuando salí me fui a anotar y salí sorteado con el número 1.045 para un trabajo. Imagínese, nunca me llamaron”, relata otro, que encontró empleo en la construcción y que ahora sobrevive de changas. “No me sirve ir y que te consigan un trabajo con la chapa de preso. Prefiero mi propio camino en el que nadie me pregunta nada ni me señala”, concluyó.
“No es así como lo pintan en la tele”, dijo este ex recluso respecto a las posibilidades que se ofrecen.
Tres cuidacoches que trabajan en el Centro de Montevideo, a pocas cuadras del Patronato, hace bastante que desistieron del apoyo de la oficina estatal.
Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar y la lista de las empresas que han firmado convenios para tomar presos y ex presos, al menos por uno o dos años, no es pequeña. Lo hacen por responsabilidad social y porque obtienen un seguimiento del Patronato, pero también porque en algunas actividades, sobre todo rurales, hace falta mano de obra.
Esta semana, a la lista de empresas se sumó la transportista Cutcsa, que aportará 25 plazas en talleres y colaterales de servicios. Juan Salgado tiene una doble condición: es presidente de la compañía y a la vez de la Comisión Honoraria del Patronato, que integran también, entre otros, Graciela Rompani y la empresaria agropecuaria Laetitia D’Arenberg.
“Nos va bien con los empresarios porque los convencemos de que, al menos para una parte de los que delinquen, es posible una segunda o tercera oportunidad”, dijo D’Arenberg a Búsqueda.
Además de administrar 1.000 peculios (sueldo de los presos), poco para alrededor de 10.000 internos, el Patronato apuesta a los convenios de trabajo y de formación con intendencias, empresas públicas y privadas como OSE, el Correo, Plan Juntos, Plan Siete Zonas, las bodegas Joanicó (Canelones) Catamayor (San José) y Finca Babieca (Maldonado), que ofrecen trabajo para personas privadas de libertad y ex reclusos.
Una de las condiciones favorables de los presos es que, deseosos de salir a la calle, rara vez faltan a trabajar y a su vez cumplen la tarea con mucha responsabilidad, como en el municipio de Libertad (ver recuadro).
Según explicó la directora Peralta, una de las condiciones que ponen para la firma de los convenios es que los pasantes reciban el mismo salario que cualquier trabajador en su categoría, que además tengan un seguro de accidentes y que las empresas realicen los aportes correspondientes al BPS.
El Patronato, a cambio, no solo realiza la selección para restringir al mínimo los fracasos, sino que se ocupa de hacer un seguimiento con sus técnicos.
Otra línea de actividad es la formación. Los convenios con UTU, Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) y el Fondo Social de la Construcción (donde participan las cámaras y el sindicato) permiten, por ejemplo, calificar a presos, ex presos y familiares como sanitarios que operan en cuadrillas de OSE en seis departamentos.
Una de las preocupaciones es la capacitación de formadores que aporten su conocimiento de modo que los liberados dispongan de herramientas con las cuales enfrentar el día después.
Peralta prefiere utilizar el término inclusión antes que el oficial rehabilitación. Es que —dice— en la mayoría de los casos el prefijo “re” no corresponde, porque se trata de personas que nunca se integraron sino que estuvieron excluidas, salvo por asistir a la escuela primaria.
“Con una sola herramienta no se sale adelante; hay que cortar el círculo vicioso generando nuevos hábitos de vida a través de cultura, deporte, educación y trabajo, pero no es un cambio que se produzca de un día para el otro”, advierte la directora.
Una de las satisfacciones de Peralta es haber firmado un convenio con el sindicato bancario Aebu para el uso de las instalaciones deportivas y la prestigiosa guardería, porque cuando uno de los padres está preso la situación familiar se resiente aún más.
El encargado del área laboral del Patronato, el psicólogo Martín Quiró, con casi diez años de experiencia en la institución, dijo a Búsqueda que todavía hay pocas plazas porque prefieren ir despacio, e incluso han tenido que rechazar algunos pedidos para realizar bien la selección y evitar fracasos que dañarían la imagen del programa.
Vigilar y castigar.
La otra cara de la moneda es la vida cotidiana en el interior de algunos penales. El comisionado parlamentario Álvaro Garcé reconoce que desde 2010 se han logrado avances importantes en gestión e infraestructura, pero que no alcanza con tener más metros cuadrados si no mejora la gestión. Garcé sostiene que subsisten casos extremos, como el módulo 2 de la cárcel de Canelones, donde se repite una situación de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos similar a la que existía en el Penal de Libertad con los módulos metálicos conocidos como “las latas”.
Los criminalistas Carlos Uriarte y Luis Morás (ver recuadro) no tienen precisamente una visión romántica de la realidad de los presos en Uruguay. “En lo cotidiano de las cárceles nadie habla de resocialización, salvo cuando hablan para afuera. Las cárceles nunca hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen”, sostuvo Uriarte durante un seminario que tuvo lugar el 9 de agosto en el Paraninfo de la Universidad estatal. El abogado especializado en el sistema penal recordó una de las conclusiones a las cuales llegó el filósofo y psicólogo francés Michel Foucault en su famoso libro de 1975 “Vigilar y castigar”. Sostuvo que “la cárcel no fracasó, porque en realidad cumple otros fines que no son la rehabilitación”.
El sociólogo Gustavo Belarra, subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en cambio, confía en que las cárceles, como dice el artículo 26 de la Constitución, no sirvan “para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la actitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
La creación del INR en 2010 fue un paso para cumplir —15 años después— con la recomendación del “Informe Tomasino” de 1995: sacar las cárceles del Ministerio del Interior y paliar el colapso del sistema producto de la inflación penal.
La transición de un manejo policial a uno civil comprendió la designación de autoridades nacionales (antes la Dirección Nacional de Cárceles, a pesar de su nombre, solo comprendía el área metropolitana y cada jefatura de Policía administraba su propia cárcel), la creación de 1.500 cargos (200 de ellos técnicos) de operadores penitenciarios (conocidos en la jerga como pitufos) para reemplazar, de forma paulatina, a los policías.
Según explicaron a Búsqueda el director del INR, inspector principal Luis Mendoza, y el subdirector técnico Belarra —un oficial de Policía y un universitario que dicen trabajar juntos con comodidad—, se parte de la concepción de que la seguridad y la rehabilitación, por medio de estudio, trabajo y recreación, tienen que estar a un mismo nivel de importancia.
Para el comisionado Garcé esto se logra en algunas cárceles como Colonia y San José, pero no en otras como Rivera y Salto porque aún subsisten condiciones de hacinamiento o gestión deficiente.
“Trabajo esclavo”.
En estos días, una de las discusiones entre algunos internos en el Comcar y otros penales es el carácter de “trabajo esclavo” que tendría la construcción de la propia cárcel por algunos presos, además sin recibir peculio.
En opinión del subdirector Belarra, que los presos hayan roto con un viejo código de no construir su propio lugar de encierro es un hecho “inédito y positivo” que no significa “trabajo esclavo” porque se trata de una actividad voluntaria en la cual, además, cada dos días trabajados reducen uno de pena.
Hasta ahora los propios presos construyeron 450 plazas, además de un centro de atención a las víctimas en la Estación Goes.
En medio de un clima preelectoral en el que las autoridades están deseosas de mostrar resultados (dos de cada tres internos estudian o trabajan) los profesores Oscar Rorra y Flavia Fuentes llamaron la atención el viernes 8 en el semanario “Brecha” acerca de que se comenzó con la construcción de nuevos salones (pasando de 9 a 21) en medio del año lectivo.
“Es indispensable la articulación de las dos actividades, la articulación del estudio-trabajo en forma orgánica, que supone una coordinación entre las autoridades educativas y el INR para una eficaz utilización de todos los medios disponibles para la rehabilitación”, explicaron estos docentes, principales animadores del periódico “Pres y Diario”, hecho por los propios internos en medio de no pocas dificultades.
“Creemos que es posible la rehabilitación de quienes están privados de su libertad, aunque también es difícil creer que puedan rehabilitarse en las condiciones que están”, había dicho la profesora Fuentes en diciembre durante la presentación del segundo número del periódico.
Una de las demandas es que este año, con 700 alumnos inscritos, solamente han asistido unos 120 a clase y además no hubo continuidad en los cursos, pero no debido a los profesores ni a los alumnos sino a la gestión carcelaria.
Una de las posibles explicaciones es que las autoridades privilegian el trabajo sobre el estudio para terminar las obras. Para Belarra, interrumpir las clases un mes no es tan grave y “es Secundaria que se debe adaptar al sistema del INR y no viceversa”.
“Estamos en una transición”, resume el psicólogo Quiró. Para el comisionado Garcé, el riesgo mayor es que el próximo gobierno considere que ya se ha hecho suficiente e interrumpa el proceso.
