Las personas que no importan

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2096 - 5 al 11 de Noviembre de 2020

La semana pasada se presentó el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, realizado a pedido de la Intendencia con el objetivo de desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos. Según el informe (llevado adelante por la Asociación Civil El Paso), quienes realizan el trabajo sexual son en su amplia mayoría mujeres, entre las que hay una proporción menor de mujeres trans.

Como se explica en el documento, esta actividad oscila “entre la autonomía y la explotación”, y es importante diferenciar las especificidades de cada realidad. Pero incluso entre aquellas mujeres que realizan el trabajo sexual de manera autónoma, una gran mayoría desearía vivir de otra cosa (el 92% de las mujeres que respondieron afirmó que quería cambiar de actividad).

Sin embargo, la posibilidad de cambiar de actividad económica y encontrar un trabajo que garantice condiciones para vivir no resulta fácil para una trabajadora sexual. Según la investigación, quienes ofrecen servicios sexuales suelen ser mujeres jóvenes, con cargas de trabajo “superiores a otras actividades o incluso full time”, en su mayoría con hijos e hijas menores de edad a su cargo, o responsables de personas mayores enfermas o con discapacidad (padres o madres), con una gran predominancia de niveles educativos mínimos (34% solo cuenta con Primaria y 43% apenas accedió al nivel básico obligatorio de Secundaria), y residentes en los barrios “más alejados del centro de la ciudad” (en la mayoría de los casos las mujeres residen fuera de los municipios de mayores niveles económicos, donde ofrecen su trabajo). Todo esto marca un perfil de personas en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que una de las recomendaciones de política pública que realiza el diagnóstico apunta a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, con acciones concretas como el desarrollo de líneas de reorientación laboral, la integración de trabajadoras sexuales en pasantías laborales o estrategias de formación específica, para todas aquellas que desean cambiar de actividad.

Además de los perfiles socioeconómicos, el diagnóstico aporta también información relevante sobre aspectos vinculados a la salud y sobre las violencias que sufren las trabajadoras en el ejercicio de su actividad. En cuanto a la salud, el enfoque desde el Estado está más centrado en el cuidado de los clientes que en las necesidades de las trabajadoras, lo que hace que en los controles médicos el énfasis esté puesto en las enfermedades de transmisión sexual. Las trabajadoras no son atendidas desde un punto de vista de salud integral en el que se reconozcan otros problemas derivados de sus condiciones laborales. Como ellas mismas explican, no las derivan al “dermatólogo” o al “psicólogo”, aunque su trabajo las expone a otros problemas de salud: 62% de las mujeres que respondieron los formularios reconocen un impacto emocional o psicológico; muchas sufren consecuencias relacionadas con la exposición constante al frío de la calle, en invierno y sin abrigo; otras son más vulnerables al alcoholismo por trabajar en whiskerías.

Pero los riesgos de salud de las trabajadoras se relacionan también con las conductas violentas por parte de los consumidores de sexo. “Existe un elevado número de propuestas de sexo desprotegido por parte de los clientes”, explica el diagnóstico. La resistencia a usar preservativo es algo a lo que se deben enfrentar a menudo quienes ofrecen servicios sexuales, y muchas veces existe presión de los propios dueños de los prostíbulos. Esto provoca no solamente contagios que ponen en peligro la vida de las trabajadoras, sino también embarazos no deseados.

Quienes ejercen el trabajo sexual están expuestas a todo tipo de violencia por parte de los consumidores: violencia física y sexual (golpes, abuso, violaciones), violencia psicológica (insultos, maltrato) y violencia económica (regateos constantes, no pago de lo acordado por un servicio). De los relatos de algunas mujeres sobre los actos que se niegan a realizar, se desprende la enorme violencia ejercida por algunos: desde solicitudes de actos de zoofilia hasta hombres que buscan la excitación a través de juegos de roles asociados con el abuso de niñas.

Las asimetrías de poder entre trabajadora sexual y cliente son enormes. Lo que me queda dando vueltas en la cabeza después de leer el diagnóstico, es la capacidad inagotable de las sociedades de seguir generando hombres que encuentran placer en violentar de tal modo a las mujeres. Esa necesidad constante de demostrar poder a partir de la inferiorización de otra persona, a la que pueden hacerle cualquier cosa porque la están “comprando”. Me quedo pensando en cuándo llegará el día en que a los hombres como colectivo los interpelen de verdad estos temas. El diagnóstico es un primer paso para comprender mejor la dimensión del problema y actuar a partir de allí, es un primer paso para que las trabajadoras sexuales empiecen a ser tratadas como personas con derechos y dejen de ser “simples parias que cohabitamos los espacios nocturnos de la gente de bien”, como expresa Karina Núñez (fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales), en el prólogo del libro.