N° 2023 - 06 al 12 de Junio de 2019
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáYa hemos visto de qué se trata la llamada Revolución 4.0: la robótica, el big data y la optimización de procesos abaratará los productos, pero también terminará con millones de puestos de trabajos rutinarios. Todos estos cambios demandan drásticos cambios en la legislación, que ayuden a mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. He aquí algunas ideas.
Drásticos cambios en la legislación laboral y sindical. Es muy lindo para un trabajador dependiente cobrar su sueldo siempre en fecha, recibir aguinaldo, salario vacacional, horas extras, días de estudio y un sinnúmero de beneficios más que otorga la legislación laboral. El problema es que las empresas ya no pueden cargar con tanto costo si quieren ser competitivas.Las tan mentadas “conquistas sociales” o los “derechos adquiridos” se están transformando más en un lastre que en una vela para los empleados dependientes.
Quien debe decidir si un empleo es bueno o malo no es el sindicato, ni el legislador o el juez, es el propio trabajador. Nadie mejor que uno mismo para saber cómo paliar la necesidad de tener un ingreso, y, en especial, de tener una actividad que nos haga sentir útiles.
Esta norma del año 1943 parte de un principio equivocado: que el Estado puede fijar los precios en una economía, y lo hace mejor que los acuerdos libres entre oferentes y demandantes.
La Ley 10.449 define en su artículo 1º al salario mínimo como “aquel que se considera necesario, en relación con las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales”. Y los Consejos de Salarios son lo encargados de fijar esos precios mínimos.
Estos dos institutos fueron un fracaso rotundo: no logran estimular a los empresarios a crear más empleos (y así disminuir la desocupación), ni mejorar el poder adquisitivo de los asalariados. La desocupación ronda el 10% (sin tener en cuenta los miles de empleados públicos innecesarios contratados en los últimos años, los contratos con ONG “compañeras” y los amparados por el Mides), que llevarían la desocupación “real” a cerca del 18%.
Tampoco los salarios mínimos sirven para dar ese “nivel de vida suficiente” que dice la ley. Hoy la canasta familiar ronda los $ 83.000 por mes, mientras que la inmensa mayoría de los asalariados gana menos de $ 30.000 y el salario mínimo está fijado en $ 15.000.
Es que la fijación de precios de bienes o servicios ha sido un fracaso desde hace milenios y Uruguay ya probó de esta triste medicina con el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios de 1947 y luego con la Coprin (1968), que pretendían controlar la inflación congelando precios y salarios.
Como la Revolución 4.0 va a destruir tareas rutinarias y aburridas, también va a destruir la burocracia estatal, llena de tareas rutinarias y aburridas. Ya no vamos a precisar tanta gente ni tantos costos para registrar títulos de propiedad, liquidar impuestos o hacer trámites de cualquier tipo. La educación será cada vez más online y tampoco necesitaremos de empresas públicas como Ancap, Antel o UTE. Por lo tanto, menos Estado y menos impuestos. Y pensar en que tal vez, sí tengamos que ponerles impuestos a los robots.
Crear una empresa debe ser una gestión online que se concrete en minutos y por unos pocos dólares. Cada vez habrá menos fábricas, menos empresas con cientos o miles de empleados y habrá cada vez más trabajadores cuentapropistas, freelance o trabajando en empresas familiares pequeñas. Se acabó el concepto de “proletario”.
La Revolución 4.0 demandará mucha creatividad, mucha flexibilidad y aprender a vivir con más incertidumbre. Pero las mentes estatistas odian y les temen a estos conceptos.
Además, tengan en cuenta la dificultad de hacer estas reformas, cuando el 70% de las personas son empleados dependientes que gozan del actual statu quo. Y también votan.
Pero si Nueva Zelanda logró hacer una gran reforma de su Estado, no debemos cejar en nuestro intento. Maurice P. McTigue, exdiputado, exministro de Trabajo y de Finanzas en la isla, comenta de las reformas realizadas: “Cuando comenzamos este proceso, el Departamento de Transporte tenía 5.600 empleados y cuando terminamos, tenía 53. Cuando empezamos con el servicio forestal, había 17.000 empleados y cuando terminamos, lo dejamos con 17”.
Gracias a estos cambios, Nueva Zelanda es uno de los mejores países del mundo para vivir. Si no los hubiera hecho, sería uno más del montón. O peor aún: una Argentina, una Venezuela o una Cuba.