En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Una convicción bastante extendida sobre la tarea del político es que esta se reduce a recibir las demandas ciudadanas e intentar resolverlas. Es una idea que hasta cierto punto es correcta: el político cobra su sueldo (o debería) para intentar ser el aceite que lubrica las relaciones sociales, haciéndolas más fluidas, sencillas y amigables. Contra lo que el marketing político más reciente viene aconsejando a ciertos candidatos, eso no es algo que ocurra en el aire, sin contexto ni ideología. Ocurre en el marco de partidos que tienen distintos diagnósticos sobre cuáles son los problemas a resolver y los métodos para resolverlos. También en el marco de instituciones diseñadas para dar respuestas a aquellos problemas que, por mayorías, a veces especiales, hemos decidido son esenciales para la buena vida de la comunidad.
A veces esos problemas son increíblemente complejos. En la columna pasada hablaba sobre el informe de trabajo que había producido el oficialismo dentro del grupo de expertos para la reforma de la seguridad social y señalaba la riqueza y la complejidad de dicho documento así como del problema que se propone resolver. De manera implícita (y a veces explícita) dicho informe recordaba que hay procesos y situaciones, siendo la reforma de la seguridad social uno de ellos, que necesitan analizar un montón de factores, variables, lógicas, etc. para intentar siquiera describir su objeto. Y que más complicada aún que esa descripción y su correspondiente diagnóstico, es alcanzar una paleta de soluciones que ofrezca cierta posibilidad de éxito a la sociedad.
Hago esta larga introducción a cuenta del proyecto de voluntad anticipada para la internación de personas por consumo abusivo de drogas, que ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados. Recogiendo una muy comprensible y justificada demanda de acción de un grupo de familiares de personas con consumos abusivos de drogas, el legislador se lanza a instrumentar una solución rápida y convincente. Pero resulta que el problema es muy complejo y que cualquier simplificación al respecto tiende a volver inconducentes las posibles respuestas. Un mal o nulo diagnóstico suele arrojar los resultados correspondientes. Es natural querer dar respuesta ágil a un problema urgente. Pero, tal como ocurre con los plazos de la Justicia (que en buena medida son resultado de su deliberado procedimiento garantista), este es uno de esos temas que no admite atajos. Por inútiles: si no identificás el centro del problema, tenés una buena chance de terminar actuando con herramientas poco idóneas en el instante equivocado del proceso. Por eso es que toda buena política debe apelar a la mejor evidencia disponible.
Esa mejor evidencia dice que si las causas de un problema son complejas, difícilmente exista una respuesta o solución única y simple. Es verdad, no todo proyecto de ley tiene por qué resolver todo el problema al mismo tiempo, se puede empezar resolviendo aquello que está al alcance. Y más si se trata de una medida que es voluntaria, como la planteada por este proyecto. El tema es que los consumos conflictivos, las adicciones, son apenas el emergente, la cristalización de una situación previa multicausal que tiene factores familiares, psíquicos, sociales, económicos que inciden hasta el punto de terminar construyendo a ese adicto. Por eso la evidencia dice que si no cambia ese caldo, esas condiciones que cristalizaron en ese consumo conflictivo, una vez pasada la internación y la desintoxicación, la inmensa mayoría reincide en el consumo.
Se dirá: bueno, en todo caso puede ser una medida buena para quienes no son parte de esa mayoría que reincide. Puede ser, pero tal como está planteado el proyecto, como un dispositivo legal (escribanos que confirman la voluntad previa) que debe ser abonado por el interesado, está por ver cuántos no reincidentes logra capturar la medida. Tomando en cuenta que Uruguay tiene una muy reciente (2017) Ley de Salud Mental que aún no se ha desplegado del todo, quizá sería más inteligente (en el sentido de asumir complejidades y buscar respuestas para esas complejidades) apostar por dotar de recursos a ese instrumento.
En estas columnas siempre defiendo la necesidad de la política como espacio de búsqueda de acuerdos. También que aunque es necesario que la política utilice la evidencia a la hora de tomar decisiones, necesariamente debe tener autonomía respecto a la ciencia. Por eso entiendo esta situación como su reverso, uno de esos casos en que la voluntad política (más que justificada en este caso, dada la situación muy concreta de esas familias) hace caso omiso a la evidencia disponible y elije el atajo, la simplificación. Ojo, no estoy dudando de la mejor voluntad del legislador. Solo señalo que si se defiende la autonomía de la política respecto a la ciencia, se debe defender también la necesidad de usar la mejor evidencia científica disponible para hacer política.
Si los miembros del Ejecutivo que trabajan en la Junta Nacional de Drogas, los técnicos de ASSE que trabajan en la materia, profesionales independientes, ONG y toda clase de técnicos te dicen que los tiros no van por ahí, porque eso es lo que dicen los datos que se han desarrollado en décadas de trabajo, es muy probable que no sea por ahí que hay que ir. Si ya construiste herramientas como la Ley de Salud Mental, que cuenta, esta sí, con un diagnóstico destinado a atender las muy diversas causas del problema en vez de concentrarse en sus consecuencias últimas, usalas. Esto me recuerda algo que le escuché decir al abogado Andrés Ojeda, que Uruguay padece de “inflación legislativa”: cuando no está claro qué hacer con un problema, creamos una ley al respecto. Agregar una ley que confía en una herramienta que por sí sola no ofrece respuestas al conflicto planteado (que va más allá de que el adicto acepte ser encerrado) suena bastante parecido a eso. Quizá crear una norma no sea la forma de solucionar el problema. Crearla puede ser tentador desde la perspectiva del legislador pero, por lo general, la realidad es terca y tiene ideas propias.
“Que tengamos un problema y que no haya respuestas adecuadas no quiere decir que cualquier respuesta sea buena”, apuntó sobre el proyecto el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Tener una mayoría parlamentaria tampoco alcanza para tener la razón, agregaría yo. Alcanza para aprobar leyes y eso está muy bien. Ahora, a veces las demandas pueden parecer sencillas pero se refieren a problemas que no lo son. Y es deber del político recordarlo, aunque eso no aporte votos o lo haga impopular. Aunque suene contraintuitivo en una democracia basada en la competencia electoral, la autonomía de la política existe también para recordarle al ciudadano que no se tienen todas las respuestas a mano. Y que él, como político, va a hacer su mejor esfuerzo para intentar encontrar esa respuesta compleja que aún no está disponible, en vez de ofrecer placebos que pueden ser bien intencionados pero resultan fútiles. Esa sinceridad del político también debería venir incluida en su sueldo.
