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Es un ejemplo como pocos. El chileno Rodrigo Núñez Arancibia, de 42 años, obtuvo una maestría de la Universidad de Chile y un doctorado en Ciencias Sociales en México. Desarrolló una exitosa carrera en su país y en el exterior hasta que descubrieron que durante once años había plagiado a otros investigadores. Sus colegas y estudiantes le colgaron el mote de “plagiador serial”. Más que eso: pirata y saqueador reiterante.
Lo sorprendente es que admitió conocer las consecuencias: “Yo sabía que iba a chocar como un tren contra una pared, haciéndome pedazos. Y eso fue lo que pasó”, declaró al diario chileno “La Tercera” el 1º de agosto de 2005.
Traducido al lenguaje común, el plagio tiene dos vertientes: el robo de los derechos económicos de un autor y la apropiación indebida de la creación, del intelecto. Hay una tercera vinculada a la ética: no pedirle autorización al autor para usar su obra.
La perversa reforma que ahora se pretende con la ley de derechos de autor no es el único camino para esquilmar a los creadores. Hay acciones de similar gravedad a las que poca atención se les presta pese a que el plagio también tiene sanción penal.
No son muchos los autores que siguen el camino del periodista y escritor Diego Fischer para defender sus intereses y la creación en general.
Fischer demandó a Ariel “Pinocho” Sosa y a Marcelo Vilariño, director y libretista respectivamente de los parodistas Los Zíngaros. Les atribuye haber plagiado su obra “Al encuentro de las tres Marías”, basada en la vida de Juana de Ibarbourou, y reclama ser indemnizado.
La sentencia final demorará. Sosa y Vilariño no aceptaron una transacción. Consideran no haber hecho nada irregular y con la demora podrán dilatar la indemnización si fueran condenados. Ya se verá qué dice la Justicia.
Lo relevante es que Fischer haya decidido pelear en el terreno judicial, donde corresponde. Hay escasos antecedentes; tampoco abundan en el ámbito administrativo. La violación a los derechos de autor mediante el plagio es frecuente entre estudiantes, periodistas y académicos. Y como las demandas y las consecuencias escasean, ¡dale que va! Influye la sentimentalina: “¡Cómo lo vas a denunciar si es un compañero!”. Otros dicen que no hay que hacerlo si el plagiador es un trabajador, como si el autor no lo fuera.
En cambio, hay países en los que se toman medidas desde la cúpula. En 2013, la canciller alemana Angela Merkel destituyó a su ministra de Educación (¡nada menos!), Annette Schavan, porque le retiraron el título de doctora en Filosofía al comprobarse que había utilizado trabajos ajenos “de forma sistemática y premeditada”.
Fue un bis. En 2011 la canciller había aceptado (o exigido) la renuncia de su ministro de Defensa (antes de Economía), el ascendente político Karl-Theor von Guttenberg, a quien le retiraron el título de doctor en Derecho cuando le descubrieron plagios de artículos periodísticos para su tesis doctoral.
Hace unos años, en una decisión sin precedentes, la Universidad de la República expulsó a dos catedráticos de derecho: el Grado 5 Gustavo Ordoqui y el Grado 4 Enrique Arezo por haber copiado casi íntegro (“hasta la fe de erratas”) el Código Civil anotado por el extinto Eugenio Caffaro y Santiago Carnelli. Lo insólito es que los plagiadores son especialistas en esa materia. Luego reclamaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra las expulsiones, pero este las confirmó.
La Fundación de Cultura Universitaria (FCU), editora del Código Civil original, accionó en la Justicia que condenó a la editorial plagiaria: “La reproducción ilícita le permitió ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero”, dijo la sentencia y ordenó incautar la edición.
En 1998, el fotógrafo Mario Marotta fue indemnizado por la Dirección de Correos porque el organismo admitió haber utilizado en un sello postal, sin su autorización, una imagen de Alfredo Zitarrosa de la que Marotta es autor.
El plagio se ha visto favorecido y facilitado por el avance de las nuevas tecnologías y por la falta de voluntad de los plagiados; embisten pero luego se desentienden. Ha ocurrido en el terreno internacional con denuncias contra los escritores Alfredo Bryce Echenique, Camilo José Cela, Carlos Fuentes y Jorge Bucay.
Tiempo atrás, el abogado Eduardo de Freitas, asesor de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), me respondió una inquietud sobre por qué no se acciona: “Nadie puede traficar con la creación de otro, pero eso es algo que los uruguayos aún no tienen muy claro”.
En esa misma ocasión, el extinto Homero Alsina Thevenet opinó que “la vida intelectual de los uruguayos está prendida con alfileres; hay gente que quiere llegar antes y confía en la ignorancia ajena”.
Las cuestiones educativas, morales, éticas y de respeto por la creación suelen ocupar un segundo plano. A este paso y con ese proyecto de ley en curso, las consecuencias serán más dramáticas que hoy.
